De acuerdo con asociaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua (Freciudav), la empresa minera La Pitalla, que lleva más de una década intentando iniciar un desarrollo en la población de San Antonio, municipio de La Paz, continúa activa y en acecho de la comunidad.
La asociación alertó a la ciudadanía sobre el hecho de que “La Pitalla” cambió recientemente de dueños, sin embargo, aunque tenga otro nombre, prevalece la intención de concretar la mina de extracción de oro que ha sido frenada por la sociedad sudcaliforniana en más de una ocasión.
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“Ahora el proyecto de mina tóxica San Antonio-La Pitalla cambia de dueño y, obviamente, regresa la amenaza. ¿O pensaste que el problema de la mega minería tóxica ya se había terminado solo porque el Presidente dijo ‘no a la minería en BCS’?”, expone el Freciudav.
En octubre de 2022, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no habría nuevos desarrollos mineros en Baja California Sur; no obstante, durante su visita a la entidad no entregó ningún escrito a las asociaciones donde se haga constatar este compromiso.
El Freciudav señala que López Obrador tampoco se atrevió a cancelar las concesiones mineras, por lo que, consideran, la amenaza persiste, ya que algunas empresas tienen derechos de explotación por más de 50 años, con posibilidad de que se extiendan hasta un siglo.
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“La compañía Heliostar ha celebrado acuerdos definitivos con Argonaut Gold (dueños de La Pitalla) para adquirir el Proyecto de mina de oro Ana Paula (ubicado en el estado de Guerrero) y optar por el Proyecto de mina de oro San Antonio-La Pitalla, ubicada en Baja California Sur”, explicaron.
Cabe recordar que se trata de un desarrollo distinto a “Los Cardones”, que busca instalarse en la Sierra de la Laguna desde hace más de una década.
La empresa minera de capital canadiense Heliostar Metals Limited, dio a conocer que compró las acciones de Aurea Mining, por lo que advierten que el proyecto de La Pitalla podría buscar el permiso ambiental para su ejecución.
Las asociaciones civiles han reclamado que, aunque el Presidente de la República y el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, se han manifestado en contra de estos proyectos mineros, no han aplicado los candados correspondientes para evitar su entrada.
En el caso del gobernador, no ha publicado las zonas de salvaguarda que evitaría la instalación de cualquier tipo de desarrollo o proyecto que ponga en riesgo los mantos acuíferos de Baja California Sur.
Se trata de una ley que fue vetada por el exgobernador Carlos Mendoza Davis, y que se encuentra lista para publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur para que entre en vigor.
Víctor Castro Cosío declaró que esta ley debe ser revisada nuevamente por el Congreso del Estado; y si la “reaprueban”, procederá a publicarla. No obstante, no hay fechas ni exhortos por parte del Poder Ejecutivo para que las zonas de salvaguardas entren en las prioridades de la agenda del Poder Legislativo, a pesar de los exhortos que académicos, investigadores y especialistas han hecho.
