Aunque las instituciones encargadas de llevar las cuentas del robo de hidrocarburos en el país se volvieron opacas y es difícil establecer cuántas tomas clandestinas se descubren a diario, el único dato certero es el de los 5 mil 500 de barriles de combustibles que cada día, en promedio de los meses de enero y febrero, son desviados por los llamados huachicoleros y que representan cuantiosas pérdidas económicas al sector de los petrolíferos, de acuerdo a datos obtenidos del Informe Nacional de Seguridad.
La cifra es menor al promedio diario de 2022, cuando al Gabinete de Seguridad se reportaron 6 mil 100 barriles desviados por día y mayor al promedio de 2021, cuando la sustracción de combustibles fue reducida a 3 mil 600 barriles diarios.
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El término “barril” es la unidad de volumen utilizada para petróleo e hidrocarburos derivados; equivale a 42 galones o 158.987304 litros.
Instituciones como Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) que antes mostraban estadísticas relacionadas con el fenómeno criminal del huachicoleo, se replegaron para no contradecir el discurso oficial de que el robo de gasolinas y diésel a través de tomas clandestinas en los ductos ha disminuido.
Sin embargo, el sitio web Energy21, referente informativo de la industria energética, asegura que en 2022 se registró un incremento de tomas clandestinas detectadas en un 3.5 por ciento con relación a 2021, siendo Hidalgo la entidad federativa con el primer lugar en este tipo de ilícito, con 5 mil 523 pinchaduras de ductos, lo que equivale al 48.35% de las 11 mil 421 tomas ilícitas detectadas en la totalidad del territorio nacional.
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De acuerdo con los datos, que citan como fuente a Pemex, Estado de México es segundo lugar con mil 584 tomas clandestinas, seguido de Tamaulipas (775), Jalisco (613), Guanajuato (576), Baja California (440), Coahuila (440), Nuevo León (374) y Puebla (344), cifras que contrastan con indicadores revelados por autoridades locales de algunos de esos estados, ya al alza, ya a la baja, como en el caso de Guanajuato, donde la Secretaría de Seguridad Estatal asegura que se detectaron 277 pinchaduras.
DIFERENCIA EN CIFRAS
Los datos aún discrepan más si se compara con el número de carpetas de investigación iniciadas por dicha actividad criminal. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las indagatorias por robo de hidrocarburos son las siguientes: Hidalgo, mil 379; Estado de México, 802; Puebla, 654; Veracruz, 625; Nuevo León, 422; Tabasco, 352; Tamaulipas, 268; Guanajuato, 260; Tlaxcala, 205; Michoacán, 181.
Es claro que en este mundo de estadísticas algunas autoridades mienten en sus datos, pues resulta ilógico que en Puebla, donde sólo se reportaron 344 tomas clandestinas, se hayan iniciado 654 carpetas de investigación, cuando se asegura que una sola carpeta puede tener como punto de análisis diversos delitos y momentos de tiempo.
Por su parte, las entidades con menos ataques a ductos son Quintana Roo (6), Nayarit (5), Aguascalientes y Zacatecas (4, respectivamente).
La presencia de autoridades en operativos para preservar la seguridad de los miles de kilómetros de tuberías por los que circulan los combustibles ha disminuido con el paso del tiempo, luego que se instrumentara la lucha contra el huachicol como una de las estrategias iniciales del Gobierno Federal a partir del primer mes en el poder. De esa forma se instituyó el Plan Conjunto del Gobierno de la Republica para Combatir el Robo de Hidrocarburos, implementado a partir del 11 de enero de 2019, y en datos hasta el 30 de septiembre de 2022, se advierte que el personal militar destacamentado para la vigilancia de ductos va a la baja de la siguiente manera, pues en 2019 había 3 mil 268 elementos comisionados a tal consigna.
En 2020, la cifra de soldados disminuyó a 2 mil 416; en 2021, 2 mil 150; y en 2022, mil 438 miembros de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a pérdidas económicas reconocidas por Pemex por la sustracción de combustibles en sus diferentes tipos de productos y estado, se informó que mientras en los primeros nueve meses de 2021 el quebranto alcanzaba los 4 mil 801 millones de pesos, para el mismo periodo, en 2022, la merma fue de 14 mil 243 millones de pesos; es decir, 196.6% más de afectación patrimonial, un promedio de mil 582.55 millones de pesos de pérdida mensual.
HIDALGO EN LA PICOTA
El Estado de Hidalgo se convirtió en la preocupación de las autoridades locales y federales, a tal grado que, a partir de enero de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado en su conferencia matutina al respecto, pues observa “un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas”, y lamentó que en estos ilícitos participe parte de la población civil e incluso agreda a las autoridades que intentan impedir las riesgosas prácticas.
El mandatario exhortó a las comunidades a no participar en estos movimientos masivos que son delictivos: “No hay la justificación de que, por pobreza, porque hay mucha necesidad, porque están desatendidos, entonces tienen que participar en actos ilícitos. No. Es un grupo, son grupos de la delincuencia que mal encaminan a pobladores”, reiteró al recordar los hechos de Tlahuelilpan, que en enero de 2019 costaron la vida a cientos de personas que estaban en torno a una toma clandestina que estalló.
Recientemente, el 11 de enero, cuando personal de Pemex reparaba una fuga de combustible considerada de alto riesgo en la localidad de Texcaltepec, municipio de Cuautepec de Hinojosa, unas 120 personas encapuchadas y al parecer armadas, agredieron a los servidores públicos, dejando un saldo de 16 personas lesionadas (13 de ellos trabajadores de Pemex) y tres camionetas con severos daños. Personal de la Secretaria de la Defensa Nacional arribó en auxilio de los agredidos, pero también fueron atacados por los individuos que presuntamente se dedican al robo de hidrocarburos. No hubo detenidos.
La inquietud de lo que ocurre en Hidalgo mantiene con pendiente a las autoridades de sus vecinos inmediatos como Querétaro y Guanajuato, quienes buscan reunirse con la intención de conformar una estrategia, pero no han llegado a acuerdos, pues más que reconocer sus responsabilidades, se echan la culpa de lo que sucede al traspasar sus respectivos límites.
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, actual procurador del Estado de Hidalgo, expresó que el fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, no acudió a la reunión planeada en su propia entidad, en la que se pretendía diseñar estrategias para atacar el robo de hidrocarburos. Dijo que desde inicios de su administración ha buscado a su homólogo sin éxito, por lo que insistirá de nuevo.
LIBERTADES
Otro detalle del fenómeno del huachicoleo fue expuesto en la conferencia mañanera, dentro del informe quincenal del Gabinete de Seguridad, por parte del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien destacó una serie de libertades que han decretado jueces de Distrito en asuntos relacionados con la detención de sujetos en poder de narcóticos o de combustible cuyo origen no puede ser acreditado dentro de embarcaciones en aguas nacionales.
Ojeda Durán aseguró que “hay autoridades judiciales que han liberado de 2021 a 2023, a 140 presuntos responsables de un total de 264 detenidos”. Se trata de diez jueces y siete agentes del Ministerio Público que ordenaron la libertad inmediata de los imputados, en su mayoría puestos a disposición por delitos contra la salud y los relacionados con la Ley de Hidrocarburos. “Lo que hemos detectado es que hay gran desconocimiento de la legislación marítima por parte de jueces y ministerios públicos, que actúan queriendo aplicar la normativa en territorio nacional”, declaró el almirante.
Sin embargo, lo que no explicó fue que muchas de las libertades que se otorgan por parte del Poder Judicial, independientemente de los autos de no vinculación a proceso, sobreseimiento o sentencias absolutorias, son por la aceptación de los imputados a someterse a alguna de las llamadas soluciones alternas que establece la Ley en el sistema penal acusatorio, por ejemplo, los procedimientos abreviados donde reconocen su responsabilidad en los hechos y reciben una pena menor e incluso la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por alguna otra.
Ejemplos sobran, entre ellos el de dos sujetos detenidos tras un cateo ejecutado por autoridades federales el 25 de octubre de 2021 en una finca sobre Avenida 125 Oriente y Calle 4 Sur, Colonia San Bartolo Coatepec en Puebla, donde habitantes reportaron actividades extrañas y el ingreso de personas armadas en camiones cargados con bidones con líquidos. Al ingresar al inmueble, efectivamente fueron asegurados vehículos que contenían recipientes con combustibles, sujetos con armas de fuego y pequeñas cantidades de narcóticos.
En el sitio se vendían armas, drogas e hidrocarburos robados de los ductos de Pemex; sin embargo, durante el proceso penal ambos individuos aceptaron una solución alterna, en este caso, la suspensión condicional del proceso, que constituye un consentimiento expreso del auto de vinculación a proceso, de la calificación de la detención y de la medida cautelar de prisión preventiva para inculparse y recuperar su libertad por medio de condicionantes diversas a la de permanecer presos en un centro penitenciario.
Autoridades federales y Fuerzas Armadas tienen identificados once ductos de Petróleos Mexicanos que requieren de constante vigilancia: Ciudad Juárez-Chihuahua; Satélite-Gómez Palacio; Madero-Cadereyta; Matamoros-Brownsville; Tuxpan-Tula; Tula-Salamanca; Salamanca-Guadalajara; Salamanca-Morelia; Tula-Toluca; Cactus-Guadalajara y Tuxpan-Azcapotzalco.
