Según la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez y el director de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, la coordinación para atender a los 450 venezolanos deportados que permanecen en Tijuana desde el 13 de octubre, solo ha sido entre el gobierno estatal y municipal, siendo el gran ausente el federal, quien de hecho realizó el acuerdo con las autoridades estadounidenses para recibir a los migrantes.
“La colaboración ha sido solamente entre estado y municipio; ha estado ausente la federación”, admitió Enrique Lucero a la primer edil, quien comentó “llamamos a la federación, a nuestro amigo Ruiz Uribe -delegado único federal en Baja California- que también tiene mucho trabajo, pero le estamos ayudando en su chamba, a que nos apoye”.
Datos de la Dirección de Atención al Migrante del XXIV Ayuntamiento de Tijuana refieren que del 13 de octubre a la fecha han sido retornados mil 437 venezolanos por la garita “El Chaparral”, de los que 450 permanecen en albergues de la ciudad y 938 se han trasladado a otras ciudades al interior de la república.
“Están regresando en circunstancias muy lamentables, prácticamente les dieron un trato como prisioneros; estuvieron 3 días en centros de detención migratoria, les quitaron la ropa con la que cruzaron y les dieron unos pants grises, les quitaron los zapatos y les dieron unas chanclas de plástico; están regresando con problemas respiratorios y estomacales”, mencionó Enrique Lucero.
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Actualmente, el único albergue habilitado por autoridades municipales ha sido la Unidad Deportiva Campo Reforma, ubicada en la colonia Del Río Parte Alta de la delegación Mesa de Otay, donde hay 211 migrantes venezolanos, 106 adultos, de los que 64 son mujeres y 42 hombres; así como 105 menores, 41 niños y 64 niñas.
En dicho albergue se les brinda alojamiento, atención médica y psicológica, asesoría legal sobre procesos de asilo y alimentos, que proporciona la Asociación “Tijuana Sin Hambre”.
“Traen una serie de emociones, ellos atravesaron 10 países antes de llegar a Estados Unidos, atravesaron la Selva del Darién, que se encuentra en la frontera entre Panamá y Colombia donde se enfrentan a animales salvajes, a grupos criminales que violan a las mujeres, los secuestran, les roban su dinero; hay ríos caudalosos donde a veces se caen; gastan aproximadamente 6 mil dólares y una vez que llegaron a Estados Unidos les dijeron que ya no más”, detalló el director de Atención al Migrante.
En cuanto a las opciones que tienen, Enrique Lucero explicó que las únicas son integrarse a Tijuana solicitando el refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la segunda, regresar a Venezuela, aunque algunos de ellos son perseguidos políticos que correrían riesgo de hacerlo; y aplicar al programa en línea, para el que necesitan tener un “patrocinador” en Estados Unidos que gane 70 mil dólares anuales, no haber sido retornado y tener el pasaporte vigente, algo que solo el 10% de venezolanos deportados posee.
“Están muy limitadas las opciones, el panorama es complicado, pero esperamos que las autoridades federales, porque esto se tiene que resolver a nivel federal entre los tres países, Estados Unidos, México y Venezuela, para facilitar documentos y que se integren a la sociedad, puedan regresar a Venezuela o puedan ingresar a Estados Unidos por alguna vía regular”, finalizó Lucero Vázquez.
Por último, ante los señalamientos de vecinos de la Unidad Deportiva de que los venezolanos “parecen prisioneros”, ya que aseguran no los dejan salir del albergue; Montserrat Caballero aclaró “ellos son libres. Sin embargo, si tienen horarios porque están en una institución, si entraran y salieran como quisieran podríamos poner en riesgo la seguridad de ellos y de nuestros ciudadanos; son libres de salir simplemente cumpliendo los horarios de la unidad”.
