El gobierno de Baja California deberá aclarar 187 millones 586 mil 970.13 pesos por medicamento destinado a la población sin seguridad social que presuntamente entregó en especie el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) durante 2021 y que no fue registrado contable ni presupuestalmente por el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
De ese monto, 1.9 millones corresponden a la falta de presentación de las pólizas contables junto con su documentación justificativa y comprobatoria que ampare el monto del gasto devengado registrado en la partida presupuestaria 25301 “medicinas y productos farmacéuticos”.
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El resto, 185 millones 613.7 miles de pesos, por la falta de documentación que compruebe que se recibieron recursos en especie en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
Según el Tercer Informe de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el Insabi retuvo recursos al estado por 308 millones 805.5 miles de pesos para entregar medicamentos en especie, sin embargo, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez reportó haber recibido solamente 262 millones 741 mil pesos, “sin que a la fecha de la auditoría el INSABI conciliara y notificara a la entidad federativa el importe de los recursos en especie, ni validara el cierre del ejercicio fiscal 2021”.
En tanto, la Secretaría de Hacienda “no registró contable y presupuestariamente los recursos recibidos en especie” por 262 millones 741 mil pesos. De los cuales, quedaron pendientes por aclarar 187.5 mdp.
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Al publicar este 20 de febrero de 2023 su tercer informe de la Cuenta Pública 2021, la ASF observó 231 millones 656.4 miles de pesos a Baja California por irregularidades en la ejecución de recursos federales. La mayor parte corresponde a lo ejercido por la administración anterior de Jaime Bonilla Valdez.
Del monto global observado está pendiente de aclarar 229 millones 289.4 miles de pesos, toda vez que resultado de las auditorías sólo fueron solventados 2 millones 367.1 miles de pesos.
Otras irregularidades señaladas por el máximo órgano fiscalizador del país fueron al ejercicio del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, donde observó 15 millones 584.5 miles de pesos.
De esta cantidad, 12 millones 263.9 miles de pesos no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) pese a que tampoco fueron devengados, ni comprometidos, ni gastados conforme a los fines del fondo. Mientras que en 3 millones 320.2 miles de pesos tampoco se acreditó con documentación comprobatoria que se hubieran ejercido en el mantenimiento de equipos médicos de imagenología y Rayos X
“El Gobierno del Estado de Baja California no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, señaló la ASF.
En ese sector, la ASF también señaló que en el Programa de Atención a la Salud, tanto el Instituto de Servicios de Salud Pública como la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, no registraron presupuestariamente los rendimientos financieros que se generaron en las cuentas bancarias productivas por 486.3 miles de pesos.
Además, adjudicaron contratos sin acreditar los criterios en que se fundamentaron las excepciones y se incumplieron obligaciones de transparencia por la publicación extemporánea del informe trimestral y la falta de publicación de los convenios de los recursos. Además no aclararon 294.5 miles de pesos por el pago de anticipos de dos contratos de trabajos de mantenimiento no concluidos por el contratista.
“En el transcurso de la auditoría, se operaron recuperaciones por pagos en exceso en conceptos de obra pública por 35.0 miles de pesos más cargas financieras por 3.8 miles de pesos”, indicó la ASF, que en total por este programa observó 333 mil 324.3 pesos, de los cuales quedó por aclarar 294.5 miles de pesos.
En el ámbito educativo, en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a la que se destinaron 12 mil 341 millones 714.9 miles de pesos, la ASF señaló que el gobierno estatal “incurrió en inobservancias principalmente en materia de pagos que se consideraron improcedentes, por pagos a personal después de la fecha de baja definitiva de la dependencia por 107.2 miles de pesos”, mismos que fueron regresados a la Tesorería de la Federación (Tesofe)
Además presentó un subejercicio, ya que al primer trimestre de 2022 el gobierno estatal no había ejercido 2 millones 131.1 miles de pesos, así como sus rendimientos financieros.
Un caso similar ocurrió en el ejercicio del recurso asignado al Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, en el que la ASF hizo pagos a trabajadores durante la licencia sin goce de sueldo por un millón 281.0 miles de pesos y pagos a personal identificado como decesos por 564.7 miles de pesos, mismos que ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
