La diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, presentó una iniciativa con el objetivo de intentar “revivir” el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, mediante una modificación a su estructura para que los nombramientos del Fiscal y Magistrado especializados en el Combate a la Corrupción, sean designados mediante una convocatoria pública y no por medio de ternas enviadas por el Gobernador en turno.
Este lunes 27 de febrero, la legisladora acudió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo acompañada de la ex candidata independiente Fernanda Flores y Francisco Martínez representante de Tierra Colectiva, para presentar el proyecto para devolverlo -en gran medida- a su estado original.
Previo a la entrega del documento, García Ruvalcaba, criticó que el pasado Congreso, por designios del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, “paralizaron” el Sistema Estatal Anticorrupción, al no otorgarles recursos para operar, pero además hicieron una serie de modificaciones legales a su funcionamiento.
Una de las más importantes es que se eliminó el proceso de elección de cargos públicos importantes mediante una convocatoria abierta, para sustituirlo por una terna enviada por el Gobernador en turno, de la cual el Poder Legislativo elegiría al Fiscal y al Magistrado Anticorrupción.
Hoy, ambos cargos permanecen acéfalos debido a que las personas que fueron designadas dimitieron al no recibir apoyo financiero para contratar personal, equipo y demás necesidades elementales..
García Ruvalcaba agregó que se critica a los sistemas anticorrupción por no operar, pero la realidad es que no se les ha dotado de las herramientas necesarias para que funcionen. De hecho, ni siquiera ha operado completo en Baja California.
Francisco Martínez de Tierra Colectiva, aseguró que la entidad se encuentra en el lugar número 31 de 32, en torno al funcionamiento de los mecanismos anticorrupción, según análisis propios, puesto que su mismos sistema se encuentra totalmente desconfigurado.
Respecto a la personalidad jurídica, la legisladora naranja comentó que su iniciativa no contempla dotarlo de ella, aunque consideró que era necesario que la tuviera para que se le brindaran mejores herramientas para investigar los delitos.
Y es que, a su juicio, se desconoce sí la Fiscalía General del Estado (FGE) está cumpliendo con todas las medidas y protocolos para cumplir con el proceso de investigación especial como lo es la corrupción.
