Es oportuno comenzar por recordar que los derechos humanos se han definido como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Estos derechos se fundamentan en valores universales de la humanidad como lo es la dignidad.
Para la materialización de estos derechos existen múltiples herramientas, una de ellas es el denominado enfoque de derechos humanos, que sirve para hacer efectivos los derechos de todas las personas y alcanzar el “efecto útil” en el ejercicio de estos. En consecuencia, las políticas públicas con este enfoque buscan materializar los derechos humanos.
El enfoque de derechos humanos permite determinar qué derechos tienen las personas en virtud de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos -las personas en el centro es el elemento nuclear-, así como las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción y los responsables del cumplimiento de cada una de estas en los casos concretos; esto empodera a las personas para exigir sus derechos y a las autoridades les impone los deberes para cumplir con sus obligaciones.
Este enfoque está basado en una serie de principios como la igualdad y no discriminación, la inclusión, la universalidad, el acceso a la justicia, la rendición de cuentas, la transparencia, la transversalidad y la intersectorialidad, la perspectiva de género y el interés superior de la infancia, entre otros.
Por ello, la aplicación del enfoque requiere necesariamente de la participación política activa de las personas, con especial énfasis a los grupos de atención prioritaria; la rendición de cuentas; la materialización de la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de los derechos humanos; el establecimiento de mecanismos de exigibilidad; la aplicación de indicadores; y, capacitación en materia de derechos humanos.
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Una tarea fundamental derivada de la incorporación del enfoque es producir transformaciones en la gobernanza. Particularmente, promoviendo cambios en las agendas y prioridades, así́ como la participación más activa de todas las personas especialmente de las que se encuentran en los grupos de atención prioritaria, antes llamados “vulnerables”.
Se debe partir del análisis de los procesos que han llevado a las actuales condiciones de las personas, de qué derechos son vulnerados y como lo han sido. También de los posibles nuevos procesos para que todas las personas puedan reclamar y acceder a sus derechos. Así, a través de la implementación de este enfoque en las políticas públicas, los derechos humanos se convierten en el referente y fin de la gobernanza.
Además, el enfoque en las políticas públicas garantiza y fortalece la democracia, es un elemento clave para facilitar su consolidación, y para la construcción del Estado de Derecho.
Un ejemplo clave de la aplicación del enfoque de derechos humanos se da al poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los Planes de Desarrollo de los gobiernos, como ha ocurrido en Baja California.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
