* Competencia desleal de compañías irregulares ha ocasionado tragedias como las de Ciudad Juárez o Querétaro
* Existen elementos explotados laboralmente y sin capacitación. Sector aporta el 1.8% del PIB del país y auxilia a la seguridad pública
La tragedia de la estancia provisional de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes durante un incendio, no sólo puso en evidencia la deficiencia e inoperatividad del Instituto Nacional de Migración (INM), sino la contratación fraudulenta de una compañía de seguridad privada que no cumplía con los estándares necesarios que regula el marco legal.
Así como esa compañía existen muchas otras irregulares que trabajan con miles de guardias privados que no están registrados y son explotados.
Entre muchos de esos elementos se encuentra Rubén Fierros Encinos, quien no tuvo una buena infancia, y junto con su hermano Javier, incurrió en conductas antisociales que lo llevaron a prisión en dos ocasiones y a caer en el mundo de las drogas. A edad madura, el hombre escaló a la comisión de delitos graves; sin embargo, aunque tarde, enmendó el camino, se deshabituó del consumo de estupefacientes y hoy, a sus 60 años de edad, es guardia de seguridad privada en Tijuana.
Antes, abrazó esta actividad laboral, la única que le ha dado estabilidad en su vida, en su ciudad natal Guadalajara, donde custodió al acceso de empresas y escuelas privadas, un club bancario y una empresa de autotransportes, cuyas condiciones precarias en materia salarial y de prestaciones le motivaron a buscar nuevos horizontes en esta frontera.
“Hace años dejé todo eso malo que hice y la seguridad privada me abrió las puertas que en todas partes me cerraron por décadas. Es un trabajo duro, pero honrado”, afirma don Rubén.
En Guadalajara, Fierros trabajó en cuatro compañías. En promedio ganaba entre 3 mil 800 y 4 mil pesos por quincena, en algunas de ellas sin prestaciones de Ley. “Muchas de las veces me engañaron. Te dicen que desde el primer día que ingresas ya tienes seguro social y cotizas en Infonavit, pero es falso. Una ocasión trabajé cuatro días seguidos porque no había relevo, pero nunca me preguntaron si traía dinero para comer. Lo que importaba era tener cubierto el servicio. En una empresa estuve tres años y, cuando me despidieron, me trajeron vuelta y vuelta por el finiquito, y al final no me dieron nada. Luego, en otro grupo ya tenía diez meses trabajando y supuestamente estaba asegurado. Me internaron de emergencia en el seguro social por una apendicitis y resulta que no estaba dado de alta, por lo que se tuvieron que mover y registrarme antes de que los sancionaran”, relató.
Debido a que lo despidieron y tampoco le liquidaron conforme a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo en otra compañía donde permaneció un año, Fierros Encinos vino a probar suerte a Tijuana y desde hace ocho meses ha rolado servicios en diversas empresas. “Ahora estoy en una empresa de seguridad que me paga 3 mil 650 pesos semanales; o sea, 14 mil 600 pesos mensuales, y tengo todos los beneficios. Trabajo cuatro días de noche y dos jornadas de día. Descanso un día completo. Ni comparación”, destacó el entrevistado.
Rubén forma parte del casi millón de personas que en México trabaja en el sector de la seguridad privada, una fuerza mayor a las de todas las corporaciones policiales del país juntas y apoyo relevante para resguardar el patrimonio y orden social en auxilio de la seguridad pública, pero que también es un lucrativo y millonario negocio en el que la inmensa mayoría de las compañías operan en la ilegalidad, sin registro ante Secretaría de Seguridad Pública federal o similares de las diversas entidades federativas.
APORTE Y NEGOCIO
De acuerdo con datos aproximados, en México operan entre 900 mil y un millón de elementos de seguridad privada en unas 8 mil empresas que ofrecen sus servicios, tanto en guardias para cuidar interiores y exteriores de edificios públicos y privados, residencias, escoltas de protección ejecutiva, rastreo satelital, acompañamiento en transporte de mercancías, traslado de valores, ciberseguridad y blindaje automotriz. El mismo gobierno, en sus diferentes niveles y entidades, contrata esos servicios para no distraer a sus elementos de Seguridad Pública.
La inexactitud en las cifras es debido a que sólo una de cada cinco o seis grupos están registrados oficialmente ante las autoridades correspondientes en los ámbitos federal y estatales, señala David Izquierdo, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes (UNESPA), quien advierte una competencia desleal a través de empresas pirata que prestan servicios de seguridad y no cumplen con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), por lo que no reportan ingresos, no tributan, tienen empleos precarios y ofrecen servicios más baratos.
Por su parte, Armando Zúñiga Salinas, presidente de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), estima que sólo mil 200 de las aproximadamente 8 mil empresas existentes están registradas, pero todas en su conjunto tienen un valor en el mercado de 485 mil millones de pesos, equivalente al 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Cifras ventiladas por el empresario de la seguridad corporativa en El Financiero señalan que, a septiembre de 2022, los trabajadores registrados de empresas de protección y custodia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sumaban 430 mil 668.
Los grandes impulsores de la seguridad privada están seguros de que es enorme la aportación que se hace a los sectores productivos y económicos de la nación, así como al mismo gobierno para apoyar tareas de protección y otras que originalmente se reclamaban de la seguridad pública, y que debido a la violencia e inseguridad, el sector oficial se ve rebasado en número de elementos y equipos para dar respuesta a la prevención de fenómenos delictivos.
Desde luego se está a la espera de que las autoridades terminen con la anarquía e ilegalidad de las compañías de seguridad patito, mientras que las empresas registradas se encuentran sobre reguladas, bajo constante supervisión y reclamos de cumplir al pie de la letra con los aspectos legales. También existe la expectativa de que este año por fin se apruebe la Ley General de Seguridad Privada, cuyo proceso legislativo se encuentra retrasado, pues en mayo de 2021 el Congreso de la Unión aprobó y publicó la reforma constitucional en la materia, estableciendo la obligación de crear la referida Ley en un plazo máximo de seis meses, lo cual no ha acontecido.
El gobierno en sus diferentes versiones, son algunos de los principales clientes de la seguridad privada, basta el ejemplo de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas sedes delegacionales en estados o inmuebles asegurados ministerialmente, en varios de los casos son resguardadas por tales servicios. Igual ocurre con instalaciones estatales o municipales en el país. Algunos grupos de seguridad cobran desde 20 mil hasta más de 30 mil pesos por cada guardia, mientras que a los elementos les pagan de 8 mil a 15 mil pesos mensuales.
Antes de que la Secretaría de Marina se hiciera cargo de la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en los principales sectores, como plataforma y aduanas, la Agencia Nacional de Aduanas de México dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrataba los servicios de la empresa Ingeniería Operativa y Provetecnia, con contratos como el de 2017, por 237 millones de pesos por identificar sustancias, metales y minerales. O el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que actualmente tiene contrato de 88 millones de pesos con Grupo de Seguridad Privada Pryse de México para cuidar sus instalaciones centrales y las del Tren Maya.
SUCESOS TRÁGICOS
Las irregularidades en que incurren algunas de las empresas de seguridad privada legales o ilegales terminan en tragedia, como ocurrió la noche del lunes 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tras un incendio, ni oficiales del INM, ni los elementos privados que resguardaban las instalaciones, auxiliaron a 68 migrantes de sexo masculino que fueron alcanzados por las llamas de colchonetas encendidas o intoxicados por el humo.
Después del terrible suceso que ha dejado 40 migrantes muertos y 28 heridos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció el 30 de marzo que se abrió un proceso sancionador y se multaría a la compañía CAMSA, SA de CV, que operaba en la estancia provisional migratoria. La funcionaria federal señaló que tras la revisión del expediente se estableció que el 19 de febrero del año en curso, se renovó el permiso de la referida empresa.
La firma en cuestión solicitó su registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional.
“Ya se tiene identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes”, dijo Rodríguez Velázquez.
La propia dependencia federal no se había dado cuenta de las anomalías del grupo autorizado, pues la funcionaria indicó que hasta después “de la revisión del expediente, (que) derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con diez uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos, en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”.
La compañía de seguridad corporativa no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales rendidos no reportó altas o bajas del personal, por lo que además de la investigación penal, se inició proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso y se le impondrá una sanción pecuniaria.
El INM rescindió el contrato con CAMSA (comercialmente conocida como Grupo Tank) y 48 elementos del Servicio de Protección Federal asumieron las labores de seguridad en las estaciones migratorias. El jugoso contrato por resguardar instalaciones del INM en 23 entidades fue por 165 millones de pesos.
Tampoco se puede olvidar el evento que terminó con cientos de herido, y que para la percepción ciudadana habría tenido personas muertas, aunque no las hubo oficialmente, el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora de Querétaro, durante un partido de futbol de la Liga MX entre Gallos Blancos y Atlas, cuando la barra del conjunto local agredió salvajemente a los aficionados atlistas que viajaron desde Guadalajara.
Los barristas habían ingresado objetos prohibidos con total impunidad, incluso los elementos de seguridad privada abrieron zonas del estadio para permitir el paso a los agresores.
Después se conoció que la empresa encargada del operativo, identificada con el nombre de Grupo de Seguridad Élite K9 (G.S.E.K9), era la responsable de la operación del estadio queretano, contratada para proporcionar los servicios con una determinada cantidad de elementos. Sin embargo, el grupo no contaba con tal número de empleados y solventaba cada compromiso contratando personas sin experiencia a cambio de una remuneración de 300 pesos al finalizar los partidos. Para el encuentro contra Atlas contrataron a por lo menos 200 personas.
Presuntamente el permiso otorgado por autoridades de seguridad de esa entidad a Susana Pantoja Luna fue revocado, pues además del contrato con Gallos Blancos, brindaba seguridad privada a otras cinco empresas. Los elementos contratados por evento no estaban registrados ante la Secretaría de Seguridad Pública ni cumplían con los requisitos de entrega de cartas de no antecedentes penales; tampoco la aprobación de controles antidopaje.
