Como resultado de los contingentes que se desplegaron en el país el 13 de noviembre en rechazo a la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los planes del primer mandatario referentes a llevar a elección la designación de consejeros electorales, entre otras medidas, se reconfiguraron; AMLO admitió que no cuenta con mayoría calificada y le sería complicado conseguir modificaciones de esa índole.
Se pronunció por hacer los ajustes sin ceñirse a la Constitución, modificando únicamente la Ley electoral, en un afán de poderlos lograr tan sólo con la mayoría simple (50% de votos más uno). El miércoles 16, reconsideró y admitió que no había forma de emprender tales cambios sin apelar a la vía constitucional. De ahí que apostara por una versión reducida de la iniciativa fundamental que presentó el 28 de abril y decidiera encabezar una movilización el 27 de noviembre.
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Las tres iniciativas que el titular del Poder Ejecutivo federal pretendió sacar adelante como reformas prioritarias para 2022, no se tradujeron en resultados favorables al movimiento de la Cuarta Transformación. El rechazo que tales propuestas produjeron significó que tendría que lidiar con la falta de dos terceras partes de la votación en el Congreso de la Unión (requerida para consolidar las enmiendas constitucionales).
Fue así que el proyecto de Reforma Eléctrica se vino abajo en la Cámara de Diputados y la propuesta para adscribir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas se tuvo que resolver por decreto presidencial. En tanto que para reformar el sistema electoral, el primer mandatario anunció modificaciones mínimas: reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), impedir la compra de votos y empatar la elección presidencial con la de legisladores.
AMLO califica a opositores de “clasistas” y “racistas”
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A la marcha en rechazo de la reforma y a favor del INE se volcaron “cientos de miles” de personas -a decir de organizadores- y se sumaron los líderes de PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente; el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski; el ex Presidente Vicente Fox; la otrora dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, entre muchas otras figuras del ámbito político.
La manifestación igualmente contó con la participación y ponencia única de José Woldenberg, quien fungiera como primer presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
En Tijuana, donde el contingente se desplegó por Paseo de los Héroes, participaron más de 7 mil personas, de acuerdo con la agrupación Unid@s (instancia organizadora), y además de empresarios, ex funcionarios públicos y ciudadanos en general, figuraron en calidad de manifestantes miembros de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Solidario Baja California (PES).
Tras la movilización emprendida “en más de 60 ciudades” (conforme a información del Comité Ejecutivo Nacional del PRI) y la cual tuvo eco en el extranjero, como al exterior de la Embajada de México en España, López Obrador afirmó que los opositores buscaban que el proyecto legislativo se votara a la brevedad en razón de que Morena y demás partidos impulsores de la 4T “posiblemente” no conseguirían “los 333 votos” necesarios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se desempeñan 500 diputados.
“Sostengo que (la Reforma Electoral) es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia”, expuso el Ejecutivo aun cuando su propio partido acaparó las preferencias en la elección presidencial de 2018, en la que él resultó victorioso, así como en las elecciones intermedias de 2021, en las que Morena se hizo de la mayor parte de gubernaturas en juego.
“Es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo, eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar, porque son muy corruptos, son muy clasistas y son muy racistas, entonces eso los trae muy molestos y quieren regresar por sus fueros y son capaces, porque ya lo han hecho, de imponerse mediante el fraude”, expresó en conferencia matutina.
La propuesta que López Obrador presentó el 28 de abril de 2022 para modificar la Constitución apunta a la sustitución del INE con un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyos integrantes serían elegidos directamente por la ciudadanía una vez postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Igualmente va encaminada a “una reducción de los consejeros del INE -once en la actualidad- a siete de manera directa”; desaparecer los órganos y tribunales locales electorales; disminuir de 500 a 300 los diputados federales; restar espacios en el Senado de la República; reducir las curules en los congresos de los estados; eliminar el financiamiento público ordinario a partidos políticos, entre otras medidas.
El 15 de noviembre, AMLO habló de la posibilidad de “proponer en una Ley o alguna reforma a la Ley Electoral, de que se elijan a los consejeros y magistrados” y “no haya plurinominales”.
La reforma constitucional “sería ideal”, aseguró, “pero son intereses, pues, de los oligarcas que no quieren la democracia, todo aquello que se pueda sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar”, agregó.
Al día siguiente se desdijo y reconoció que, con su reforma alternativa, en dado caso, sólo le sería posible disminuir el presupuesto al INE, abatir la compra de votos y empatar las elecciones presidenciales y de legisladores.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, había advertido que Andrés Manuel no podría modificar el método para designar consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral sacándole la vuelta a la Constitución.
“No (es posible). Se requiere la reforma constitucional” para el enmendar el procedimiento, lo mismo que para reducir el número de legisladores federales.
Detalló que “no se podría modificar la integración de la Cámara, los principios de representación proporcional y mayoría relativa, la composición del INE sin hacer la modificación (a la Constitución)”.
De procederse a reformar sin tomar en cuenta la Carta Magna, “33 por ciento de quienes componen la Cámara” acudirían a la Corte, “como ya lo hicieron en el caso de las leyes secundarias en materia de seguridad pública”.
También sugirió que la negativa del PRI a mostrarse condescendiente con el Gobierno Federal, luego que legisladores de ese partido se pronunciaron por prolongar la participación del Ejército en las calles hasta 2028 (en afinidad con el Presidente), fue lo que dio al traste a los planes de AMLO de modificar la Constitución en términos electorales, más que la manifestación del 13 de noviembre.
“No fue la marcha, porque el PRI se sentía que no le habían cumplido o que no se habían cumplido los acuerdos, fundamentalmente los ataques que a diario recibía el presidente del PRI, y creo que en la política los acuerdos son clave; si no se honra la palabra, los partidos se alejan”, aseveró.
Alejandro Moreno Cárdenas “siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad”, pues “la agresión sobre todo del estado de su origen (Campeche, con Layda Sansores como gobernadora emanada de Morena) sigue persistente y eso aleja la posibilidad de acuerdos”, precisó, para después abundar: “Sin el PRI no se lograría la mayoría constitucional”.
LÓPEZ OBRADOR “NO ESPERABA UNA REACCIÓN TAN CATEGÓRICA” DE LA CIUDADANÍA
El presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, Carlos Atilano Peña, afirmó en entrevista con ZETA que no hay manera de modificar el método para designar consejeros y magistrados sin recurrir a la Constitución, en razón de que se trata de un formato previsto en la Carta Magna.
“Habría que seguir el procedimiento que ahí se prevé para la designación de los consejeros, de los magistrados, que no puede superarse o brincarse bajo la reforma nada más de la Ley General de Procesos Electorales”, explicó.
Sostuvo que, por la vía de las leyes secundarias, tampoco se puede ajustar el número de legisladores o eliminar órganos y tribunales locales electorales. A propósito de estos últimos subrayó: “Son organismos e instituciones previstos en la Constitución y que no pueden desaparecerse sin que importe una violación a la soberanía de los estados y una violación a la Constitución”.
Expuso que cuando más, pudiera proceder “descontarles los sueldos (a los consejeros electorales) y las prerrogativas a los partidos”.
En lo particular, dijo ser de la opinión de que con las marchas “se le ha puesto contra las cuerdas al Presidente de la República”, toda vez que “no esperaba una reacción tan categórica, tan patriótica de la ciudadanía, de lo que es el pueblo, aunque él no lo quiera reconocer”.
La ex priista y otrora diputada federal Carmen López Segura manifestó en declaraciones a este medio que la marcha constituyó “la expresión ciudadana de que ya no se va a permitir que se manipulen las leyes”. Advirtió que “los decretos también se derogan, las leyes son perfectibles”, de modo que “si el señor, el Ejecutivo siempre vivió siendo promotor de marcha, por qué ahora le molesta que los ciudadanos se expresen”.
AMLO “MEJOR DEBERÍA CONVOCAR A SU GABINETE DE SEGURIDAD”: MARKO CORTÉS
El Presidente desestimó la marcha del 13 de noviembre, y en alusión a los participantes sostuvo: “Es una minoría de millones de personas, pero no es la mayoría del pueblo”.
Apostó por “seguir adelante, defendiendo la democracia de verdad”, e informó que el 27 de este mes encabezará una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la que se enmarcará el Informe de Gobierno que tenía programado para el 1 de diciembre.
“Ayer mismo empecé a recoger opiniones, y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon: por qué el Zócalo, el jueves (1 de diciembre) es día laboral, queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha, la voy a encabezar”, reveló.
El dirigente y la secretaria general de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, describieron que la experiencia constituirá una lucha al lado del primer mandatario. En cambio, el líder de Acción Nacional opinó que López Obrador presionará a los beneficiarios de los programas sociales para que lo acompañen.
“¡Mejor debería de convocar a su Gabinete de Seguridad, de Economía y de Salud para que ya den resultados!”, remató.
