En su primer año de gobierno en Mexicali, empresarios y regidores coinciden que principal problema son las diferencias políticas; para ella, ha sido la seguridad. 2022 será el año con más homicidios
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El primer año de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, ha sido turbulento. La administración ha carecido de política interna y la incidencia en homicidios se dirige hacia la más alta de toda la historia, rompiendo por tercer año consecutivo el récord de asesinatos.
Bustamante Martínez, quien en 2018 era una conocida promotora cultural y conductora del espacio matutino de noticias en Canal 66, tuvo un inesperado vuelco en su vida al convertirse en una de las personas más cercanas a la hoy gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Sin ser morenista de origen, ocupó la titularidad del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACUM) cuando Ávila Olmeda era alcaldesa. Eso la llevó a tener el respaldo suficiente para competir por la presidencia municipal, representando al partido vinotinto y convirtiéndose en la segunda mujer electa como alcaldesa tras el pasado proceso electoral de 2021; y la tercera en liderar la comuna.
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“La seguridad, no lo voy a negar, es nuestro talón de Aquiles”, refirió la presidente municipal, al ser cuestionada sobre el escenario más complicado durante el primer año de gobierno.
Hasta el cierre de edición, la Capital bajacaliforniana registró 236 asesinatos en lo que va de 2022, cuando en el mismo periodo del año pasado se contaba con 196. Ese año culminó con 266 homicidios y feminicidios, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Empresarios y regidores que conforman el Cabildo de Mexicali, consideran que el verdadero problema ha sido el conflicto político dentro del órgano colegiado y del propio equipo que conforma la administración municipal, lo cual -según la regidora Victoria Guerrero, del PAN- ha impedido avanzar en otros temas.
Entre los puntos positivos fue mencionada la recaudación de Impuesto Predial, la atención en servicios públicos y la capacidad para atender la crisis migratoria, pero también -según Bustamante Martínez- el equipo que se logró conformar en el Ayuntamiento.
Durante la campaña, Norma Alicia presentó más de 30 compromisos para sus tres años de gobierno, de los cuales sólo cuatro corresponden al primer año de gobierno:
* Mejora regulatoria: Sistema integral de trámites y servicios y una reingeniería de la administración pública, de seis meses a un año… no lo cumplió.
* Fortalecer el trabajo y desempeño para combatir las malas prácticas y combate a la corrupción, de seis meses a un año… sin cumplir.
* Esquema normativo para apertura de actividades del Cabildo, cuyo desempeño será medido por el Copladem; sólo ha sesionado una vez… y no cumplió.
* Establecer un sistema de metas programadas, orientadas al desarrollo local bajo los parámetros GRP, de seis meses a un año… no cumplió.
CONFLICTOS POLÍTICOS “FRENAN” EL AYUNTAMIENTO
“Conflictos políticos es un término un poco fuerte. Hay encuentros y desencuentros. México es un lugar donde se respeta la libertad y el libre pensamiento; al contrario, en estos juicios y críticas hay crecimiento personal”, fue la respuesta de Norma Bustamante al cuestionarla sobre la supuesta ruptura que hubo durante al menos la mitad de la administración.
Sin embargo, los tres regidores entrevistados por ZETA coincidieron y reconocieron que hubo conflictos o discrepancias en la forma de dirigir la administración.
“Sí, bueno, fue muy evidente, pues quizás algunos malos entendidos o el trabajo en equipo que se pudiese hacer en el Cabildo, creo que se ha subsanado poco a poco, en los principales actores que representa el Cabildo se ha llegado a consensos y la demás representación de Sindicatura y Presidencia. Sin embargo, es evidente que siempre va a haber problemas y debate interno, creo que es muy normal en las democracias”, refirió José Ramón López Hernández, regidor por Morena.
Para la regidora Bárbara García, de Movimiento Ciudadano; y Victoria Guerrero, del PAN, la situación fue mucho más compleja de lo que plantea el oficialismo, puesto que éste ha apabullado a la oposición con mayoriteo, no con argumento o debate.
Ese tipo de conflictos ha provocado que durante el primer año de gestión sólo se haya sesionado una vez de manera ordinaria, lo que quiere decir que los temas que salen, son de carácter urgente y no planeados, en aras de mejorar la administración pública.
“¿Quién marca la agenda? ¿Quién lo entorpece? Tú lo sabes, exigir las sesiones ordinarias, ha habido una en un año y créeme que como bloque tenemos que ver todos los puntos para de una forma natural sacar los temas importantes, prioritarios, de trascendencia para la ciudad; no sé si le tienen miedo a eso, eso es un verdadero problema político”, refirió la edil, quien aseveró que hay conflictos internos, pero también de otros poderes, que influyen en el desempeño de la administración local.
“El tema de Justicia Cívica está un poco atrasado, incluso hace unos días la presidente se reunió con Clara Luz, que es un proyecto en Escobedo, una evidencia clara de cómo funciona el sistema, creo que fue una reunión muy productiva donde se proyecta que habrá recursos para Mexicali”, refirió José Ramón López Hernández, quien emprendió el proyecto desde la administración municipal de Marina del Pilar Ávila, pero no se ha podido concretar.
Por su parte, Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseveró que precisamente los regidores han complicado el ambiente político dentro del Ayuntamiento; desde su perspectiva, se enfocan más en solicitar cuotas políticas dentro del gobierno -como el caso de las delegaciones- que en generar un beneficio a la sociedad.
“Están usando el cargo para obtener beneficios y hacer un ejercicio poco ético de la función pública, porque anteponen los intereses partidistas y se agrupan para tener un objetivo, y deberían trabajar en equipo y ser corresponsables operadores con la administración municipal para que la autoridad, que es un sólo voto dentro del Cabildo. A qué me refiero: los regidores y grupos parlamentarios empiezan a ejercer funciones más allá de lo que es administrar regular y fiscalizar”, sentenció el titular de Coparmex.
SEGURIDAD, PRINCIPAL PROBLEMA
Regidores, empresarios y la propia alcaldesa reconocen que la seguridad ha sido el principal problema, pese a que durante 2022 se otorgó un presupuesto de 108 millones de pesos más de lo que se venía designando.
Ángel Zaizar Prado, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), aseveró que se tiene una alta incidencia en varios temas, como homicidios, violencia familiar y robo de vehículos, aunque este último mantiene una tendencia descendente durante 2022: de 262 en enero, a 219 en agosto.
Comentó que es innegable la severa crisis severa en materia de seguridad, por lo que el sector empresarial y la sociedad civil organizada han respondido para solventar diversas complicaciones.
López Hernández presumió el incremento de más de 100 millones de pesos para seguridad, pero según Zaizar Prado, fue un planteamiento de la iniciativa privada, los cuales solicitaron un incremento en el costo del pago del Predial, con la condición que dicho dinero fuera inyectado al equipamiento, debido a que el Gobierno de México suspendió las bolsas y fideicomisos como el Fortaseg, el cual permitía obtener recursos extraordinarios para adquirir chalecos, armas, uniformes y patrullas.
Del mismo modo, dijo que hay zonas como el complejo de “Los Pueblas”, al Oriente de Mexicali, donde han focalizado los esfuerzos, puesto que al inicio de la administración se descubrió que ahí se reportaba más del 50% de los crímenes, pero sólo se contaba con dos unidades para atenderlos.
La regidora panista indicó que además de ese recurso inyectado, los ediles de oposición han otorgado de su dinero de Gestión Social alrededor de un millón de pesos para rehabilitar estaciones de Policía, sin embargo, no cuentan con información sobre el gasto realizado en específico.
No conforme con ello, la actual administración ya relevó -precisamente- al director de Seguridad Pública Municipal, en la actualidad, a cargo del abogado Pedro Ariel Mendívil, quien ha visto complicada la adquisición de equipo y optó por el arrendamiento de más de 60 unidades.
RETRASADOS EN POLÍTICAS EN FAVOR DE LA MUJER: BÁRBARA GARCÍA
La regidora de Movimiento Ciudadano, Bárbara García, refirió que los temas de la Alerta de Género han quedado pendientes en la administración municipal, pues -por ejemplo- el Ayuntamiento de Mexicali tiene un rezago de años en torno al reglamento para operar la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, lo que complica la operación de protocolos y planes de acción en casos específicos, cuando se atiendan casos de violencia de género.
Recordó la insistencia durante los primeros meses, cuando se solicitó la donación de un predio para la construcción del Centro de Justicia para la Mujer, pero el Cabildo retrasó el tema y, gracias a ello, se perdió la posibilidad de acceder a un recurso de una convocatoria que surgió a finales de 2021.
Tampoco se cuenta con un protocolo para atender temas de acoso, hostigamiento sexual y laboral dentro de la administración municipal.
Victoria Guerrero comentó que estos temas deberían ser impulsados por la directora del Instituto de la Mujer, Leonor Maldonado, a quien calificó como “gris”, y agregó que si bien, el Inmujer fue una exigencia de muchos años, ha sido inoperante, al grado que en el ejercicio pasado dejó dinero sin gastar.
LA REINGENIERÍA DEL AYUNTAMIENTO
Para el regidor José Ramón López Hernández, uno de los grandes temas pendientes, es la reingeniería del Ayuntamiento de Mexicali, donde se buscaría reducir el gasto corriente para mejorar la disposición de recursos.
Sandoval López coincidió que es urgente llevar a cabo este tema, toda vez que Mexicali gasta entre el 68 y 70% de su presupuesto en nómina, lo que impide el crecimiento y las mejoras de la ciudad.
Declaró que municipios como Mérida, Culiacán y San Pedro Garza gastan entre el 42 y 45% de su dinero en ese rubro, lo que permite tener un presupuesto holgado para el mantenimiento de la ciudad.
Si Mexicali tuviera una nómina similar, se tendrían alrededor de 680 millones de pesos para obra pública y equipamiento policial, según sus propias estimaciones.
López Hernández afirmó que se busca llevar a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Baja California para que se encargue de revisar punto por punto el gasto público de Mexicali, con la intención de localizar funciones duplicadas o innecesarias, aunque adelantó que se respetarán los derechos laborales de los empleados sindicalizados.
Uno de los puntos contemplados por el edil, es la disolución de algunas paramunicipales -cuenta con 22 operando-, además de comparar las funciones de Bienestar Social y Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las cuales -consideró- duplican muchos de los trabajos.
El presidente de Coparmex consideró que en tanto no haya un control del gasto público, no habrá posibilidades para el mejoramiento de la ciudad, la cual no es sustentable por las características que tiene.
“Dicen que el Estado tiene agua, y ven el caso de Constellation Brands: tengo energía y ven que no hay. Hay una sobreoferta de empleos, hicimos una encuesta y vimos que en junio teníamos 18 mil empleos de sobreoferta”, refirió el representante empresarial, subrayando que, con estas realidades, es complicado generar nuevas inversiones.
Por varios días y diversos medios, ZETA solicitó una entrevista con la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, pero hasta el cierre de edición, no se había otorgado.
