Entre los históricos actos de corrupción perpetrados por alcaldes, gobernadores y funcionarios que se beneficiaron del sistema de pensiones y la endeble Ley que lo regula, el sistema de pensiones se cae a pedazos, puesto que hoy en día se cubren mega pensiones y jubilaciones que llegan a 160 mil pesos mensuales.
Mientras el secretario de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mexía, hace malabares para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones mediante la adquisición de deuda, cobros cuestionables (que algunos sugieren ilegalidad) a los ayuntamientos y movimientos financieros que finalmente serán pagados por los ciudadanos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no desea entrar en un conflicto con el magisterio y la burocracia de Baja California, pues la única solución -según representantes empresariales y especialistas- es la reforma al sistema de pensiones, lo que provocaría una confrontación directa con dos grupos que respaldan al partido en el poder.
Según Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y los Municipios de Baja California (Issstecali) tiene el compromiso de pagar pensiones y jubilaciones de 15 mil 643 personas, de las cuales 128 perciben más de 100 mil pesos mensuales (todos docentes) y tres de ellos superan los 150 mil. Resulta curioso porque, en 2017, la lista de “más de 100 mil” sólo era ocupada por 17 trabajadores.
No conforme con ello, causa de los bonos de fin de año, hay 17 docentes que en diciembre llegan a percibir hasta 500 mil pesos, y una inspectora de nombre Juana Guerrero Cruz, puede cerrar el año hasta con 605 mil 709 pesos, convirtiéndose en la percepción más alta de todo el sector público de BC.
Para René Jattar Colio, especialista y ex subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales de Issstecali, el problema no es tanto de corrupción -aunque reconoce que ha existido-, sino de un desastroso diseño y proyección en el manejo de las pensiones y jubilaciones del Estado, a lo que se le une el inesperado incremento del salario mínimo, toda vez que los esquemas de medición se basan en este concepto y no en las Unidades de Medida y Actualización (UMA).
A su juicio, si todos los entes públicos que le deben a Issstecali tuvieran liquidez y cubrieran sus deudas de golpe, el recurso sólo cubriría un año de compromisos, por lo que cualquier esquema de cobro únicamente serviría para “patear el bote”.
EL ESTADO FINANCIERO DE ISSSTECALI
Con el simple hecho de observar la información que proporcionó el Instituto en torno a sus estados financieros en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en septiembre de 2022 se percibe que la situación financiera es insostenible y no hay forma que se dé una recuperación si se continúa con el mismo esquema.
Según la información pública, al 30 de septiembre, Issstecali tenía una deuda a corto plazo de 2 mil 585 millones 004 mil 781 pesos, originada por el impago a proveedores y otro tipo de compromisos que deben cubrirse de forma urgente.
Además, hay otra necesidad de pago por 16 millones 785 mil 565 pesos como deuda a largo plazo, dando un total de 2 mil 601 millones 790 mil 345 pesos.
En ese momento, Issstecali contaba con dinero en sus cuentas para erogar 326 millones 321 mil 069 pesos, más una percepción por cobrar de 664 millones 468 mil 263 pesos, derivada del ofrecimiento de derechos o servicios brindados por la institución, lo que da un total de 990 millones 789 mil 332 pesos.
Esto quiere decir que el Instituto no cuenta con dinero ni para cubrir la mitad del compromiso adquirido, derivado de los pasivos que su funcionamiento habitual requiere.
Hasta ese momento (septiembre), los ingresos por cuotas y aportaciones; productos, venta de bienes e inmuebles; prestación de servicios y subsidios del Estado, Issstecali tenía un monto de 8 mil 745 millones 581 mil 074 pesos.
El recurso se distribuyó en Coordinación de Asesoría y Servicios Legales,19 millones 571 mil 166 pesos; Dirección de Finanzas y Contabilidad: 422 millones 029 mil 644 pesos; Departamento de Mantenimiento y Nuevos Proyectos, 19 millones 932 mil 676 pesos; Dirección de Prestaciones, 204 millones 816 mil 828 pesos; y un total de 5 mil 739 millones 203 mil 345 pesos de pensiones.
Sin embargo, un estudio actuarial proporcionado por el especialista René Jattar Colio, indica que las necesidades de Issstecali fueron de 14 mil 202 millones de pesos en 2022, entre jubilaciones y pensiones del magisterio, la burocracia y servicios médicos, donde ya se incluyen todos los gastos de fin de año, aguinaldos y las últimas erogaciones administrativas.
En 2021, cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda solicitó permiso al Congreso de Baja California para crear un convenio de reconocimiento de deuda con Issstecali y permitirle buscar un esquema con una institución financiera privada para “vender” su deuda y que el Estado cubriera la totalidad del monto, el gasto del Instituto representaba 5 mil 476 millones 708 mil 315 pesos para cubrir la pensión magisterial, más 3 mil 773 millones 603 mil 533 pesos del retiro magisterial y 4 mil 069 millones 127 mil 670 pesos de servicios médicos prestados, dando un total de 12 mil 807 millones 120 mil 230 pesos, cuando los ingresos de los tres rubros generaban 10 mil 689 millones 704 mil 580 pesos, dando un déficit de 2 mil 583 millones de pesos.
En ese entonces, el esquema permitió a Issstecali adquirir liquidez de la banca privada por poco menos de 2 mil 500 millones de pesos, para así cubrir el problema generado en 2021.
De compararse el monto oficial con el estudio actuarial obtenido de los estados financieros, se puede establecer que sólo en un año incrementó 2 mil millones de pesos el costo del sistema de pensiones y servicios en Issstecali, no así las aportaciones.
Según el especialista, las aportaciones e ingresos del Instituto por parte de burócratas y maestros para 2022 sólo cubrieron la mitad de las necesidades de pensiones y jubilaciones, lo que quiere decir que cada aportación de un trabajador sirve para mantener a dos personas, pero no deja ninguna aportación para la pensión de aquella que está cotizando.
Durante el último año de Francisco Vega de Lamadrid, Issstecali requería 9 mil 522 millones de pesos anuales para todas sus necesidades, pero durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, el egreso incrementó de forma sustancial, y para 2022, se tenían compromisos por 14 mil millones.
Esto se debe a diversos factores, entre los que destaca el número de empleados que ingresó, los aumentos salariales, el costo de los insumos y el aumento al salario mínimo, porque -según Jattar Colio- las mediciones plasmadas en la Ley de Issstecali están tasadas mediante esta medida y no por las UMA.
Al respecto, Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda, comentó que el problema de Issstecali era estructural, puesto que hoy en día existen trabajadores en retiro que ya vivieron más tiempo de lo que trabajaron, y, por ende, de lo que cotizaron.
“La expectativa de vida, los trabajadores de México y el mundo viven mucho más tiempo de cuando fueron creados en diseño los sistemas de pensiones, cuando se crea la Ley de Issstecali, la expectativa de vida era de 55 y 60 años, y ahora la población vive 85 y 90 años, y para efectos financieros es mucho tiempo; hay trabajadores que viven más pensionados que trabajando”, refirió el funcionario, a la par de asegurar que esta situación genera un desequilibrio en las finanzas que hasta el momento ha sido cubierto por Gobierno del Estado.
Tanto Jattar Colio como Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideran que se abusó de ciertos beneficios mutualistas, como el hecho de afiliar a varios integrantes de una familia para recibir atención en materia de salud, pues “no es lo mismo hacer tus aportaciones cuando eres una persona, a cuando tienes a cinco o seis integrantes de tu familia recibiendo beneficios”.
Sandoval López expuso que hay gran número de casos de personas que reciben más del tiempo que cotizan, debido a esquemas de corrupción o burla a mecanismos legales, como jubilar o pensionar a personas con sueldos que no percibieron, salvo los últimos años de su vida, por lo que es necesario individualizar los sistemas de pensiones para que se devuelva el dinero cotizado durante 30 años de servicio.
LAS DEUDAS A ISSSTECALI
Según la documentación proporcionada por el Poder Ejecutivo al Congreso de Baja California en 2021, antes de iniciar 2022, los adeudos más importantes se encontraban distribuidos de la siguiente forma:
El Ayuntamiento de Ensenada debía 2 mil 787 millones 752 mil 755.2 pesos; el de Mexicali, mil 761 millones 417 mil 054 pesos; Tecate, mil 228 millones 384 mil 330.77 pesos; Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), 756 millones 896.96 pesos; e Instituto de la Vivienda (Indivi) -entonces dirigido por el diputado Marco Antonio Blásquez- adeuda 191 millones 611 mil 498.37 pesos. Sin embargo, todas las dependencias tenían algún adeudo que llegaba a 7 mil millones de pesos.
El Ayuntamiento de Mexicali cubrió parte de la deuda mediante una condonación de intereses que se otorgó al cubrir 400 millones de pesos, a cambio, Issstecali le perdonó 800 millones más; aun así, el gobierno municipal debe dinero.
Sin embargo, no todas las instituciones ni gobiernos han cubierto sus pagos o llegado a convenios.
Para René Jattar Colio, si todas las instituciones pagaran de forma inmediata, sólo podrían cubrir un año del déficit que se generará en 2023, por lo que no representa una solución integral para este problema.
Por su parte, Moreno Mexía comentó que, como una medida alternativa, el Estado revisaba las cuentas específicas de todo Issstecali para reconocer posibles ahorros que pudieran reflejar beneficios para la institución.
Uno de los puntos más importantes -según el estudio de Observatorio Ciudadano de Baja California-, es un apartado denominado Ayudas Sociales que representa aproximadamente 600 millones de pesos.
En los cuestionamientos del estudio refiere que por más que han solicitado una información sobre este gasto, el Instituto nunca ha proporcionado datos al respecto.
Jattar Colio indicó que esa aportación se utiliza para cubrir el timbrado de nómina y las retenciones que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan por concepto del trabajo, y ejemplificó que, por cada 10 mil pesos, a los trabajadores se les devuelven 2 mil mediante ese apartado.
CUESTIONAN LEGALIDAD DE RETENCIONES A MUNICIPIOS
El especialista René Jattar Colio refirió que las retenciones del Gobierno del Estado a los municipios podrían ser ilegales en caso de que se trate de participaciones federales, ya que estas son “inembargables”.
El Artículo 22 de la Ley de Issstecali establece:
“Constituyen garantía para la obligación de pago de dichas cuotas y aportaciones, retenciones, actualizaciones o recargos, las participaciones por ingresos estatales a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, subsidios, derechos, contribuciones y cualesquiera otros recursos líquidos que deban recibir o recaudar el Estado, Municipios y los organismos públicos incorporados, los que estarán preferentemente destinados al pago de los créditos fiscales”.
Esto quiere decir que el Estado sólo tiene capacidad de retener el dinero de participaciones estatales recabadas por impuestos meramente locales.
En tanto, el Artículo 9 del Código Fiscal Federal indica:
“Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana”.
El Artículo 4-A establece que pueden retenerse bajo ciertos esquemas siempre y cuando no representen el 25% de la totalidad de lo que corresponde al Municipio.
El secretario de Hacienda estatal dio a conocer que en el caso del gobierno de Mexicali, se pretenden recuperar 200 millones de pesos durante el año, pero la retención se hará de manera mensual.
Moreno Mexía dijo que se utilizó un convenio de reconocimiento de pago para cubrir con dichos adeudos mediante este esquema de cobro, y agregó que el Artículo 125 de la Ley de Issstecali obliga a los ayuntamientos a cubrir déficits generados por las aportaciones municipales. Es decir, cuando el recurso municipal no alcanza para cubrir las necesidades, están obligados a aportar más dinero.
Según una ficha técnica en poder de ZETA, proveniente del Poder Ejecutivo, año con año ha incrementado el déficit de aportaciones entre los compromisos que adquieren y lo que retienen de sus trabajadores.
A partir de 2018, los ayuntamientos comenzaron a tener problemas con ello, pues en el caso de Mexicali -por ejemplo- su déficit superó los 90 millones de pesos derivado de sus agremiados burócratas jubilados. En 2022, incrementó hasta 250 millones de pesos.
En Ensenada se tiene un déficit de 42 millones de pesos, en Tijuana un monto de la burocracia de 290 millones de pesos y 51 millones de pesos correspondientes al magisterio.
“ESTADO SÓLO QUIERE PATEAR EL BOTE”: COPARMEX
Para Octavio Sandoval López, el actual gobierno sólo quiere patear el bote y no resolver el problema de fondo de Issstecali.
Si bien es importante que no se avale la corrupción debido a las deudas generadas por los gobiernos municipales, la realidad es que cobrar el adeudo histórico representaría una aspirina para intentar cuidar un cáncer.
El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali, agregó que hubo otros esquemas de corrupción que beneficiaron a políticos y familiares, pero el verdadero problema de Issstecali es la carga del sistema de pensiones.
A su juicio, la situación no debe ser compleja porque es muy evidente que ya no es sostenible y la reforma debió hacerse hace al menos 10 años, pero por temas de carácter político, no fue así.
Asimismo, consideró que si bien los derechos ganados de las personas jubiladas no deben ser tocados, es necesario implementar un mecanismo para que los nuevos jubilados no tengan este tipo de desequilibrios.
El Estado debe encontrar la forma de negociar con los sindicatos para que entiendan que si se crean nuevos esquemas de pensiones que aligeren la carga del Estado, serán acreedores a mejores beneficios económicos, como la construcción de clínicas o contratación de personal especializado, y no abultando la nómina administrativa.
Por último, Sandoval expresó que no es justo que los gobiernos municipales y los ciudadanos tengan que pagar y cubrir las omisiones legislativas de hace 30, 40 o 50 años, puesto que las retenciones que se están haciendo, se verán reflejadas en menos obra pública, menos servicios básicos, compra de patrullas, entre otras cuestiones.
