Hacinamiento, falta de personal, poca infraestructura, corrupción, desinterés y falta de capacidad en manejo de penales, ha derivado en varios motines; comisión estatal penitenciaria, omisa y opaca
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no debe minimizar ni dejar pasar la situación que viven las personas privadas de la libertad en Baja California, porque una situación que hace 10 años estaba controlada, hoy puede volverse trágica y enmarcar de forma negativa su mandato.
Era septiembre de 2008 cuando la flamante administración del panista José Guadalupe Osuna Millán, sufrió la primera gran crisis de su gobierno y fue precisamente en la penitenciaría de Tijuana, donde un motín se salió de control y culminó con un enfrentamiento que dejó casi una veintena de reos muertos.
La tragedia fue condenada por organismos de Derechos Humanos, pero también dejó entrever el poderío de los grupos delictivos al interior de los Centros de Reinserción Social de la entidad.
En esa época era frecuente la fuga de internos y los conflictos entre guardias y privados de la libertad, pero tras la tragedia, los gobiernos no tuvieron otro remedio que invertir en los cinco penales de Baja California.
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Desde ese año, cuando se inauguró El Hongo II, el Gobierno del Estado no ha hecho una magna inversión para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, fue hasta 2020 que comenzaron a mostrarse los primeros problemas.
Desde la administración de Jaime Bonilla Valdez, internos de El Hongo y de los Cereso de Tijuana y Mexicali, han realizado constantes altercados derivados de la mala calidad de la alimentación, el hacinamiento y de manera más reciente, por pugnas de reclusos que buscan establecer autogobiernos.
En el Cereso de Mexicali, uno de los conflictos se originó cuando internos lograron romper los barrotes con sus propias manos, mientras que, en Tijuana, en 2022, un guardia penitenciario fue tomado como rehén por los reclusos.
La misma Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) -que por cierto abandonó las evaluaciones anuales a los sistemas penitenciarios del Estado desde el arribo de Miguel Ángel Mora Marrufo- emitió tres recomendaciones a causa de conflictos generados dentro de los penales.
La Recomendación 1/2022 es relativa a la seguridad y reinserción social; la 2/2022 versa sobre alimentación y salud; y la 3/2022, sobre infraestructura y equipamiento penitenciario.
La intervención de la delincuencia organizada dentro de los penales, las precarias condiciones de infraestructura y las carencias en salud y alimentación, son evidencia de una falta de política pública de atención y reinserción social.
De hecho, en su Informe de Gobierno, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López comentó que los internos hombres tenían acceso a educación durante su proceso de reinserción, algo que las mujeres no tenían.
Hay que dejar de lado la visión corta y clasista que tolera el sufrimiento de los internos de los Cereso de Baja California, bajo el argumento que deben pagar por sus delitos e ir más allá por las graves consecuencias que generarían las omisiones dentro de los penales, pero también porque cada año se invierte dinero de los ciudadanos en garantizar el cumplimiento mínimo de los Derechos Humanos, lo cual no se ha visto reflejado debido al rezago de al menos 10 años que se tiene.
La gobernadora y la comisionada María Elena Andrade Ramírez tienen una bomba de tiempo en los Cereso de Baja California. Están a tiempo de resolverlo y evitar una tragedia que arrastre su gestión por los próximos cinco años.
