Al sentarse algunos minutos por las tardes en el parque de mayor afluencia en Tecate, se observa a menores de edad que rondan entre los 5 y 10 años, ofreciendo en venta dulces, chicles o algún caramelo a quienes visitan el Pueblo Mágico; otros, optan por solicitar directamente una moneda, o lo que sea para su manutención.
Particularmente en el parque ubicado en el corazón de Tecate, el Miguel Hidalgo, ZETA observó durante varias semanas la presencia de menores acompañados de adultos, quienes desde lejos los observan mientras “trabajan”. Esto sucede a la vista de servidores públicos del gobierno municipal y elementos de Seguridad Pública que todos los días transitan el lugar entrando y saliendo de Palacio Municipal, ubicado en una de las esquinas del parque.
En una conversación sostenida con una de las menores que constantemente transita el lugar vendiendo distintos productos que compra en dulcerías contiguas al primer cuadro de la ciudad, confesó: “A veces vendo 200 pesos, otras hasta 500, porque no nada más aquí ando, también vendo en el semáforo o (lo hacen) mis hermanos”.
Días después de aquella plática, en el semáforo referido, sobre Bulevar Defensores y Calle Profesor José Gutiérrez Durán en la colonia Downey, dos adultos acompañados de dos menores se reúnen durante las mañanas. Uno de los adultos, cuando el semáforo se posiciona en rojo, toma de la mano a uno de los niños y recorre los autos vendiendo dulces, mientras la mujer los observa recargada en una carriola desde la esquina.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como todo aquel que priva a niñas, niños y adolescentes de su potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, e impide el disfrute pleno de sus derechos humanos, en especial obstaculiza su asistencia o permanencia en la escuela y reduce su rendimiento en ella.
En 2014 se reformó el Artículo 123, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a 15 años la edad mínima para trabajar (anteriormente 14). No obstante, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), 4 de cada 100 menores en Baja California trabajan.
Mientras que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dan cuenta que del total de menores ocupados, 27.2% son niñas y 72.8% varones. Asimismo, el 77.3% de los adolescentes de 15 a 17 años en calidad de “ocupados”, son asalariados.
En lo general, se estima que en Baja California residen 861 mil niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, de los cuales 48.8% son mujeres y 51.2% son hombres. La encuesta estimó que en el país, 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil, lo cual representa una tasa de 11.5% de la población de 5 a 17 años.
En el caso de Tecate, al menos 23 menores entre 4 y 12 años fueron observados laborando, algunos de ellos vendiendo dulces, realizando acrobacias, vestidos de algún personaje reconocido o siendo utilizados de manera intermitente en brazos por adultos que solicitan “ayudas” a quienes realizan fila para cruzar la frontera por la garita ubicada entre Tecate y Estados Unidos.
Expertos en la materia señalan que este fenómeno se recrudeció en los últimos diez años ante el incremento de los precios de la canasta básica, que mermó la capacidad de adquisición de los padres de familia y optaron por buscar opciones mediante las cuales los menores adquirieran un ingreso “extra” para el hogar.
Otro de los aspectos fundamentales, es el incremento en el consumo de sustancias ilícitas dentro del seno familiar. En el período de pandemia, el consumo de drogas duras en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años aumentó un 15% en México; por otro lado, el consumo de marihuana subió un 17%, y el de alcohol, 14%; mientras que menores de entre 8 y 12 años de edad que actualmente no estudian y cuentan con un hogar disfuncional, han aumentado más el consumo de drogas hasta en un 13%, estadística encabezada por la marihuana.
Del total de los menores que laboran en vía pública solicitando apoyo, el 65% de los padres consumen alguna droga, mientras que los menores que sí estudian y no laboran cuentan con un 30% de padres consumidores de estupefacientes.
El miércoles 22 de marzo, Mónica Vargas Núñez, directora General de DIF Baja California, presentó el Protocolo de Atención a la Niñez y Adolescencia que Labora en la Calle, acuerdo diseñado bajo los tratados y acuerdos internacionales, además de las leyes locales y nacionales que favorecen el respeto a los derechos de la niñez.
Se contempla un trabajo coordinado entre autoridades de gobiernos municipales y estatales para detectar a la niñez que labora en espacios públicos y ofrecerles alternativas en materia de alimentación, educación, trabajo, seguridad, identidad, entre otras.
“DIF no pretende la separación familiar ni contar con más niñez institucionalizada, queremos familias unidas, juntas, y generar los mecanismos para ofrecerles lo que necesitan, sea un plan de alimentación, empleo, el acceso a una vivienda, etcétera”, expuso Vargas Núñez, quien además informó que se pretende generar un padrón de niños y niñas a través del cual se conozca su estado de salud, nutrición, esquema de vacunación y atención psicológica en caso de requerirlo. El programa se extenderá a los municipios.
Pese a formar parte del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIMPINNA), en Tecate el gobierno municipal no cuenta con un programa activo que permita vincular a las autoridades correspondientes o brindar apoyo a menores que laboran en espacios públicos, y a casi un año de su arranque, continúan sin proteger a menores víctimas de explotación laboral ni se ha realizado algún operativo que permita conocer la cifra de menores actualmente víctimas de explotación o parte de alguna red de trabajos.
Representantes del DIF en el Municipio dijeron a ZETA que se encuentran en espera de conocer los programas que DIF Baja California estará dando a conocer en próximos días para coordinarse con ellos, pero actualmente no han establecido algún protocolo propio.
En tanto, personal que labora en DIF Municipal indicó que el tema de los menores “ha dejado de ser atendido como previamente estaba, los programas incluso de denuncias no están siendo atendidos como deberían, hay mensajes que llegan hasta la institución, que van desde violencia contra los menores, hasta abuso sexual y no son atendidos de manera directa; actualmente existe omisión e indiferencia, es lamentable porque es un servicio clave para las familias, la sociedad y sobre todo los menores”.
La presencia en el Pueblo Mágico resulta además temporal, ya que menores acompañados de familias migrantes laboran entre uno o dos fines de semana en la ciudad y son trasladados a Tijuana o Mexicali por los adultos, quienes buscan establecerse en las ciudades fronterizas. Al menos un 40% de ellos son indígenas o pertenecen a alguna comunidad proveniente del Sur de México y laboran a la intemperie pese a las bajas temperaturas que se registran en la ciudad, a la vista de transeúntes y autoridades.
Por su parte, encargados de casas de transición o refugios temporales actualmente en funcionamiento en Tecate, refirieron que uno de los principales problemas es que los menores no cuentan con familiares cercanos adultos que denuncien la situación que viven, como son los casos de explotación laboral.
“En algunas familias es parte de sus costumbres que laboren los menores principalmente pidiendo monedas, en otras no cuentan con los conocimientos de que sus derechos están siendo violentados, y entonces quién denuncia. Aquí llegan madres y se refugian con sus hijos, pero sólo son espacios temporales por un máximo de dos semanas, luego se van y algunas con el tiempo regresan en la misma situación”, concluyó la fuente de DIF.
