“No hay denuncias, pero sí hay cobro de piso, el problema es el miedo y la falta de confianza en las autoridades”, reflexiona Genaro de la Torre, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal (CCSPM) de Tijuana.
Existen ejemplos del cobro de piso como lo sucedido el 6 de enero en un café en el fraccionamiento El Paraíso, donde un enjuto delincuente llegó y dijo a la empleada del lugar: “Somos de un grupo élite, fíjate muy bien, tu patroncito le dices en cuanto lo veas que tiene que pagar plaza con mi patrón, que le piden 5 mil pesos al hijo de su puta madre, ahorita nos mandaron. Dile que la fecha en que quedó de pagar este dinero, ‘pos por estar aquí (inaudible) los pendejos (inaudible) que contesten, porque les estamos marcando y no contestan”. Después de ello, el hombre advirtió que destruiría todo el local, para al final huir corriendo, llevándose lo que había en caja.
Antes, a finales de diciembre, el extorsionador de un restaurante en Plaza Santa Cecilia en la Zona Centro de Tijuana fue más directo. Llegó el día 25 e incendió un bote de basura del negocio, después regresó el día 30 y dejó un mensaje en el que exigió 3 mil dólares y un número telefónico para que la víctima se comunicara.
Previamente, el 31 de agosto de 2022, intentaron extorsionar una escuela en El Refugio, Delegación Presa Rural. Un hombre habló por teléfono, advirtió que era del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y si querían estar seguros debían pagar 30 mil pesos.
De hecho, el primer semestre de 2021 estuvo plagado de denuncias de pequeños comerciantes, quienes recibieron pedazos de hojas de papel o cartulinas donde les informaban que grupos del crimen organizado -CJNG o Cártel Arellano Félix- les pedían dinero a cambio de no agredirlos o protegerlos, y les dejaban un número de teléfono para comunicarse para el pago.
“La gente que no denuncia, la cifra negra es muy grande, del 97 por ciento”, expuso De la Torre, de tal forma que las 67 denuncias que se presentaron en Tijuana, deberían ser en realidad más de 2 mil 300, y las 170 que se interpusieron en Baja California, serían hasta 5 mil 600.
MÁS VIOLENCIA CONTRA COMERCIANTES Y PROFESIONALES
“El cobro de piso es un delito que escala, empieza con amenazas verbales, luego amenazas físicas, que evoluciona a daño en propiedad privada, y después pueden llegar a involucrarse con la familia e incluso terminar con la desaparición de las personas o su muerte. Es un delito invisible y difícil de investigar que debe detenerse en sus primeras etapas”, reclamó Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano Estatal de Baja California.
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A pesar de las pocas denuncias, en Mexicali la extorsión va al alza igual que en Tijuana, donde de 2020 a la fecha, ha aumentado un 30% pese a no existir protocolos que faciliten la presentación de una denuncia, y lo poco que se denuncia, no se investiga.
En ese contexto de impunidad, durante los dos meses recientes se han registrado otros ataques más violentos.
El lunes 9 de enero, un cirujano plástico con 31 años de experiencia fue interceptado en un inmueble de su propiedad donde trabaja en plena Zona Río, a 100 metros de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los atacantes portaban placas de policías y se ostentaron como tales, manifestaron saber que la víctima poseía propiedades en ambos lados de la frontera y le dijeron que lo iban a detener y lo estaban investigando por “lavado de dinero” relacionado con sus propiedades; la víctima rechazó los señalamientos.
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Lo sometieron, lo secuestraron durante poco más de una hora, se lo llevaron a una calle en al fraccionamiento Las Brisas, lo golpearon y torturaron psicológicamente, querían dinero y le exigían que les dijera dónde estaba. Al final le robaron los dólares que había ganado ese día de trabajo, las joyas que traía encima y lo abandonaron dentro de la cajuela de su auto. El caso lo lleva la Unidad Antisecuestros.
El viernes 13, otros presuntos policías, encapuchados y vestidos de negro, le robaron un maletín a un agente inmobiliario en la colonia Gabilondo. Los ladrones huyeron en un Nissan March rojo y un pick-up colorado gris que, tras ser rastreado, se localizó atrás de un Oxxo en las inmediaciones de la FGR. Cuando una pareja de agentes municipales intentó asegurarlo, fueron rodeados por un grupo de jóvenes que se presentaron como agentes de la FGR y trataron de evitar que se llevaran la unidad con placas sobrepuestas. Tras un zafarrancho y la llegada de más elementos de ambas corporaciones se lo pudieron llevar, pero los agentes federales bajaron una caja que estaba en el auto. Este asunto se investiga como robo.
También el 9 de enero, un negocio de venta de tarimas de madera en la delegación Sánchez Taboada, que además es punto de firma para la Policía Municipal, fue incendiado durante la madrugada, también balearon el local pasadas las cinco de la mañana. Los perpetradores huyeron en un Honda Accord blanco. El dueño no informó haber recibido cobro de piso.
El 21 de enero de 2022, criminales dejaron un cadáver frente al local que también balearon y provocaron un incendio con bombas molotov. Desde entonces, los hechos quedaron registrados como “posiblemente relacionados con cobro de piso” y la implicación de rencillas con otros vendedores de tarimas de la zona.
Antes, la primera quincena de diciembre, hombres quemaron una escuela de danza en la delegación La Mesa, el día 8 incendiaron un taller de carrocería en Zona Río, además de una pollería y un negocio de clamatos en la colonia La Gloria; dos días después regresaron a terminar de quemar este último puesto.
El lunes 26 de diciembre, otro hombre incendió tres automóviles de clientes del restaurante Mykasa sobre Bulevar Díaz Ordaz y dejaron una hoja impresa asegurando que gente del restaurante chino Hainan les deben 200 mil pesos y amenazan que van a quemar a todos los restaurantes orientales por esa razón.
Cada una de las víctimas de estos incendios intencionales, negó haber recibido amenazas o peticiones de cobro de piso, por lo que los expedientes siguen sin avances, registrados como “daño a propiedad privada”.
CLÚSTER MÉDICO
Respecto al secuestro del médico y la ausencia de un posicionamiento, Rodrigo Robledo, en representación del Clúster Médico -al igual que representantes de los consejos ciudadanos- afirmó que el caso del cirujano fue algo muy repentino y no se pudieron comunicar con la víctima, por lo que era irresponsable reaccionar a lo expuesto sólo en redes sociales, así que estaban esperando una repuesta de la Fiscalía General del Estado, responsable de la investigación.
“No tenemos datos directos, son temas muy dolorosos y se mantienen por lo general muy herméticos. No es nada cómodo, cualquier privación de cualquier tipo es lastimosa, aunque sean cinco minutos se da en muchos ámbitos y hay que estar alertas”, expuso el entrevistado.
Sin embargo, ese crimen fue el detonante para que el clúster tuviera su cuarta reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana de Tijuana, Fernando Sánchez, el 16 de enero.
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“Los acuerdos fueron establecer un diálogo constante y permanente, ya generamos un puente para establecer rutas criterios acciones relacionadas a la seguridad pública local en lo que corresponde al área de la salud. Tratar de entrenar en el manejo de herramientas digitales botón de pánico, funcionamiento del C2 y C4-, al personal, a los doctores y sus familias en relación a la seguridad pública qué debemos hacer en condiciones de amenazas. No puedes dejarlo pasar, tienes que avisar de preferencia a la autoridad”, afirmó el representante del Clúster Médico.
SIN DENUNCIA, EL DELITO NO EXISTE
“El año pasado, cuando México Evalúa vino a hacer un estudio sobre el cobro de piso, nos preguntaron y no teníamos información que estuviera sucediendo, era algo que se oía en radio pasillo, pero cuando no acercamos a varios grupos de la sociedad de diferentes poderes adquisitivos, creíamos que el problema era mínimo, pero nos dimos cuenta que sí es sistemático y grave”, expuso Genaro de la Torre, del CCSPM Tijuana.
“Por lo general afecta a comercios, en ocasiones a algunos profesionistas, mercados sobre ruedas y pequeños negocios. Es en toda la ciudad, pero con mayores facilidades en la periferia, en las zonas más lejanas, con menos vigilancia, donde faltan patrullas y policías, zonas con menos infraestructura, con más comercio informal, que la gente tiene el negocio en sus casas y con menos acercamientos a las autoridades”, subrayó.
De acuerdo al estudio de México Evalúa, las víctimas son vigiladas para establecer sus rutinas, debilidades y posibilidades de pago y cuotas desde 400 pesos semanales hasta 3 mil dólares mensuales, o 5 mil en una sola exhibición. Es tan común que “las personas que no han sido víctimas del delito asumen que lo serán eventualmente”.
“Generalmente aceptamos pagar, te digo que a veces por miedo, pues es que… cómo te diré, tampoco está la libertad de elegir”, declaró una víctima en el mencionado estudio.
“Ya les viste la cara, en el momento en que tú les miras la cara a las personas, cuidado porque ahí ya entras en una situación”, relató otra víctima.
“Nos dimos cuenta que el problema número uno es el temor de la ciudadanía a denunciar porque no hay confianza, entonces la fiscalía dice ‘aquí no está pasando nada’, y lo escuchamos en las declaraciones de parte del fiscal”, recordó De la Torre en círculo vicioso.
Pero no cualquiera se anima a denunciar. Aseguró que más allá del discurso oficial de “no hay denuncias”, el fiscal Ricardo Carpio se manifestó interesado en tratar el tema del cobro de piso como se hizo con el secuestro.
En el periodo más álgido de secuestros en BC, cambiaron a todos los integrantes del grupo de investigación por gente nueva y confiable. Al respecto, el fiscal regional Edgar Mendoza dijo: “Las extorsiones están en el área de Patrimoniales, pero si la gente denuncia, podemos designar un grupo de investigadores, Ministerio Público exclusivo que se especialice en esas denuncias. O de entrada podemos trabajar con el Grupo Antisecuestros.
“Entendemos el miedo, incluso la falta de confianza, pero les pedimos la oportunidad de que denuncien y den seguimiento, que nos acompañen en todo el proceso, nos faciliten la información a su disposición porque la necesitamos, tenemos el equipo tecnológico y la gente para poder dar resultados y ganar la confianza de la gente. Pero no podemos investigar lo que no existe o desconocemos”.
De acuerdo a la información oficial, de las 170 denuncias, el 75% son llamadas telefónicas, esas que usualmente se hacen de otros estados, muchas desde los Centros de Readaptación Social. El otro 25% son los cobros de piso, y de esos, únicamente el 5% las víctimas tienen contacto físico con los delincuentes.
OPERATIVO CONFIANZA
“Empezamos acercarnos a comerciantes, profesionistas, mercados sobre ruedas, pequeños negocios que no están afiliados a cámaras y no tiene contactos con autoridades, con vecinos vigilantes; vamos a las colonias a decirles que hay policías en los que sí pueden confiar”, manifestó Genaro de la Torre.
“Les hablamos a los comerciantes de la importancia de que se organicen, que trabajen juntos y colaboren con la autoridad”, agregó.
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Ofrecen al Consejo Ciudadano como intermediario, reciben las denuncias de cobro de piso personalmente o al teléfono 664-305-5555.
“Cuando estas cosas suceden, uno se siente abandonado, que no hay a quien acudir, aquí hay acompañamiento para combatir y crear esa confianza, que vengan las denuncias”, y recordó el 089 como número de Denuncia Anónima.
De la Torre detalló que en una o dos semanas, iniciarán la campaña Operativo Confianza, en la que “colocaremos lonas en la ciudad exigiendo un alto al cobro de piso, señalando que no vamos a permitir que los maleantes se lleven el patrimonio familiar y trabajaremos con todos los comerciantes; los invitaremos a denunciar, si no lo quieren hacer ante la fiscalía, que lo haga a través de los coordinadores del comité ciudadano, o que lo manden al comité y nosotros lo hacemos llegar a la autoridad. Que tengan la seguridad que no se les va exponer, invitándolos a exigir y trabajar todos al mismo tiempo”, exhortó el titular del CCSPM Tijuana, para concluir:
“Cuando somos todos los que estamos exigiendo, los delincuentes no pueden detener un objetivo de ataque específico”.
