Los cimientos del proyecto de rehabilitación del Centro Histórico de Mexicali, tuvieron una base de violaciones sistemáticas a Derechos Humanos, pues una de las principales acciones promovidas por el Cabildo que encabezó la entonces alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordenó una persecución y una serie de abusos en contra de personas en contexto de movilidad, de situación de calle y consumidores de enervantes.
Alrededor de 600 personas fueron víctimas del hostigamiento y de detenciones, durante el primer año de gestión de la hoy Gobernadora, quienes además fueron obligados a ingresar a centros de rehabilitación, e incluso, se firmaron documentos a nombre de los detenidos como sí fueran propios, para aceptar y mantener bajo resguardo a dichas personas.
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Lo anterior fue dado a conocer por Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien encabezó una conferencia de prensa en compañía de Lourdes Angulo, directora de la agrupación Verter, quienes junto con todo su equipo de trabajo, señalaron que el caso 5/2022, dejó un precedente histórico donde se exhibe la falta de seriedad en torno a las políticas de atención de personas en esta condición.
Mora Marrufo aseveró que la denuncia se originó gracias a la agrupación Verter, que fue la encargada de recabar los testimonios de varias personas, pero fue gracias al testimonio de cuatro que se pudo establecer el mecanismo de abuso sistemático de la Policía Municipal y de la propia Secretaría de Salud.
Y es que con el pretexto de hacer un “rescate” del Centro Histórico de Mexicali, la primera administración morenista en la Capital bajacaliforniana, ordenó una detención masiva de personas que deambulaban por el Primer Cuadro de la Ciudad. para posteriormente trasladarlas la Subcomandancia de Zona Centro; o bien, al centro de tratamiento de adicciones llamado CRAADYR, dirigido por la familia de Lizeth Noriega Galaz, ex diputada federal y actual Directora del Instituto contra las Adicciones, el cual -según el mismo Mora Marrufo- carece de acreditaciones para brindar atención a personas con problemas de consumo excesivo de enervantes.
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El testimonio de una de las cuatro víctimas, Vianey -cuyo nombre fue alterado para proteger su identidad- denunció que suplantaron su identidad al firmar el consentimiento para permanecer dentro del centro de rehabilitación, por lo que se puede considerar que hubo una serie de irregularidades sistemáticas y ordenadas en contra de un gran número de personas en contexto de abandono, con el único objetivo de “limpiar” el Centro Histórico de Mexicali, para poder iniciar el proyecto que hoy se vuelve la insignia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la capital de Baja California.
Cabe mencionar que en ese entonces, María Elena Andrade Ramírez, hoy titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, era Directora de la Policía Municipal; mientras que Lizeth Noriega, hoy es Directora del Instituto contra las Adicciones. Es decir los intervinientes son ahora funcionarios de la administración estatal.
