Mientras el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López “El Ratón” interpone acciones legales que impiden su extradición y entrega a Estados Unidos, aún existe opacidad respecto a los resultados del violento operativo de captura ocurrido el 5 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, pues aunque se informó de la detención de 21 personas como miembros de la delincuencia organizada, es fecha que no se revelan nombres, dónde fueron encarcelados, ni a cuál autoridad entregados.
Tampoco se sabe quiénes eran, a dónde pertenecían, ni dato alguno de los sitios donde fueron abatidos 19 individuos que supuestamente pertenecían al grupo criminal de “Los Menores” o “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, junto con los 10 elementos de las Fuerzas Armadas que también perdieron la vida durante enfrentamientos ocurridos ese “jueves negro” en Culiacán y otros municipios sinaloenses.
En los corralones quedaron decenas de vehículos calcinados, utilizados por sicarios y simpatizantes de “El Ratón” para bloquear vialidades urbanas y carreteras, cuya tarea de retiro de las calles duró varios días. Los últimos en ser remolcados, se localizaron sobre el camino principal a la Sindicatura de Jesús María, en las proximidades de Culiacán, donde ocurrió la detención del objetivo del Ejército Mexicano.
De los delitos en flagrancia que habría cometido Ovidio Guzmán López, como disparos en contra de sus captores, portación de armas de fuego de uso reservado para las Fuerzas Armadas, posesión de droga y algún otro, nada se ha informado del posible inicio de un proceso penal. Sólo se conoce del cumplimiento de la orden de detención provisional
con fines de extradición internacional para que sea juzgado en la Unión Americana.
Con relación a ello, el 6 de enero, ya estando recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al reclamado se le decretó prisión preventiva oficiosa con fines de extradición por 60 días, en tanto se formaliza la solicitud del gobierno norteamericano como lo establece el tratado internacional suscrito en la materia por los dos países involucrados. En esa audiencia, la defensa de Ovidio pidió se suministren las medicinas que el joven requiere para sus padecimientos de ansiedad y depresión.
En el marco de la visita del Presidente estadounidense Joe Biden, junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para asistir a la X Cumbre de Líderes de América del Norte los días 9 y 10 de enero en Ciudad de México, su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró -en un principio- que no se trató la detención de Ovidio, y en conferencia de prensa, cuando una reportera preguntó al mandatario norteamericano sobre el impacto que podría tener esa captura para el combate al tráfico de fentanilo, el tabasqueño alargó una respuesta por más de 26 minutos y Biden ya no tuvo tiempo de contestar.
FRENO A EXTRADICIÓN
El mismo día de la detención de Guzmán López y su traslado al penal de máxima seguridad Altiplano, dos personas presentaron demandas de garantías en su nombre ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México. Ambos escritos, similares en cuanto a los actos reclamados, solicitaron que no se mantuviera incomunicado al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se conociera su paradero y se permitiera el contacto con su familia y abogados.
La primera demanda, registrada bajo el número 24/2026, fue firmada por Samuel Tadeo Tinajero. En ella se señala como autoridad responsable al secretario de Gobernación, entre otras, y se reclaman actos de “incomunicación, deportación, expulsión, extradición y su ejecución”. El juez decretó la suspensión de oficio respecto de la incomunicación, así como cualquiera de los prohibidos por el Artículo 22 constitucional, para el único efecto que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos.
También concedió de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la extradición, para el efecto de que no se ejecute y “el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”. Sin embargo, cuando se cuestionó a Ovidio si ratificaba la promoción en su favor y no deseó hacerlo, se tuvo la demanda por no presentada y se anularon todas las providencias dictadas para protegerle.
LAS DEMANDAS DE AMPARO DE “EL RATON” … seguir leyendo
La Segunda de las demandas de amparo radicada ante el mismo juzgador, en el expediente 26/2023, fue interpuesta por Alberto Díaz Mendieta, en contra de tortura física y psicológica, incomunicación y también el acto de extradición. En este caso, el juez decretó la suspensión de oficio para que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos “y bajo las disposiciones legales e institucionales se le permita al directo quejoso comunicarse con familiares o entrevistarse con los defensores que como tales designe”.
En este juicio de amparo se decretó la suspensión provisional respecto del acto de extradición y su ejecución, para el efecto de que “no se ejecute y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América”. De lo anterior se dio intervención al agente del Ministerio Publico de la Federación. Esta medida cautelar impide de momento llevar a cabo la extradición sin que se desahogue el procedimiento correspondiente.
Una tercera demanda de garantías fue presentada el martes 10 de enero ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, donde el asunto fue registrado bajo el número 39/2023. Los actos reclamados del Presidente de la República y otras autoridades son los de destierro, proscripción, deportación, expulsión o extradición a Estados Unidos bajo cualquier título o condición. En este caso se consideró improcedente decretar suspensión de plano, por lo que tendrá que esperarse si se concede o no la provisional.
Sin embargo, es importante señalar que todos los amparos que se promuevan sólo tendrán por efecto suspender el acto de una posible entrega en la fase incidental, pues mientras la solicitud formal de extradición no sea formulada por el gobierno extranjero, todas las demandas están destinadas a causar sobreseimiento porque el acto reclamado aún no existe jurídicamente.
“El Ratón” Guzmán es pretendido por la Corte Federal en el Distrito de Columbia que el 2 de abril de 2018 dictó orden de captura en su contra por cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana.
POSADA DEL GOBERNADOR
Al paso de los días, en la Sindicatura de Jesús María, a unos 20 minutos de Culiacán, pobladores exigieron a militares llevarse granadas de fragmentación que quedaron en el jardín de la mansión de Ovidio Guzmán López tras la refriega. También solicitaron la salida de los elementos de la Policía Estatal de Sinaloa, el restablecimiento de los servicios de agua y luz que les fueron cortados y el libre acceso de entradas al poblado. La vivienda baleada, rastros de sangre, cientos de casquillos percutidos por armas de alto poder y vehículos averiados o calcinados, quedaron en medio de un campo de batalla.
Los pobladores reclamaron la polaridad del gobierno, pues apenas en las dos semanas previas al final de 2022 habían recibido juguetes y otros regalos por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien compartió varias horas de “posada” con los habitantes el 19 de diciembre, hecho constatado por las propias publicaciones de los órganos de difusión del Gobierno del Estado. Boletín, fotos, posteo en redes sociales y notas en medios de comunicación locales lo confirman.
La entrega de obsequios navideños que congregó a miles de personas de varias comunidades aquella tarde, se realizó a menos de 500 metros de la casa de Ovidio, cuya vigilancia exterior, vehículos y halcones en el camino no podían haber pasado desapercibidos, además del conocimiento público de que en ese lugar vivía el hijo de “El Chapo” Guzmán, que presuntamente también auxiliaba a la población en algunas de sus necesidades.
El gobernador Rocha Moya estuvo acompañado de su hija, Eneyda Rocha Ruiz, quien preside el Sistema DIF Sinaloa; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el de Badiraguato, José Paz López Elenes; y el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, entre otras autoridades municipales y estatales. El comunicado oficial señala que la posada fue una “mega fiesta” en la que casi dos mil niños que asistieron con sus familias, recibieron dulces, juguetes y bicicletas.
Además de mil 250 bicicletas para los niños, se rifaron artículos para el hogar entre los adultos, como refrigeradores, pantallas de televisión, hornos de microondas y diversos electrodomésticos. El gobernador se dio el gusto de pegarle a la piñata, y como hubo niños que se quedaron sin bicicleta, Rocha Moya se comprometió a enviar más en los siguientes días. La promesa fue cumplida y personal de DIF regresó a entregar otra buena cantidad de biciclos para rebasar los dos mil, según se conoció.
