El Estado mexicano ofreció, el 19 de octubre del 2022, una disculpa pública por el caso del homicidio de Digna Ochoa y Plácido, defensora de los derechos humanos, quien fue hallada muerta el 19 de octubre del 2001 y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) había cerrado, tras asegurar que la activista se había suicidado.
“Ofrezco una disculpa pública a Digna Ochoa y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia”, dijo Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
“Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a la debida diligencia”, abundó el funcionario federal, en presencia de los familiares de Ochoa y Plácido, así como de Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGJCDMX.
Además, Encinas Rodríguez anunció que -en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)-, la creación de una Unidad Especializada y explicó que el caso será reabierto e investigado por un grupo de expertos para lograr su esclarecimiento. Durante la ceremonia, realizada en el Centro Cultural Los Pinos, el subsecretario reconoció que los defensores de derechos humanos se encuentran en riesgo.
Ante ello, el funcionario federal anunció que se alista una reforma legal para garantizar la seguridad tanto de los activistas, como de quienes ejercen el oficio del periodismo. También afirmó que se dará prioridad a la implementación de medidas encaminadas a fortalecer una política pública de protección.
“El Gobierno de México reconoce la situación de riesgo en el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo en nuestro país, [por ello] se impulsa la creación de un nuevo marco legal y normativo, que defina los ámbitos de competencia concurrencia y obligaciones específicas de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, en materia de protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, informó Encinas Rodríguez.
“Se trata de implementar una acción decidida de las instituciones del Estado mexicano para defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión el derecho a defender los derechos humanos”, expresó el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB.
Por su parte, Martí Batres Guadarrama, el titular de la Secretaría de Gobierno de la capital de la República, anunció que, a partir del 19 de octubre de 2022, la calle General Gabriel Hernández, en el tramo ubicado entre Doctor Lavista y Doctor Río de la Loza, llevará el nombre de calle Digna Ochoa.
FISCALÍA CDMX REABRIRÁ INVESTIGACIÓN DEL CASO DIGNA OCHOA, ABOGADA PRO DDHH
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó, este viernes 28 de enero, que reabrirá la investigación sobre el homicidio de Digna Ochoa y Plácido, defensora de los derechos humanos, quien fue hallada muerta el 19 de octubre del 2001 y que la misma institución de procuración de justicia había cerrado, tras asegurar que la activista se había suicidado.
A través de un comunicado, la FGJCDMX informó que el pasado 21 de enero recibió el informe de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la que le ordena que deberá reabrir la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos.
Ochoa y Plácido fue una activista de los Derechos Humanos que, a causa de su trabajó como abogada en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en favor de presos de movimientos sociales, fue privada de su libertad en su domicilio particular, y torturada en 1999.
Durante años, la activista trabajó como abogada en diversos casos en que funcionarios públicos, entre ellos miembros de la entonces Procuraduría General de la República (PFR) y de las Fuerzas Armadas, estaban involucrados en graves violaciones a DDHH.
Ante ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la protección de la defensora de DDHH, así como de otros miembros del Centro Prodh, y, aunque fue trasladada a los Estados Unidos, la activista decidió regresar a México en el año 2001.
Sin embargo, murió en condiciones poco claras, el 19 de octubre de ese mismo año, en su despacho ubicado en la calle Zacatecas 31, en la colonia Roma, entonces Delegación Cuauhtémoc, del Distrito Federal, que por ese entonces tenía como jefe de Gobierno a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de la República.
La Procuraduría capitalina -cuyo titular entonces era Bernardo Bátiz Vázquez-, emitió un informe en el que aseguró que Ochoa y Plácido se había suicidado con un tiro en la cabeza. Sin embargo, el 15 de marzo del 2007, en Guerrero, un campesino aseguró que el ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, era el presunto autor intelectual del asesinato de la abogada.
Ante ello, en el 2019 los familiares de Ochoa y Plácido interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue enviada a la CoIDH. En 2021 comenzaron las audiencias de este caso en dicha instancia, en el que se determinó que la FGJCDMX debía reabrir el caso.
Antes de su asesinato, la activista fue víctima de diversas amenazas y secuestros. El primero se presentó el 9 de agosto de 1999, cuando fue privada de su libertad por sujetos desconocidos, durante 4 horas, quienes le sustrajeron pertenencias e identificaciones personales.
Debido a ello, el 7 de septiembre de 1999, Ochoa y Plácido decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro PRODH, quienes también recibieron amenazas relacionadas a estos hechos.
Dos meses después, el 2 de noviembre de 1999, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentaron una petición inicial ante la CIDH, por violación de derechos humanos en perjuicio de Ochoa y Plácido por parte del Estado mexicano, ante la falta de investigación de estos hechos.
El 11 de noviembre de 1999, la CoIDH inició una solicitud de medidas provisionales en favor de Ochoa. Después de casi dos años, dicha Corte dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a la abogada y demás integrantes del Centro PRODH. Sin embargo, meses después fue asesinado.
Por ello, este viernes 28 de enero, la Fiscalía de la capital de la República -cuya titular es Ernestina Godoy Ramos- anunció que acatará el fallo de la CoIDH y que “ya se celebró un encuentro y diálogo con la familia Ochoa y Plácido”
“[…] así como con sus representantes y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación [SEGOB], Relaciones Exteriores [SRE], la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas [CEAV y de la propia FGJCDMX, en donde se refrendó la convicción” de las autoridades para dar cumplimiento debido al resolutivo de la sentencia.
Finalmente, la FGJCDMX comunicó que durante dicho encuentro, se acordó dar cumplimiento puntual a los diversos componentes de reparación a favor de las víctimas indirectas, “en ánimo de dar respetuosa remembranza y reconocimiento a la labor de la defensora derechos humanos Digna Ochoa y Plácido”.
Según la resolución final del organismo internacional -emitida el pasado 19 de enero-, en este caso el Estado mexicano tuvo “numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen y, especialmente, en la documentación de esta, así como en la necropsia médico legal”.
Además, la CoIDH determinó que la investigación relativa a las circunstancias de la muerte de Ochoa y Plácido estuvo “sesgada, desde el principio, por la aplicación de estereotipos de género, donde se apelaban a aspectos íntimos y personales de la defensora”.
“[…] todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad”, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también concluyó que el Gobierno de México violó el plazo razonable para la investigación de los hechos.
“Como resultado de la deficiente investigación y el discurso de los agentes estatales encaminada a denostar su imagen pública, también se afectó el derecho a la honra y dignidad de la defensora”, señaló la CoIDH, a través de un comunicado.
Dicha Corte ordenó al Estado mexicano la adopción de diversas medidas de reparación como promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la abogada, y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte.
La CoIDH ordenó, además, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y crear e implementar un “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal”, entre otras resoluciones.
El 20 de enero de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Gobierno de México estudiará las disposiciones de la CoIDH. Asimismo, la Cancillería celebró que la Corte Interamericana de DDHH haya reconocido, “la disposición del Estado mexicano para resolver las falencias que pudieran existir en la investigación del caso de la muerte de Digna Ochoa”.
“El Estado mexicano estudiará con atención las disposiciones del Tribunal Interamericano en su resolución definitiva sobre el presente caso, a fin de cumplir con sus términos de conformidad con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló la institución, cuyo titular es Marcelo Ebrard Casaubón.
