El proyecto de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para mejorar la movilidad de la entidad, parece que se basa en el acaparamiento del servicio para beneficiar a un único grupo de empresarios, pero concretamente a una persona: Adolfo Hernández Hurtado, quien no sólo es el elegido para dirigir la ruta de transporte público del Corredor Aguacaliente, sino que además fue designado de manera directa para ofrecer un servicio de arrendamiento para la operación de Comunder, un sistema de transporte público gratuito para estudiantes de educación básica y media superior.
A esto se le suma que el pasado mes de febrero, un ciudadano interpuso una denuncia por presuntos actos de corrupción ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) en contra del director del Instituto de la Juventud (INJUVEN), Rigoberto Salcedo Boyd, ente encargado del Comunder, debido a que -presuntamente- hubo favoritismo para entregar el contrato a un empresario, quien tuvo a un familiar prestando servicios de honorarios dentro del INJUVEN cuando se llevó a cabo el proceso de licitación, e incluso, aparece como “testigo” en uno de los procesos del contrato.
Ambos señalamientos enturbian el proyecto de movilidad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien desde que inició la campaña del proyecto Redspira, anunció una serie de planes para mejorar el medio ambiente, pero también para volver más eficiente la movilidad de la entidad.
Desde que inició el proyecto del Corredor Aguacaliente, representantes de la ruta de taxis “Rojo y Negro”, han realizado una serie de manifestaciones en contra de la medida, bajo el argumento de que la empresa Transporte Masivo Sustentable de Tijuana, pretende apoderarse de sus permisos de taxi; además de que su propietario, Hernández Hurtado, se encuentra acusado de administración fraudulenta, precisamente por una práctica similar a la que ha presumido que llevará a cabo para “regularizar” el sistema de transporte de la entidad.
Por su parte, el director del INJUVEN, Rigoberto Salcedo Boyd, refirió que las acusaciones en su contra son infundadas y se trata de un ex servidor público que se molestó con él debido a que fue removido del cargo.
Respecto a la otra empresa, dijo desconocer detalles, salvo que se trataba de los propietarios de la ruta “Verde y Crema”, que es propiedad de Adolfo Hernández Hurtado.
Según la propia gobernadora, para este 2023 se invertirán 53 millones de pesos en el arrendamiento del servicio del Comunder, por lo que -de no pasar nada extraordinario- ambas empresas serán las “ganonas” del jugoso contrato.
El COMUNDER
Desde el mes de agosto del 2022, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer su compromiso por habilitar nuevamente del servicio conocido como Comunder, impulsado durante las administraciones panistas y que tiene como objetivo facilitar el acceso a transporte público de calidad en las zonas del Valle de Mexicali, principalmente.
Por una módica cantidad, estudiantes de la zona rural tenían acceso a un traslado hasta sus comunidades alejadas, mediante rutas que se conectaban con escuelas del mismo valle y la ciudad.
Cuando la mandataria anunció la reactivación del proyecto, adelantó que a partir de octubre del 2022 habría un incremento en las rutas y se ampliaría el servicio hasta Valle de las Palmas, para residentes de Tecate y Tijuana.
El objetivo de ese entonces, aseguró Rigoberto Salcedo Boyd durante un evento en el Colegio de Bachilleres de Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali, es que se alcanzaran 32 rutas de camiones para jóvenes de escasos recursos.
En una primera etapa, que arrancó en 2022, el INJUVEN habilitó cinco camiones que tiene en su poder y posteriormente rentó otros 11, según los contratos en poder de ZETA que se obtuvieron mediante una solicitud de transparencia.
El proyecto es que estas 11 unidades para 40 pasajeros contarán con un equipo de tecnología de punta de reconocimiento facial, GPS y huella dactilar, para identificar a los jóvenes que se inscribieran al sistema.
Durante este periodo se pagaba un monto de mil 500 pesos por semestre, pero la gobernadora anunció que a partir de 2023 será gratis, y tendrá una cobertura para atender a tres mil estudiantes durante todo un año.
En entrevista, Rigoberto Salcedo Boyd comentó que actualmente se cuenta con un total de 26 unidades dispersas en toda la entidad, con cobertura para San Quintín, Mexicali, la Zona Este de Tijuana y Valle de las Palmas.
LOS BENEFICIARIOS
Salcedo Boyd comentó que actualmente se encuentra un proceso de licitación para determinar qué empresa (o empresas) se harán cargo de brindar el servicio de arrendamiento del Comunder. Sin embargo, hay dos empresas que actualmente llevan a cabo el servicio.
Se trata de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Tecnología Informática y Comunicación, S.R.L. de C.V., propiedad de Everardo Basilio Adame y Everardo Basilio Medina; ambos propietarios de escuelas como Bachuni y representantes de agrupaciones de escuelas particulares en Mexicali.
Everardo Basilio Medina fue consejero de la Coparmex durante la gestión de Rodrigo Llantada Ávila, ex integrante del equipo de transición de la gobernadora y actual integrante de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Baja California A.C. (SIDTEC), encargada de impulsar el proyecto EscuelaNet durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid. De hecho, durante la última administración panista recibió un monto de 2.5 millones de pesos sólo para dar seguimiento a la implementación de dicho proyecto.
ZETA tuvo acceso a parte de una investigación que se lleva a cabo actualmente, con número de folio INV/08/23/MXL en la Secretaría de Honestidad y Función Pública, donde se acusa a Rigoberto Salcedo Boyd, de -presuntamente- tratar de generar sobreprecios en algunos contratos relacionados al Comunder, pero también por el supuesto conflicto de interés que existe entre un prestador de servicios y una persona contratada por honorarios del INJUVEN.
Y es que Everardo Basilio Medina, representante y uno de los dueños de la empresa, tiene una relación familiar con Leonardo Basilio Adame, el cual firmó como “testigo” en uno de los contratos.
Según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en septiembre del 2022, Leonardo Basilio Adame fue contratado por honorarios según el documento RH/JUVENTUD/HA-150/2022, con un sueldo de 22 mil 494.14 pesos, como asesor de informática.
Sus servicios fueron empleados durante la última parte del año, mientras que el contrato donde aparece como “testigo” fue firmado en febrero del 2022. Sin embargo, los contratos en poder de ZETA refieren que Desarrollo de Sistemas y Servicios de Tecnología Informática y Comunicación, S.R.L. de C.V., renovó el contrato para la última parte del 2022, pero ahora el testigo fue un individuo de nombre Martín Luis Guzmán Ramírez, el cual es auxiliar de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud.
Esto quiere decir que si bien no necesariamente laboraba durante la firma del primer contrato, Leonardo Basilio trabajaba como asesor informático en INJUVEN, cuando la propia empresa de Everardo Basilio Medina brindaba el servicio del Comunder, entre ellos la información dactilar, GPS y de reconocimiento facial, lo cual es de carácter informático.
El contrato refiere que para dicha empresa se arrendaron 10 camiones por un monto de 550 mil pesos mensuales, los cuales cubrirán lo arriba mencionado, además de un seguro vehicular y para los viajantes de la unidad; así como dar mantenimiento a los vehículos y aire acondicionado.
El servicio que se ofertará en Tecate y Tijuana está siendo ofertado nada menos que por la empresa El Hongo Autotransporte Urbano y Suburbano, S.A. de C.V., propiedad de Adolfo Hernández Hurtado, quien se relaciona con una maraña de empresas relacionadas con el transporte público y de personal.
Hernández Hurtado lleva años en un proceso judicial por el delito de administración fraudulenta, debido a un supuesto desfalco cometido en agravio de varias personas que se distribuían la propiedad de la empresa Autotransportes de la Baja California; el proceso judicial ha sido extenso, pero continúa vigente. Pese a ello, el Gobierno del Estado se aferra en otorgarle la mayor cantidad de contratos posible.
En el contrato signado por Hernández Hurtado con INJUVEN, sólo se le arrenda un camión para brindar el servicio de dos rutas a Valle de las Palmas, durante el último semestre del 2022, para lo cual cobró mensualmente la cantidad de 39 mil 690 pesos, lo que da un total de 198 mil 450 pesos por el servicio.
Salcedo Boyd aseveró que aún no se inicia de manera formal el contrato, pero aseguró que el ganador de la licitación para el 2023 es el propietario de la línea “Verde y Crema”; es decir, Transporte Masivo Sustentable de Tijuana, S.A. de C.V., que el Gobierno del Estado intenta imponer en el Corredor Aguacaliente, y por lo que cientos de taxistas de la ruta “Rojo y Negro” han saturado mediante una serie de manifestaciones y reclamos por considerar que se trata de una imposición, además de un acto fraudulento con el que pretenden quitarles sus permisos de taxi.
Debido a que el programa Comunder va a crecer de forma sustancial en San Quintín, Tecate y Tijuana, el contrato será mucho más grande del que obtuvo en la última parte del 2022.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue entrevistada por ZETA para preguntarle por los avances de las negociaciones sobre el tema, a lo que aseguró que dichos transportistas no han querido sentarse para platicar con funcionarios del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS). Sin embargo, aseguró que su única intención es poner en orden el descontrol de rutas en Tijuana.
Adolfo Hernández Hurtado se relaciona con varias empresas del sector transportista y vinícola del Estado, pues su nombre aparece como propietario de la empresa Productores Vinícolas del Valle, S.P.R de R.L. de C.V., creada en julio del 2016, donde comparte sociedad con Juan Carlos Lamas Arroyo, propietario de Calibus Transportes de Tijuana S.A. de C.V; y con Antonio Mejía Cuéllar, propietario de Autobuses Coordinados Zimapan-Valles, S.A de C.V., de Pachuca, Hidalgo. También es director general de la Línea de Transportes Urbanos y Suburbanos de Baja California.
Las empresas se intercalan propietarios y forman nuevas sociedades relacionadas con dichos giros, apoderándose de un gran sector del ramo.
También se identifica el nombre de Adolfo Hernández Hurtado como integrante de la Junta Directiva del Sistema de Transporte de Tijuana.
RESPONDE INJUVEN
Ante los cuestionamientos de ZETA, Rigoberto Salcedo Boyd, aseveró que no es su dependencia, sino la Oficialía Mayor, la que se encarga de llevar a cabo todo el proceso de licitación. Es decir, Rocío López Gorosave, Oficial Mayor; y David Ramsés Cervantes Aguilar, jefe de Adquisiciones de dicha dependencia.
Comentó que la inversión para el 2023 será de 53 millones de pesos y el objetivo es que ninguno de los tres mil estudiantes tenga que pagar por el transporte a su escuela.
Respecto a las acusaciones de corrupción, aseveró que tuvo conocimiento de la denuncia interpuesta por un ciudadano y aseguró que se trata de un ex funcionario de INJUVEN, con el que tuvo conflictos debido a que lo separó del cargo; agregó que dicha persona lo amenazó en reiteradas ocasiones mediante mensajes de WhatsApp, sobre denunciarlo.
Agregó que no hay irregularidades ni actos de corrupción y señaló que la persona que fue contratada por honorarios (Leonardo Basilio) no tuvo influencia en la decisión de contratar a la empresa de su pariente. De hecho, indicó que ni siquiera trabajaron en el mismo periodo.
