Modificaciones aprobadas durante la tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del XVII Ayuntamiento de La Paz dan un giro a la dinámica en la que los nuevos proyectos podrán conseguir agua en el municipio. A partir de ahora, los desarrollos tendrán que conseguir su propio recurso hídrico, como parte de los permisos necesarios para operar.
“Se somete a votación autorizar las resoluciones de solicitudes de factibilidades de servicios de agua potable y alcantarillado para desarrollos habitacionales, condominales, comerciales, industriales y turísticos; se requerirá que previamente el desarrollador aporte al OOMSAPAS, vía transmisión de derechos o, en su defecto, desde una fuente alterna el volumen de agua equivalentes a la demanda del desarrollo proyectado”, proponía el punto de acuerdo que fue aprobado.
Con esto se elimina el esquema tarifario del cobro por cada mil metros cúbicos (millar), que representa la demanda de agua potable a desarrollos urbanos, comerciales y turísticos.
Ahora los desarrolladores, para obtener un permiso de factibilidad y de conexión a la red hídrica de La Paz, deben conseguir su volumen de recurso hídrico necesario, ya que las autoridades del Ayuntamiento argumentan que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) no tiene capacidad para suministrarles el vital líquido.
Hasta antes de la aprobación de este punto de acuerdo, los desarrolladores pagaban por el agua a OOMSAPAS.
En este contexto, autoridades municipales han recalcado que la situación de estrés hídrico en la que se encuentra el municipio de La Paz es grave.
Investigadores como el Doctor Arturo Cruz, miembro del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), han expuesto que hay acuíferos que presentan al año un déficit de hasta 7.8 millones de metros cúbicos al año, así como graves problemas de intrusión marina.
Asimismo, de acuerdo con datos de estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), La Paz aparece constantemente como una de las zonas del país con menor disposición de agua per cápita.
Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, defendió la modificación que ejecutó la Junta de Gobierno, argumentando que simplemente se está armonizando un apartado de la Ley de Agua de la entidad.
“Se tienen que dar los derechos de aguas, como lo marca la Ley de Agua desde que se generó la ley, pero que por un acuerdo que se hizo en el 2013 se había acordado que en vez de dar derechos de agua y millares de agua, como dice la ley, se pagaran, y que el Organismo fuera el encargado de conseguir los millares”, explicó.
“Eso ya quedó sin efecto y ya quien quiera desarrollar y demás, como lo han venido haciendo mucho de los hoteles y desarrollos, ellos ponen sus plantas desaladoras. Costa Baja es un ejemplo de eso; creo que el Pedregal también tiene su planta desaladora”, agregó.
Aseguró que tienen que dialogar, ya que todavía hay concesiones de agua en el municipio para diferentes tipos de servicios que no son uso público-urbano, que no se están utilizando al 100 por ciento o que simplemente no se implementan en este rubro.
“Hay muchos volúmenes de agua que tienen los concesionarios también, que la verdad a veces prefiere pagar el dinero por millares en vez de dar los millares porque saben que eso cuesta más, pero ya el municipio ya no puede más; requiere que haya una dotación en volumen de agua para seguir creciendo”, finalizó.
FOMENTARÁ INSTALACIÓN DE DESALADORAS: ACTIVISTAS
Juan Ángel Trasviña, representante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida (Freciudav), recalcó que el ya no vender líquido a proyectos no es una solución, sino una manera indirecta de privatizar el recurso hídrico de la población.
“Es hacerle al tonto porque el acuífero no tiene más agua nada más por decreto; la cantidad de agua es la misma, entonces, propiciar los mega desarrollos va ser a costa de quitarle más agua a la población. Pueden decir misa, pero eso suena a privatización del agua”, señaló.
Desde su perspectiva, el Ayuntamiento de La Paz busca presionar y dar “luz verde” para la desalinización, método que debe ser la última opción para obtener agua.
“La primera opción es reparar redes: el mismo director de SAPA reconoce que hay 47 por ciento de fugas, prácticamente la mitad del agua se pierde en fugas. Si se repararan las fugas (que quedara el 10 por ciento de fugas), quiere decir que recuperaríamos 40 por ciento de esa agua, que sería suficiente para toda la población”, compartió.
Los activistas insisten en que se deben construir presas y gaviones en todos los arroyos para recargar los acuíferos, sin embargo, las autoridades federales, estatales y municipales siguen sin accionar en este orden.
Ante un cambio que, como fue autorizado, fomentará proyectos de desalinización, consideran que el descuido negligente para combatir el estrés hídrico proviene del interés económico que conlleva promover la construcción, instalación y operación de desaladoras en ciudades de Baja California Sur.
“Son inversiones muy grandes, inversiones millonarias, y ahí llevan su tajada. No podemos hacernos tontos y decir que son inocentes; la verdad, quienes insisten en la desalinización están viendo su bolsillo, no están viendo el bienestar de la población”, subrayó.
Explicó que en Estados Unidos hay más de una decena de condados que apuestan por el reciclaje total del agua, no nada más para áreas verdes, sino al tratamiento avanzado de las aguas residuales.
La convierten en agua potable, posteriormente la reinyectan al subsuelo y regresan al acuífero; esto para evitar el costo ambiental y económico que conllevan las desaladoras, por la descarga de salmuera que afecta la biota marina.
Tienen una vida útil de 10 años, lo que convierte a esta infraestructura en un negocio redondo tanto para empresarios como para autoridades.
“Nosotros proponemos eso: vámonos primero a la reparación de las redes al máximo; existe tecnología adecuada para hacerlo sin andar rompiendo calles, el problema es que no se informan porque no les interesa”, dijo.
Enfatizó que este cambio de operación de OOMSAPAS con desarrollos sería factible en el reglamento si trajera consigo candados que no permitan a los proyectos inmobiliarios apostar primero por desaladoras.
“Lo que no pueden hacer es irse del nivel cero al nivel 4, que es la desalinización. Primero que vayan al nivel 1, que es la reparación de redes; luego al nivel 2, que es captación de agua pluvial; 3, reciclaje al 100 por ciento; y 4, entonces sí, vete a lo que es la desalinización”, reiteró.
LEY DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, OTRA OPCIÓN ESTANCADA
Desde mediados de 2022, integrantes del Freciudav solicitaron al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, la publicación de la Ley de Tratamiento de Agua Residuales, que ayudaría a ahorrar hasta un 40 por ciento del recurso hídrico que se utiliza en hoteles y desarrollos grandes en la entidad.
Sin embargo, a pesar de la presión y solicitudes directas que han hecho a Castro Cosío, el mandatario sigue sin dar respuesta a activistas.
Ley de Tratamiento de Aguas Residuales, considerada como una reforma clave en la lucha contra el estrés hídrico, proviene de la modificación al artículo 56 y la adición del artículo 56 Bis de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.
En ella se establece que grandes consumidores de agua, como hoteles, plazas comerciales, desarrollos y similares, tendrán la obligación de efectuar el tratamiento de sus aguas residuales para reciclarlas y darles uso en áreas verdes e inodoros.
La XV Legislatura se aprobó en mayo de 2019, sin embargo, el entonces gobernador, Carlos Mendoza Davis, no la publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado ni realizó observaciones sobre la misma.
“Al actual gobernador se le solicitó la publicación de esta ley, pero hasta ahora no ha dado ninguna respuesta el mandatario”, comentó
En este contexto, el Freciudav contempla la opción de interponer un amparo para que esta ley sea una realidad en Baja California Sur.
Estiman que si tan solo a los hoteles se les obligara a reciclar para los inodoros, se obtendrían más de dos millones de metros cúbicos de ahorro de agua potable.
“Toda esa agua le hace falta a la población, pero simplemente, como no quieren lastimar los intereses de los grandes dueños de las grandes empresas, entonces se friega la población, que esto siga tal como está”, remarcó.
“Nos da mucha tristeza ver que un gobierno que se esperaba iba a actuar de manera diferente, está actuando igual de los anteriores. No se ven cambios en realidad”, finalizó.
Cabe resaltar que ZETA cuestionó en su momento a Víctor Castro sobre este tema, a lo que el mandatario respondió que dejó la revisión de las leyes vetadas y no publicadas por su antecesor en manos de la XVI Legislatura.
Recordó que entre 2018 y 2021, por los conflictos entre fracciones de la XV Legislatura que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hubo controversias constitucionales entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en las que Carlos Mendoza se basó para no publicar leyes aprobadas en el Boletín Oficial.
“Como no eran legislaciones aprobadas por esta legislatura, por respeto tenemos que dejar que ellos la revisen. No podemos estar pasando por la legislatura, sin darles la oportunidad. Por los pleitos que hubo, quedaron rezagos”, declaró Víctor Castro.
Por último, señaló que si los diputados de la XVI Legislatura ven factibilidad en las reformas pendientes que elaboraron sus antecesores, las publicará.
