El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diego Valadés refirió que el Estado mexicano no tiene capacidad de respuesta para abatir el fenómeno de la extorsión, diseminado por todo el país, como tampoco la violencia delictiva que afecta a sectores particulares en un entorno en el que la comisión de feminicidios aumenta y donde miembros de corporaciones como el Ejército y la Marina son victimados.
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otrora procurador general de la república afirmó que el “el nivel de impunidad” que se registra en México alcanza “cuotas altísimas” y que ello denota un “déficit de gobernabilidad”.
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El jurista mexicano ofreció una conferencia en Tijuana el 6 de febrero, auspiciada por la Logia Masónica “Ignacio Zaragoza No. 3” y alusiva a la Constitución de 1917.
En el Salón de Actos Doctor Gustavo Aubanel Vallejo, el conferencista manifestó que los problemas de gobernabilidad prevalecen en razón de que en México “se puso el acento en las reivindicaciones sociales para conseguir por la vía clientelar una mayor penetración y dominación de la sociedad, pero se olvidó la construcción de instrumentos que permitan que el Estado mexicano funcione con los mínimos de eficiencia que son exigibles en cualquier sistema jurídico político del plantea”.
Expuso que los problemas de gobernabilidad constituyen “una paradoja”, toda vez que generan “efectos adversos a los que se plantearon” hace 106 años, en la Constitución mexicana. De ahí que a su modo de ver, “la solución del 17 ya no es la solución del 23 y no será la del 25 ni la del 30 ni la del 43”.
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Recalcó que “la nueva solución de México” debe apuntar a “preservar los derechos sociales, los derechos ambientales” y que adicional a ello se requiere “construir un sistema de responsabilidades políticas que le dé simetría a los Poderes de la Unión, que establezca formas de interrelación y formas de control que den la oportunidad” a “los gobernados” de ejercer su respectiva “función de gobierno” mediante los representantes políticos.
La Constitución presenta una asimetría en cuanto a la integración de los Poderes de la Unión, con alrededor de mil 500 jueces y magistrados en el Poder Judicial, 628 representantes de la nación en el Legislativo, mientras que el Ejecutivo, con mayor el mayor número de facultades, “está integrado por uno solo”, observó Valadés.
Remarcó que el Poder Ejecutivo, actualmente encabezado por Andrés Manuel López Obrador, “nada más representa una corriente y está depositado en una persona, que además tiene la suma más extraordinaria, casi extravagante de facultades”.
La Constitución mexicana “es de las muy pocas normas supremas que existen en el mundo donde no existe la figura orgánica del gobierno (sino) nada más la del presidente”, lo cual significa “que el presidente lo es todo en el orden gubernativo del país”, observó.
De acuerdo con el expositor, con la Carta Magna en vigor “los presidentes advirtieron prontamente que si ya eran la suprema autoridad educativa, ya eran la suprema autoridad agraria y ya eran la suprema autoridad laboral del país, por virtud de los artículos 3ro, 27 y 123, porque así se construyeron esos artículos, poniendo en la cúspide del poder social al presidente de la república al mismo tiempo que lo ponían en la cúspide del poder político, los presidentes entendieron que ampliando el elenco de derechos sociales también multiplicaban su propio poder”.
Valadés Ríos subrayó que ello “ha sido un hecho recurrente, a partir de la primera reforma en 1921 hasta la más reciente en 2022”, lo que implica “101 años de acrecentamiento sistemático, continuo, permanente, recurrente de la fortaleza presidencial basada en beneficios sociales”.
De las reformas más recientes, aludió a la que se le hizo “al artículo 4to constitucional, estableciendo lo que sin duda corresponde a un proceso legítimo de satisfacción de necesidades y demandas sociales, en las que plantean los ancianos, las que plantean las mujeres, las que plantean los jóvenes, las que plantean los niños y se ha destinado para apoyar a esos grandes sectores de la sociedad recursos importantes del erario público mexicano”.
A decir de Valadés, el espacio que ocupa el acrecentamiento del poder del presidente, con reformas diseñadas para satisfacer distintos requerimientos y demandas de la sociedad, “está sustraído al control político de los representantes de la nación”; con ello “queda solo el control jurisdiccional”, con un cúmulo consecuente de “tensiones y cargas excesivas sobre el poder judicial de la federación”, al cual “se le exige por parte de la sociedad que actúe como contrapeso al poder político del presidente de la república”.
Según asentó el también ex abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “esa no es la función de los juzgadores”, quienes en todo caso deben abocarse a “resolver conforme a derecho”, es decir no tienen por qué “ejercer funciones políticas de contrapeso de un órgano político como es el presidente de la república”.
Diego Valadés concluyó que “a 106 años (de haberse promulgado la Constitución mexicana) han sido muchos los avances, han sido también no pocos los retrocesos de manera que para los abogados, para los ciudadanos, para los interesados en la cosa pública, para quienes queremos tener en el país un sistema de instituciones, el camino por delante abre las oportunidades para la creatividad” en materia orgánica del Poder Ejecutivo así como del equilibrio que debe prevalecer entre los Poderes de la Unión.
