El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, rechazar una solicitud de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna para retirarle los cargos de narcotráfico por su supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Los fiscales de Nueva York solicitaron al tribunal negar la moción, argumentando que la participación de García Luna en la conspiración para el tráfico de drogas “está debidamente probada” y tienen pruebas suficientes para ir a juicio.
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La defensa de García Luna argumentó que no era posible una colaboración con el grupo delictivo y que incluso si él hubiera participado en una conspiración con el Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012, cosa que no hizo, es evidente que al retirarse de la vida pública y salir de México en 2012 se habría retiró de cualquier supuesta conspiración.
Por lo que defiende que esos presuntos delitos prescribieron pasados cinco años.
García Luna, que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Se espera que su juicio, que ocurrirá en la Corte federal de Brooklyn, empiece en enero de 2023.
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En un escrito que fue presentado la noche del viernes ante el Juez Brian Cogan, la Fiscalía rechazó el argumento de los abogados de García Luna y aseguró que la acusación abarca el periodo comprendido entre enero de 2001 y julio de 2020.
García Luna, que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Se espera que su juicio, que ocurrirá en la Corte federal de Brooklyn, empiece en enero de 2023.
En un escrito que fue presentado la noche del viernes ante el Juez Brian Cogan, la Fiscalía rechazó el argumento de los abogados de García Luna y aseguró que la acusación abarca el periodo comprendido entre enero de 2001 y julio de 2020.
García Luna, que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Se espera que su juicio, que ocurrirá en la Corte federal de Brooklyn, empiece en enero de 2023.
En un escrito que fue presentado la noche del viernes ante el Juez Brian Cogan, la Fiscalía rechazó el argumento de los abogados de García Luna y aseguró que la acusación abarca el periodo comprendido entre enero de 2001 y julio de 2020.
García Luna, que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Se espera que su juicio, que ocurrirá en la Corte federal de Brooklyn, empiece en enero de 2023.
En un escrito que fue presentado la noche del viernes ante el Juez Brian Cogan, la Fiscalía rechazó el argumento de los abogados de García Luna y aseguró que la acusación abarca el periodo comprendido entre enero de 2001 y julio de 2020.
“El Tribunal debe denegar esta moción”, destacó la Fiscalía antes de argumentar que “la conducta del acusado posterior a 2012 demuestra que nunca renunció a los objetivos de la conspiración”.
Apenas el pasado 26 de octubre, los fiscales en Nueva York dijeron que habían entregado documentos relacionados con la incautación de drogas en el condado de Queens en diciembre de 2019 y con el envío de narcóticos a Estados Unidos a través de empresas fachada como pruebas para el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York también dijo en un documento presentado en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses que entre sus pruebas habrá además talones de pago a García Luna y una fotografía de los otros conspiradores en el caso tomada en octubre de 2008. Los otros dos conspiradores son Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos exjefes de la policía federal mexicana que fueron hombres de confianza de García Luna.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de los cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.
Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.
Los fiscales también dijeron el miércoles que Lyndell Griffin, un examinador digital forense de la agencia antidrogas estadounidense más conocida como DEA, testificará en el juicio para hablar sobre la extracción e identificación de información en aparatos electrónicos. ZETA/SinEmbargo
