Irregularidades en el proceso de licitación, en cobranza y un quebranto al erario que podría extenderse a varios cientos de millones de pesos, es parte de las consecuencias del contrato y el favoritismo del ex gobernador Jaime Bonilla Valde, a la empresa Fisamex, acusada por gran parte del sector empresarial por realizar prácticas de extorsión.
Lo anterior es parte de la documentación exhibida por el diputado del PAN, Diego Echevarría, quien junto con las integrantes de su bancada, Amintha Briceño Cinco y Alejandrina Corral Quintero, advirtieron que irán en contra de la empresa Fisamex y de la administración de Jaime Bonilla Valdez, por un quebranto de millones de pesos en agravio de las arcas estatales.
En conferencia de prensa, el legislador blanquiazul, anunció medidas legales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los cobros abusivos de la empresa Fisamex, mismos que han tenido consecuencias hacia el actual gobierno, pues los bajacalifornianos se han visto obligados a devolver más de 100 millones de pesos recaudados por dicha empresa, la cual no se ha hecho responsable del 20 por ciento que cobró.
“Lo último que propusimos en el grupo parlamentario en la Junta de Coordinación Política es que el Auditor hiciera una auditoría específica; decirles que se confirma que no se debió contratar FISAMEX, ni siquiera estaban las comisiones operadoras del agua facultadas para contratar esta empresa y conferirle, por medio de concesión, facultades exclusivas de los empleados de las comisiones de agua”, refirió el diputado, quien agregó que según el estudio de la Auditoría Superior del Estado, habría salido más barato pagar horas extra a los empleados de las comisiones de agua que contratar a dicha empresa, cuyo trabajo de campo es cuestionable.
Agregó que Fisamex “recaudó” mil 810 millones de pesos, de los cuales mil 239 se encuentran en proceso judicial. Dicha empresa recibió un monto de 354 millones de pesos y las comisiones de agua se han visto obligadas a devolver ya poco más de 100 millones de pesos, sin cobrárselos a dicha compañía originaria de Sonora.
Echevarría indicó que existen funcionarios o representantes populares que permanecen vigentes dentro del servicio público. Como ejemplo se exhibe al alcalde de Tecate, Darío Benítez; y al titular de SEPROA, Armando Fernández Samaniego, quienes dirigieron la CESPTE y CESPM, durante la gestión de Bonilla Valdez, donde además firmaron documentos.
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Entre las irregularidades plasmadas es que no contaban con facultades para otorgar dicha concesión de cobro y que no hubo una garantía de sus servicios dentro del contrato. Es decir, nunca se plasmó que sí había un litigio perdido en el que tuviera que devolverse el dinero, la empresa debería responder.
El legislador panista, quien ha dado seguimiento al tema desde casi el arranque de su gestión como representante popular, refirió que la ASEBC, notificará en próximos días a la Secretaría de Honestidad y Función Pública para que presenten una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y que lleven a cabo el proceso administrativo correspondiente.
Mientras tanto, el propio diputado anunció que presentarán las denuncias correspondientes para acelerar la investigación en contra de Bonilla y de la misma empresa.
