El debate sobre la Reforma Electoral impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inició con diferencias entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, cuya relación como fuerzas opositoras ya venía presentando signos de desgaste (por la postura del PRI a favor de mantener al Ejército en las calles).
Mientras que el dirigente panista Marko Cortés Mendoza ponderó la advertencia de especialistas extranjeros concerniente a que la propuesta de AMLO atenta contra la autonomía de los órganos electorales, su homólogo del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, atribuyó un afán injerencista a propósito de esa observación.
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“El PRI no permitirá ningún retroceso democrático, pero tampoco que de otras latitudes donde tienen serios problemas electorales nos vengan a decir qué sí podemos hacer y qué no”, asentó el ex gobernador de Campeche.
La opinión de los especialistas fue emitida a solicitud de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, toda vez que el INE está facultado para solicitar consultas de esa naturaleza por la pertenencia de México al organismo internacional.
Además, en coincidencia con el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el oficialista Ignacio Mier Velazco, el líder del PRI e integrante de ese órgano legislativo criticó que el legislador Salvador Caro Cabrera, de Movimiento Ciudadano, se haya retirado de la mesa de negociaciones con el argumento de que la discusión era mera simulación y el señalamiento de que las modificaciones promovidas por López Obrador (como la desaparición del INE) apuntan a someter al control del oficialismo la renovación de la presidencia.
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Previo a la reunión de trabajo celebrada el 25 de octubre para analizar más de 100 iniciativas de índole electoral, Moreno Cárdenas había dicho que el PRI iría “con todo” a las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México, y que cuando el tricolor no es partido en el poder, funciona como “bisagra”, garantizando “la responsabilidad de construir acuerdos y consensos a favor de México” y generando “estabilidad y compromiso en ambas Cámaras”.
Además, criticó lo que dio en llamar “oposición recalcitrante”. A propósito, indicó: “(La gente) No quiere discursos que polaricen y este país se polariza todos los días. Tenemos que convocar a la concordia, a la unidad y a la reconciliación”.
Días después, Cortés Mendoza señaló que Morena coacciona al “partido endeble de la oposición” con miras a imponer un árbitro electoral y de esa manera “alinear” consejeros y magistrados electorales.
La iniciativa del Ejecutivo federal publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de abril de 2022 apunta a “elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión”.
Entre otros ajustes, igualmente contempla la conformación de “un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial única, bajo el principio de austeridad republicana”.
A nivel nacional, la ex consejera del INE, Pamela San Martín Ríos y Valles, advirtió que el planteamiento de López Obrador incluye eliminar la facultad con que cuenta el organismo público para elaborar el padrón electoral, herramienta que definió como factor de garantía para una elección. Aludió a la posibilidad de que en tal caso, la conformación de ese registro quede a cargo de la Secretaría de Gobernación.
En un foro organizado por Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial para las elecciones de 1988, 1994 y 2000, calificó que “devolver el manejo del padrón electoral al Ejecutivo” constituiría “un retroceso”, en tanto que la elección por voto ciudadano de los integrantes del Consejo General del órgano electoral “partidizaría” a esa autoridad.
La reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, con verificativo el martes 25, llevó a cabo a convocatoria de las comisiones de Reforma Política-Electoral, Gobernación y Población y Puntos Constitucionales.
Durante la sesión (acordada por la Junta de Coordinación Política), Ignacio Mier propuso integrar un grupo de trabajo con 21 diputados, siete por cada una de las tres comisiones, y de esos bloques, uno por fracción parlamentaria.
Igualmente, en la reunión se fijó plazo para que el martes 1 de noviembre se anexen otras iniciativas y se defina un programa que garantice “un análisis más amplio, plural y democrático”.
