La mañana del 9 de noviembre, el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López, fue entrevistado con relación al haber de retiro para los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y los supuestos beneficios faraónicos que en otras épocas tenían los integrantes del máximo órgano jurisdiccional de Baja California.
Presumió: “Definitivamente ahora sí que todo ha cambiado, el Poder Judicial está todo renovado, de los magistrados de 2003 sólo quedan tres”, haciendo referencia al intento de obtener un haber de retiro abusivo en el que los integrantes no aportaran ni un peso para su vejez.
Sin embargo, las prácticas abusivas dentro del Poder Judicial buscan perpetuarse por algunos de los integrantes del Consejo de la Judicatura, donde a inicios de este año, los consejeros César Holguín Angulo y Francisco Javier Mercado Flores presentaron una demanda de amparo para exigir un haber de retiro por sus escasos cuatro años de servicio dentro del órgano administrativo y de vigilancia del Poder Judicial.
En aquel momento, su exigencia fue desechada más por un tema de forma que de fondo por la justicia federal.
Sin embargo, un nuevo episodio de los abusos dentro del Poder Judicial acaba de plantearse dentro del Consejo de la Judicatura del Estado, cuando nuevamente el magistrado Holguín Angulo enturbia las aguas mediante otro litigio, pero en esta ocasión pretende perpetuarse como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, pese a que la Constitución local y federal son muy claras en torno al impedimento de reelección dentro de dicho cargo al que llegó por medio de elección directa de los diputados.
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Diputados y representantes de colegios de abogados mostraron su rechazo ante la intención del consejero que terminaría su encargo el último día de noviembre, pero, gracias a su amparo, el Congreso de Baja California sólo podrá designar uno de los dos espacios que estaría obligado a designar.
EL AMPARO DE HOLGUÍN
El 24 de octubre, el secretario del Juzgado Primero de Distrito con funciones de juez, Moisés Astengo Palencia, otorgó la protección de la justicia federal al consejero César Holguín Angulo por la demanda de amparo 330/2022-6 que presentó con la intención de perpetuarse en el cargo.
Holguín fue electo por la XXII Legislatura de Baja California -de mayoría panista- como uno de los dos integrantes ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado, junto con su compañero Francisco Javier Mercado.
En su alegato, el abogado y todavía uno de los siete integrantes del órgano administrativo del Poder Judicial, dio a conocer que el 28 de febrero solicitó al Consejo de la Judicatura un dictamen técnico de evaluación y de opinión respecto a su desempeño como integrante del Consejo, el cual le fue negado.
Holguín Angulo considera que esta negativa le impide buscar una reelección en el cargo, lo que -según dijo- representa una violación a sus garantías judiciales de inamovilidad, estabilidad y permanencia en el cargo, además de representar una afectación a la independencia del propio organismo.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la incertidumbre seguir leyendo
Con tal argumento, solicitó que se le permita mantenerse en el cargo en tanto no se emita una sentencia por parte del Poder Judicial Federal, lo cual podría tardar de uno a dos años, según estimaciones del abogado Emiliano Reyna.
Holguín Angulo estimó que en caso de que no le fuera otorgado este beneficio, se obligara al Poder Judicial local a garantizar el pago del mínimo vital en tanto se resuelve el asunto de fondo, lo que representa un 30 por ciento de su salario, que ronda los 100 mil pesos al mes.
No conforme con ello, pidió que el proceso de selección de integrantes del Consejo sea suspendido al menos en uno de los dos espacios, en tanto no se resuelva el asunto ante la justicia federal.
El juzgador federal negó la suspensión en torno a la permanencia del cargo y en mantener el salario mínimo vital en tanto no se resuelva la demanda de amparo, pero concedió la suspensión del proceso de selección que actualmente lleva el Congreso de Baja California.
Esto quiere decir que, si bien la justicia federal no obliga a que Holguín permanezca en el cargo, su demanda obliga a dejar un espacio vacante dentro del Consejo de la Judicatura por si obtiene una sentencia favorable.
DIPUTADOS Y ABOGADOS, EN CONTRA
Los diputados Juan Manuel Molina y Rocío Adame, de Morena, no se encuentran muy contentos por la determinación emitida por el Poder Judicial federal; tampoco los abogados Elías Flores Gallegos y Emiliano Reyna, quienes despotricaron contra el consejero de la Judicatura.
Rocío Adame aseguró que el proceso de selección se retrasará debido a la demanda de amparo, y Molina García fue más allá y le exigió que aprenda a vivir fuera del erario.
“No hay reelección y ahora que intente seguir en el encargo porque (dice que) tiene derecho a ello, me parece absurdo completamente. Como abogado no creo que prospere, pero un secretario con funciones de distrito le concede una suspensión para que no se haga la designación e inclusive hace diferentes consideraciones para que lo dejemos en el encargo, como su pudiéramos perpetuar un nombramiento finito”, expuso el morenista, quien a la vez, aseveró que desde que asumió el cargo tenía pleno conocimiento que la Constitución impide cualquier tipo de reelección o ratificación.
Asimismo, los abogados Elías Flores Gallegos y Emiliano Reyna criticaron al secretario con funciones de juez por otorgar la suspensión, debido a que la ausencia de un consejero de la Judicatura afectará el funcionamiento del mismo.
“El juez de Distrito dice que el Consejo de la Judicatura sigue funcionando con seis consejeros, pero no se trata sólo de que funcione, sino que funcione adecuadamente. Está planteado con siete (integrantes del CJE) porque debe haber un voto de diferencia que marque la toma de decisiones; si hay seis consejeros, puede darse el caso de que la toma de decisiones, sea obstaculizada que establece la misma Constitución”, refirió el jurista Flores Gallegos.
Esto quiere decir que el Consejo podría sufrir complicaciones al momento de la toma de decisiones importantes, puesto que podrían generarse empates en las votaciones, lo que -según Reyna- impediría el funcionamiento del Poder Judicial, al grado de generar afectaciones en la ciudadanía, puesto que suspender una decisión representaría un acto que no se realiza.
Agregó que el origen de la designación de dos consejeros electos por mayoría calificada del Poder Legislativo, radica en que la ciudadanía tenga una representación dentro de la administración del Poder Judicial, por lo que la suspensión afecta en la participación de la población en la toma de decisiones.
“La Constitución dice que no pueden ser reelectos, lo que quiere decir que el plazo de su encargo tiene fin, y al culminar ese plazo se deben retirar de ese encargo y dedicarse a otra cosa, pero no pueden ni reelegirse ni quedarse más allá de cuatro años; por lo tanto, estamos en contra de que César Holguín se quede por más allá de su encargo”, reiteró Flores Gallegos.
Según ambos abogados, el consejero no estuvo conforme con la decisión de la justicia federal y presentó un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, donde podría cambiar la determinación del juez.
Por este tipo de acciones -consideraron los abogados-, el Consejo de la Judicatura del Estado debe modificarse en su composición y funcionamiento, puesto que ya cumplió su función.
FUNCIONARIOS Y MILITANTES DE PARTIDOS ASPIRAN AL CJE
El viernes 11 de noviembre, diputados del Congreso del Estado llevaron a cabo una serie de entrevistas para conocer a los aspirantes para ocupar los dos espacios del Consejo de la Judicatura del Estado.
Debido a la suspensión definitiva otorgada por un secretario con funciones de juez, el proceso de selección será sólo para uno de los dos espacios vacantes a partir del 30 de noviembre.
Entre la veintena de abogados aspirantes, la mayoría son funcionarios en algún cargo público o cuentan con un historial ligado a un partido político. Por ello, varios grupos panistas y morenistas se encuentran empujando a sus correligionarios.
La lista es la siguiente:
* José Hans Zamorano Dueñas, delegado de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, AC (Conamex) en Baja California.
* Arturo Camacho Quintana, ex visitador del Consejo de la Judicatura del Estado; presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC (CONCAAM); además de ex presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Baja California (ITAIPBC).
* Karla Laura Domínguez Norzagaray, fiscal regional de Playas de Rosarito.
* Francisco Gerardo Salcedo García, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, y director de Previsión Social durante la administración de Jaime Bonilla Valdez.
* Héctor Magaña Mosqueda, ex síndico de Tijuana, ex diputado por el PAN y coordinador de campaña en el PES.
* Ramiro Eduardo Duarte Bernal, ex secretario de Acuerdos y abogado.
* Claudia Berenice Agramón Gurrola, ex directora de Atención a Víctimas y Testigos.
* Francisco Javier Tenorio Andujar, director de Consultoría Legislativa, suplente del diputado Juan Manuel Molina y representante de Morena ante organismos electorales.
* Alejandro Vizcarra Reynoso, vicerrector de Universidad Xochicalco e investigador del CJE.
* Catalina Salas Bravo, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados y ex candidata por Movimiento Ciudadano.
* Sergio Ricardo Alexandro Almaraz Olachea, ex candidato a diputado por la coalición “Va x Baja California”.
* Julio Estanislao Rubio Díaz, subdirector general de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes.
* Cecilia Razo Velázquez, secretaria técnica de la Comisión Estatal del Agua.
* Telma Artemisa Montaño Navarro, diputada federal suplente de Morena y trabajadora del Congreso de la Unión.
* Abraham Ricardo Cortez Bernal, director Estatal del Sistema de Justicia Alternativa Penal.
* David Reynoso González, ex regidor del PAN y ex funcionario de Francisco Vega de Lamadrid.
* Ramón Celestino Medrano Aguilar, juez calificador de Rosarito.
* Christian Jesús Castañeda Sandoval, titular del órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura.
* Priscila Arias Gardea, auxiliar jurídico de la Secretaría General de Acuerdos del TSJE.
* Lucía Guadalupe Saijas Morales, jefa del Departamento de Jueces Calificadores de Mexicali.
