Las acciones para estabilizar la zona de deslaves en Camino Verde costarían más de 400 millones de pesos según el estudio elaborado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana; sin embargo, aún no se define si el gobierno estatal optará por dicha propuesta.
La propuesta de estabilización del Colegio de Ingenieros incluye dónde colocar muros de contención y muros subterráneos para que puedan sostener los deslizamientos, pero “lo malo de este tipo de estudios es que no son totalmente al cien por ciento seguros”, indicó Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
“Es muy complicado cómo se va a mover el subsuelo, haber estudiado punto por punto como para saber si no hay un cambio en el subsuelo a 18 metros de profundidad y que eso nos vaya a causar un siguiente deslizamiento”, apuntó el funcionario estatal, y agregó que será en una próxima reunión intersecretarial cuando se determinará la acción siguiente.
Durante su comparecencia ante legisladores por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el 15 de noviembre de 2022, el funcionario estatal dijo que se lleva un avance de entre 5 y 25% en las cinco obras de rehabilitación, ampliación y modernización de las vialidades en Mexicali, Tijuana y Ensenada iniciadas como parte del Programa Respira.
A la par también se está construyendo la obra de tres parques en Tijuana (Esperanto), Mexicali (Laguna) y Tecate (Conac). Se espera que a principios del próximo año se lleven a cabo más concursos para seguir ejecutando las obras del Respira, cuya inversión pública también se irá asignando paulatinamente.
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Espinoza Jaramillo comentó que en próximas fechas la empresa concesionaria del tren Tijuana-Rosarito deberá entregar el proyecto a la dependencia que encabeza, la cual lo revisará y una vez que dé su aval, la empresa solicitará permisos a los municipios de Tijuana y Rosarito. Recordó que este proyecto es inversión privada y el gobierno estatal sólo actúa como facilitador.
Interrogado sobre el destino del crédito que el gobierno de Bonilla Valdez contrató para obras de infraestructura, el titular de Sidurt señaló que de los 3 mil millones de pesos le fueron asignados alrededor de mil 500 a Sidurt. De ese total aún falta por ejecutar 200 millones de pesos. “Estamos un poquito atrasados con los bancos”, ya que todo el crédito ya debió haber sido ejercido, reconoció.
El gobierno pasado heredó 68 contratos en proceso y en conclusión, de los cuales en 18 contratos el gobierno reclamó 68 millones de pesos. Actualmente está en proceso de litigio con las empresas 15 millones de pesos. Entre esos contratos está la obra de remodelación de la Biblioteca Benito Juárez de Tijuana.
Por otro lado, señaló que recientemente la Sidurt entregó a la Secretaría de Hacienda información sobre proyectos de infraestructura por 900 millones de pesos para 2023.
Aunque no precisó el nombre de la empresa con la que el gobierno mantiene un litigio por haber dejado “tirada” la construcción del Hospital de Especialidades de Mexicali, Espinoza Jaramillo compartió que el pleito legal “va para rato”, y que el gobierno federal tiene ubicada la problemática, lo que ha dificultado otras inversiones federales en materia de salud en el estado.
Las Ciudades Judiciales de Tijuana, Ensenada y Tecate, cuya construcción data de 2013, el titular de Sidurt indicó que en el predio de La Encantada en Tijuana se tienen que hacer una mecánica de suelo para determinar la resistencia y que la construcción no se siga asentando. Adicionalmente el terreno, que albergaría instalaciones del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, también mantiene un problema de tenencia de tierra.
En el caso de Ensenada y Tecate ya se entregó el edificio al Poder Judicial, pero aún falta la parte de la FGE, añadió el funcionario.
Pese a las necesidades de infraestructura en Baja California y la importancia de rendición de cuentas, un gran número de legisladores no asistió a la comparecencia del titular de Sidurt, en el Salón de Sesiones Benito Juárez. (Julieta Aragón)
