Alrededor de 100 migrantes desplazados provenientes en su mayoría de Michoacán y de Guerrero, así como algunos hondureños y salvadoreños, se manifestaron este miércoles 30 de noviembre a las afueras del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, para exigir la agilización del trámite de asilo político, pues aseguran no están seguros en territorio mexicano.
Amenazas de muerte, extorsiones, despojo de bienes, violaciones y desapariciones, es por lo que muchos migrantes de origen michoacano y guerrerense llegaron a la ciudad al albergue Agape ubicado en la colonia Nueva Aurora Sur, actos que son cometidos por miembros del crímen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
“Vengo desde Guerrero porque amenazaron a mi esposo con que iban a levantar a mis tres niñas; querían que él entrara a su organización, pero él no quiso y salimos huyendo, dejamos todo para salir de ahí y proteger a nuestras hijas y nuestra vida”, contó una migrante.
El 95% de los migrantes llegó hasta Tijuana por la misma razón; entre sus narrativas todos denunciaron que su situación actual se debe al crimen organizado, particularmente de los grupos Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Los Correas, que aseguran operan con total impunidad en ambos estados de la República, situación similar a la de los centroamericanos a quienes acosan las pandillas de Honduras y El Salvador.
Historias de desplazamiento
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“Venimos de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ahí llegó gente armada de los cárteles [JNG y Los Correas] que se están disputando el territorio y llegaron a pedirnos dinero, una cantidad muy fuerte [200 mil pesos], somos de bajos recursos, no teníamos el dinero y nos dijeron que se iban a llevar a los niños y a los hombres; a mi hermano se lo llevaron a punta de pistola, no sabemos nada de él [desde el 29 de octubre], no pudimos levantar una denuncia porque las autoridades están coludidas. Las calles están sangradas porque matan a la gente en la vía pública y las autoridades no hacen nada”, relató una mujer.
“Hace poco mataron a mi sobrino y a otro lo metieron preso por crímenes de los carteles de Michoacán porque no querían cooperar con ellos; a mi esposo lo amenazaron con que si no se iba con ellos a trabajar nos iban a quitar al niño, porque mi hijo [que solo tiene 12 años] ya puede agarrar un arma de fuego, estoy aquí por esa razón, yo pido ayuda. Tuvimos que vender lo poco que teníamos y abandonar nuestra casa para venir a Tijuana a pedir asilo político, sabiendo que ahí ya no podíamos estar. No quiero perder a mi hijo; no estamos seguros, ellos están en dondequiera, consiguen información. Le pido al presidente [Joe Biden] que abra su corazón y nos deje pasar a Estados Unidos por asilo político”, habló una ex residente de Nueva Italia de Ruiz, Michoacán.
“Tengo como tres semanas que llegué aquí igual que todos vengo huyendo de la delincuencia, tengo dos intentos de asesinato y amenazas de muerte, nunca me los tomé en serio. Un domingo en la madrugada llegaron a mi casa y me sacaron, de hecho a Tijuana llegué quemada y golpeada, ni siquiera sé porqué. En mensajes me han dicho que me van a matar y que saben en dónde estoy, tengo mucho miedo porque mi mamá se salió de mi casa porque ya ni siquiera pueden estar ahí. Yo vengo sola y me pongo a pensar que no quiero que sigan esa cosas en mi pueblo, las mujeres somos muy discriminadas, no me quisieron levantar la denuncia en la Fiscalía porque no había a quien denunciar, están coludidos. Esa gente todas las noches va a mi casa, mi mamá ya no puede estar en paz, está amenazada. Todo fue porque no quise trabajar con ellos”, mencionó Juana Lilia, originaria de Tacámbaro, Michoacán.
“Llegué hace un mes, igual que todos, huyendo de la delincuencia. Estaba trabajando con un primo hermano en el campo, a él se lo llevaron, lo encontró un perro ya muerto, degollado. A él le pidieron dinero, le quitaron su casa y su carro; a mí me arribaron y me dijeron que ya sabían que era su primo hermano y que a fuerza les tenía que entregar los papeles [de las propiedades], me dieron un tiempo y me dijeron que si no me iban a matar junto a mi familia” , relató un desplazado de San Marcos, Guerrero.
Según los testimonios de los desplazados, es común ver en sus comunidades a miembros de los cárteles transitando en vehículos atascados con gente armada, ser amenazados, golpeados, tener toques de queda y dormir con la sinfonía que provocan los estruendos de las balas cada vez que hay enfrentamientos, todo con total impunidad, pues afirman que las autoridades de ambos estados están coludidas con el crímen organizado.
Mujeres víctimas del crimen organizado
Dentro del fenómeno del desplazamiento forzado a causa de los carteles de la droga que se apoderan más y más de las pequeñas comunidades de Michoacán y de Guerrero, las mujeres sufren cada vez más son víctimas de ello, pues los integrantes de las células delictivas las obligan a ser “sus mujeres” y de negarse, éstas y sus familias pagan un alto precio, salir huyendo por su vida.
Una mujer proveniente de Irimbo, Michoacán, quien llegó sola con su pequeña hija de 2 años, narró “venimos por violencia de las pandillas del cartel organizado que ya no nos dejan trabajar, a las mujeres se las cargan, secuestran y violan para después tirarlas muertas. Me dijeron que tenía que dar cuota [de 50 mil al mes] o si no me mataban, no tengo ese dinero; no quiero que nos maten; ya nos andan siguiendo; no me siento segura en ningún lugar”.
“Soy de Ciudad Hidalgo, llegué el 17 de noviembre y vengo huyendo de mi pueblo porque me quieren obligar a ser mujer de un miembro del crimen organizado; he recibido amenazas de que si no hago lo que me piden me van a descuartizar a mí y mi hija [de 4 años]; tengo mucho miedo, no puedo regresar, hice la denuncia, pero tuve que salir huyendo porque me dijeron que si hablaba sobre ellos eso me iba a pasar”, declaró ZETA una joven que también prefirió permanecer anónima.
“Vengo de Guerrero,tengo casi tres meses aquí. Fui secuestrada por mes y medio, me violaron en varias ocasiones, a mí me rescataron los militares, intenté poner una denuncia, pero las autoridades de Guerrero no hacen caso; ellos mismos les avisaron que yo estaba poniendo una denuncia y secuestraron a mis hijos y a mi cuñado, a él lo mataron. Desde que salí de ahí me han amenazado, yo pensé que no iban a localizar mi número, pero si lo localizaron; venimos pidiendo auxilio, no podemos volver”, narró una mujer.
“Estoy por acá porque mi marido me sacó de mi casa con mi hija; temo por mi vida, en las noches me despertaba ahogándome porque él me intentaba ahogar. Mi hija tiene 16 años, fuimos desplazadas de la casa a tal grado que cuando nos sacó metió gente armada, ahí hay varios grupos del crimen, han quemado casas, carros, motos, han balanceado gente, mataron a un hombre y lo quemaron en su carro; pedimos auxilio y asilo político” dijo Alicia Pérez, ex habitante de la comunidad Ojo de Agua de Bucio, Zinapécuaro, Michoacán.
“Hace tres meses yo estaba con una persona que resultó ser del cártel Jalisco, él vive en Zapopan, Guadalajara; cuando lo quise dejar no me dejó; creo que le están diciendo en dónde estoy. Me amenazó con quitarme a la niña por las malas, por eso vine a pedir asilo”, contó Valeria.
“Mi ex pareja me tenía amenazada de muerte, no quería que saliera de mi casa; su hijo pertenece a una organización que se llama la banda de ‘Los Olanchanos’. Él abusaba de mí, me violaba y me golpeaba, por eso pido ayuda, temo por mi vida”, relató una mujer originaria de San Pedro Osuna, Honduras.
“Yo vengo huyendo de la delincuencia que existe ahorita en El Salvador, la persecución que está dando contra las pandillas, uno no puede vivir agusto, ellos se cubren de las autoridades y llegan a las casas pidiendo que les des dónde vivir; si les ayudas o no siempre te amenazan; a mí me amenazaron de muerte, no pude poner la denuncia en mi país, estamos muy mal”, platicó una mujer proveniente de Sonsonate, El Salvador.
Migrantes sin servicios de salud
Dos madres migrantes mexicanas también comentaron que sus hijas están enfermas, una de un soplo en el corazón y otra de dolores de cabeza producto de un tumor cerebral, que aunque ya fue operado necesita de una segunda intervención.
“No traje su medicamento, he pedido por ella, la he llevado al Hospital General de Tijuana y no me dan más que un paracetamol, ella tiene dolores de cabeza, ya sufrió una operación”, mencionó Valeria.
En ambos casos, la respuesta del sector salud del Hospital General, según ellas, ha sido que no tienen el equipo y medicamento para tratarlas, pero tampoco las canalizan u orientan hacia donde pueden acudir.
Migrantes perseguidos
La mayoría de los entrevistados solicitó permanecer en el anonimato por temor a ser localizado por los delincuentes; incluso, se tapaban la cara con sus mismos carteles para evitar ser reconocidos.
Según activistas defensores de migrantes en Tijuana, el fenómeno del desplazamiento forzado masivo a causa del crimen organizado inició desde el año 2016, y en el último año ha crecido en al menos 50%.
Hasta octubre de 2022 se calculaban entre 3 mil 500 y 4 mil desplazados de origen michoacano y guerrerense, solo en Tijuana.
