El abuso sexual contra 15 menores en la Escuela “Leona Vicario” y otro caso en un jardín de niños en Rosarito, evidencian la frágil acción preventiva del Sistema Educativo
Los casos de abuso y hostigamiento sexual al interior de planteles educativos de Baja California han dado un golpe de realidad a la sociedad, sobre todo al sector educativo de la entidad, el cual “olvidó” la problemática durante los dos años de pandemia, pero de ninguna manera es una situación nueva.
En diciembre de 2022 se dio a conocer el caso de la Escuela Primaria “Leona Vicario”, en la cual 15 menores de edad fueron víctimas -presuntamente- de agresiones sexuales por parte del docente que impartía clases a dos grupos de niños y niñas de tercer año.
Luego de darse a conocer el primer caso, gracias al reclamo de familiares, se dio una escalada de denuncias contra el docente hoy imputado, el cual tuvo oportunidad de cometer al menos 15 agresiones antes de ser detectado por autoridades del plantel.
Días después se dio a conocer que Ricardo Roberto, el docente implicado, había sido removido de una escuela ubicada en la colonia Robledo por las mismas conductas lascivas hacia los infantes.
El secretario de Educación, Gerardo Solís, ofreció una disculpa pública por el caso ante los medios de comunicación por lo ocurrido, pero aun así la dependencia tardó en tomar acciones contundentes contra el caso.
A los pocos días de la captura de Ricardo Roberto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a cargo de Miguel Ángel Mora Marrufo, dio a conocer una serie de recomendaciones hacia la Secretaría de Educación y la Fiscalía General del Estado (FGE) por otro caso de abuso sexual cometido en el Jardín de Niños “María Lallave Urbina”, ubicado en Rosarito, donde se implicó a Ulises -empleado de mantenimiento- la agresión en contra de infantes. A la fecha el sujeto sigue impune, pero la CEDH exhibió los graves errores cometidos por ambas autoridades, sobre todo las educativas.
Evidentemente, los dos años de pandemia generada por la COVID-19 nulificaron el contacto de docentes y empleados del sector educativo hacia los alumnos, pero en la nueva normalidad es necesario y urgente definir nuevos criterios de identificación y prevención de actos de carácter sexual para la protección de menores, más allá incluso de la protección del propio aparato gubernamental y sindical que se vive frecuentemente.
Urge un análisis psicológico, no sólo de conocimientos, para determinar si una persona es capaz de atender a menores de edad al interior de las aulas. Pero no sólo eso. También urge un planteamiento de protocolos para la detección de conductas inapropiadas y hechos delictivos al interior de los planteles educativos, ya sea para proteger a los menores y a los propios docentes.
Evidencia clara es la denuncia de la maestra Ana Salazar Magallanes, de Mexicali, quien reclamó públicamente y ante la FGE, que desde 2018 ha sido víctima de hostigamiento sexual por parte del director del plantel educativo de la Secundaria Técnica 18, el cual -según la víctima- ha sido constante, pero también ha recibido protección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del propio Sistema Educativo y de sus compañeros, toda vez que han hecho reuniones a sus espaldas y dentro del plantel para saber cómo resolverán “el problema con la docente”. Sin mencionar que de alguna forma tuvieron acceso a la carpeta de investigación e hicieron circular la declaración de la víctima, para posteriormente hacerle reclamos.
Esto es una revictimización solapada por toda la estructura organizacional del plantel educativo y del propio sindicato, que procuró cuidar al docente acusado que a la víctima, quien tiene un nivel jerárquico menor.
Por el bien de alumnos, docentes y trabajadores del sector educativo, es necesario plantear un protocolo de atención a casos de abuso, los cuales se viven todos los días, pero infortunadamente se han normalizado.
