Hace dos décadas más de 100 trabajadoras de la empresa calamarera de capital chino y surcoreano Hanjin, fueron despedidas injustificadamente, sin que hasta la fecha las autoridades en materia laboral hayan podido lograr justicia para quienes continúan en pie de lucha en la comunidad de Santa Rosalía, Mulegé.
A través de testimonios en los últimos años exhibieron los abusos y atropellos a derechos humanos que sufrieron laborando en la maquiladora, con jornadas laborales nocturnas de más de 12 horas, que iniciaban desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana.
En marzo de 2022, de acuerdo con la documentación periodística de este caso, por fin se dio el embargo precautorio a una compañía coreana en favor de trabajadoras calamareras; sin embargo, hasta la fecha no han obtenido lo que les corresponde.
Esta semana los representantes legales de las llamadas “calamareras”, Iván Castro Beltrán y Gilberto Piñeda Bañuelos, informaron que quedó abierta una mesa de diálogo y el Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Entregaron un pliego petitorio, en el que exponen las principales demandas de las afectadas en contra de la empresa Hanjin México, S.A. de C. V.
En el primer punto, solicitan al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, que proceda por convicción a iniciar con el procedimiento de expropiación por utilidad pública de los predios acordados por la Junta Especial No.58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, como procedentes para tener como asegurados los bienes propiedad de Hanjin.
Esto como providencia cautelar con fecha del 30 de mayo de 2014, que consiste en tres lotes de terrenos: uno de cinco mil 257.79 metros cuadrados (m2), otro de 687.75 m2 y otro de mil 821.83 m2.
“Proceda, por justicia social, a la indemnización de todas y cada una de las 96 trabajadoras, incluidos los familiares de las trabajadoras fallecidas; consistente en tres meses de salarios, 20 días por temporada trabajada, prima de antigüedad, utilidad correspondiente al último año trabajado, pago de adeudos a las instituciones de seguridad social y salarios caídos”, dice el segundo punto del pliego petitorio.
En la tercera demanda de las calamareras, piden que se proceda por respaldo moral, a enviar una solicitud foral del Gobierno del Estado de Baja California Sur a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lo anterior con el objetivo de que el Gobierno de México solicite al Gobierno de Corea del Sur la búsqueda, localización y reconocimiento de la compañía HANJIN TRADING CO.LTD, persona moral demandada, por tratarse de la accionista mayoritaria de Hanjin México.
“Mientras se procede a estas peticiones, por nuestra parte seguimos atendiendo el procedimiento legal que corresponda ante la Junta Especial No.58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el poder Judicial de la Federación, y ante los Juzgados de lo administrativo y penal”, refirieron los apoderados legales.
Vinculan a proceso a exfuncionario
La titular de la Contraloría del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Cristina Buendía Soto, confirmó que han vinculado a proceso a otro exfuncionario de la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis. En este caso en particular, según expuso, se trata de un exservidor público que afectó de manera arbitraria el proceso de las calamareras.
Se trata de Jesús Manuel “N”, exfuncionario del Registro Público de la Propiedad de Comercio, quien canceló de manera ilegal dos embargos que favorecían a casi 100 trabajadoras que demandaron a la empresa surcoreana en Santa Rosalía.
“Recientemente acaban de vincular a proceso un tema de Santa Rosalía, respecto al asunto de las calamareras; ésa era una injusticia tremenda. Ahora sí que se hizo justicia porque fueron más de 90 personas”, compartió.
Recordó que el Registro Público de la Propiedad de Comercio ya es una dependencia del Gobierno del Estado, que anteriormente era del municipio. El exservidor ya fue vinculado a proceso por abuso, aunque se advierte que habrá más denuncias por este caso.
“Se denunció por abuso de autoridad; tenemos la cuestión administrativa, porque es lo que nos corresponde a nosotros castigar la conducta del servidor actual o exservidor público. Por la vía penal, conseguimos la vinculación a proceso. Denunciamos a la Procuraduría; ya fue el juez, ya lo vinculó a proceso por abuso de autoridad y seguramente después de sus declaraciones pudiera haber más exfuncionarios involucrados”, finalizó.
