La Comisionada del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California (Cesispe), María Elena Andrade Ramírez, negó que hubiera algún tipo de violación a los derechos humanos de las 600 personas que fueron enviadas a centros de rehabilitación al hacer la limpieza del centro histórico de la capital, cuando la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda fungía como alcaldesa, mientras ella era Directora de la Policía Municipal.
“Se le dio oportunidad a personas que vivían en total abandono, en situación total de calle, ahí sí se les estaban vulnerando sus derechos humanos porque no se les estaba otorgando su derecho a la salud. Las personas que fueron trasladadas a los centros de rehabilitación fueron por voluntad propia; no supimos de algún caso dónde una persona hubiera sido afectada o violentada”, comentó Andrade Ramírez.
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La declaración se dio tras la exposición de parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Mora Marrufo, quien aseguró que las personas fueron perseguidas y obligadas a ingresar a centros de rehabilitación, e incluso, se cometió usurpación de su identidad al firmar documentos a nombre de los detenidos para aceptar y mantener bajo resguardo a dichas personas.
Fue la agrupación Verter, dirigida por Lourdes Angulo, quien junto a su equipo de trabajo, señalaron que el caso 5/2022, dejó un precedente histórico donde se exhibe la falta de seriedad en torno a las políticas de atención de personas en situación vulnerable.
Según Mora Marrufo los testimonios de cuatro personas lograron establecer el mecanismo de abuso sistemático de parte de la Policía Municipal y de la propia Secretaría de Salud.
Fue mediante detenciones masivas que las personas que deambulaban por el Primer Cuadro de la Ciudad de Mexicali eran trasladarlas a la Subcomandancia de Zona Centro; o al centro de tratamiento de adicciones llamado CRAADYR, dirigido por la familia de Lizeth Noriega Galaz, ex diputada federal y actual Directora del Instituto contra las Adicciones, el cual -según el titular de la CEDH- carece de acreditaciones para brindar atención a personas con problemas de consumo de drogas.
