A pesar que la Ley electoral prohíbe promocionarse como candidatos a un cargo de elección popular cuando tal proceso no ha iniciado, lo cual se considera un acto anticipado de campaña, los de Morena -particular, pero no exclusivamente- siguen en la llana e impune autopromoción para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024. Ya sea que presentan libros, ofrecen videoconferencias, viajan por todos estados del país o mandan colocar pintas con su nombre, frase e imagen, las corcholatas presidenciales andan desatadas. Por estos días, una encuesta telefónica a favor de Claudia Sheinbaum ciertamente no solicitando el voto, pero sí posicionándola, se realiza. En Baja California, la llamada telefónica entra desde un número local (646-414-0737) y se trata de una encuesta de sólo tres preguntas: ¿Conoce a Claudia Sheinbaum? ¿Está de acuerdo en que Claudia Sheinbaum sea la primera mujer Presidente de México? ¿Sabía que Claudia Sheinbaum y el Presidente Andrés Manuel López Obrador fundaron Morena? Las opciones de respuesta es el número 1 para Sí, número 2 para No. Ahora sí que, desatados, a ver si la transparencia puede develar quién paga la encuesta que está posicionando en el país a la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México.
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Burla
El albergue Ágape, ubicado en las inmediaciones de la colonia Nueva Aurora en Tijuana, fue creado por el pastor Albert Rivera en 2018, luego que arribaran a esta frontera miles de haitianos. Desde entonces brinda alojamiento a 540 migrantes – entre ellos 150 niños- que están de paso en la ciudad con la intención de cruzar a Estados Unidos, o bien, huyen de sus lugares de origen por ser víctimas de la violencia. El 75% de los migrantes que asila son mexicanos, pero también hay personas de Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Al día se les brinda una comida completa, pero en el lugar hay alrededor de 25 estufas para que los acogidos preparen sus alimentos. El albergue no recibe donativos gubernamentales. Subsiste del sostén que el Pastor Rivera consigue de iglesias estadounidenses y uno que otro inmigrante apoya a la comunidad con las remesas que les envían sus familiares, pero son relativamente pocos. Por algunos meses, la CESPT le condonó el pago del servicio de agua, pero actualmente adeudan 120 mil pesos producto de multas y varios meses de retraso. El servicio de energía con mucho esfuerzo lo pagan. Ni el gobierno municipal ni estatal los apoyan, escasas son las veces que ha habido acuerdos de colaboración entre Ágape y la administración de Marina del Pilar Ávila, pues el albergue tiene un camión de tres toneladas que presta al gobierno a cambio de víveres o “recomendación” con instituciones que apoyan a los albergues. Pero desde 2021 eso ya no ocurre. Albert Rivera ha sido crítico de los gobiernos, encabezando manifestaciones para exigir justicia para inmigrantes o apoyando marchas de familias que buscan a sus desaparecidos. Total que, el martes 11 de abril, finalmente, personal del Gobierno del Estado se apersonó en el albergue para realizar un donativo de… ¡37 despensas! Sí, 37 para una población migrante ahí atendida de más de 500. Obvio, los empleados de gobierno querían foto para promocionar su “apoyo”, que bueno, como dijo el pastor, “se agradece la intención”, pero eso les causa problemas entre los más de 500 migrantes, pues a cuáles 37 se debe beneficiar con las despensas. Ojalá la gobernadora o el secretario de Bienestar (¿existe aún la dependencia?) se pongan las pilas con los albergues que reciben a los migrantes y las políticas públicas que el gobierno de Morena atrae a esta frontera. Por si de verdad quieren apoyar, también necesitan cobijas, cubre bocas y gel antibacterial, entre otros.
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Insensibles
Como si eso fuera posible, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha llevado la palabra “crueldad” a otro nivel. En noviembre 2022, concretamente la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, emprendió una práctica que podría ser considerada detestable y, sobre todo, insensible. Resulta que, mediante una notificación, la familia de la activista Irma Leyva fue informada de que los restos de su hijo, Diego Alonso Hernández Leyva, se encontraban bajo resguardo de la FGE y debía acudir a recogerlos a las 10:00 horas del 22 de noviembre de 2022, cuando la señora Leyva ha solicitado, para proceder, un documento que respalde el reconocimiento de los restos óseos encontrados en 2020 y un segundo estudio independiente por una organización o institución internacional, a fin de garantizar la certeza de que los restos pertenecieron a su hijo. Lo lamentable del caso es que la unidad encargada de la investigación, advirtió a la señora Irma que, de no acudir a recoger los restos de su hijo, sería multada con 20 salarios mínimos “y se utilizará el auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por 36 horas”. Así, de plano. La cuestión es que han tardado más de 15 años en darle información sobre el paradero de su hijo Diego, pero cuando se localizan restos (no se sabe a ciencia cierta si corresponden a él) son capaces de arrestarle por no recogerlos en sus tiempos. Ahora sí que el fiscal, Ricardo Iván Carpio, debería exigir a sus funcionarios un poco más de empatía hacia las víctimas. A doña Irma no la detuvieron porque, cuando la informaron, les dio tremendo regaño, con lo que desistieron.
