A poco más de seis meses de haber iniciado la implementación de la reforma laboral en Baja California, los nuevos tribunales laborales –pertenecientes al Poder Judicial- ya comienzan a tener rezago en la resolución de conflictos entre patrones y trabajadores, debido a que los notificadores de los juzgados son insuficientes.
“Estamos viviendo momentos en los que si bien es cierto tenemos tres jueces laborales en Tijuana estamos en un cuello de botella que se están presentando muchas demandas, al final del día no tenemos el equipo suficiente para que estas se notifiquen y se le dé celeridad al avance de estos asuntos”, dijo el abogado Francisco Gerardo Salcedo García.
Refirió que como ocurría antes de la reforma laboral cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje recibía 2 mil denuncias, “estamos en una situación similar en los juzgados laborales y vamos al 50 por ciento de los juicios iniciados y notificados”.
Tenemos más de mil asuntos que si bien es cierto fueron presentados hace un par de meses en los juzgados laborales están detenidos, porque no hay los notificadores suficientes para impulsar el procedimiento, reiteró el especialista durante su exposición en el Grupo 21 de Tijuana.
Aproximadamente cada juzgado tiene entre dos y tres notificadores, pero se requiere el doble para poder atender las demandas existentes comentó el abogado, quien señaló que una vez que el asunto es notificado y se le da seguimiento es “sumamente ágil y rápida” la resolución del mismo.
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En ese sentido, Salcedo García advirtió sobre el riesgo de que los nuevos tribunales electorales que se instauraron con la reforma laboral corran con la misma suerte que las Juntas de Conciliación, que concentran tanto rezago que afecta el principio de una justicia pronta y expedita, y la certeza jurídica que se pretendió dar en el marco de los compromisos del T-MEC.
“No necesitamos jueces que resuelvan, necesitamos un equipo de trabajo operativo que haga caminar los asuntos para que los jueces que existen puedan resolverlos”, aseveró este 14 de noviembre de 2022, en la sesión del grupo político.
Salcedo García agregó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no cuenta inspectores suficientes para revisar que todas las empresas cumplan con la Ley del Trabajo, no obstante, quien no observe la norma eventualmente pueden ser sancionados.
Las irregularidades más recurrentes en las que incurren los patrones y por los que la autoridad finca multas son: no tener reglamento interior, no hacen reparto de utilidades, no entregan contratos
“El tema preocupante para la mediana y pequeña empresa es que de no contar con todas estas regularizaciones las sanciones son elevadas, y prácticamente la consecuencia es fatal, porque un pequeño y mediano emprendedor no soporta sanciones fuertes” como las contenidas en la reforma laboral, de ahí que se impulsa la cultura del cumplimiento. (Julieta Aragón)
