Luego de cuatro días de extensas audiencias, el juez de Control, Bernardino Ahumada, consideró que había suficientes elementos para procesar a seis ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez y a un representante legal del consorcio Next Energy, por la denuncia interpuesta por el actual gobierno en contra del contrato multimillonario para el suministro y desarrollo de una planta fotovoltaica.
Todas las audiencias se llevaron a cabo en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo, en Mexicali, donde la mañana del lunes 24 de octubre inició la última parte de la vinculación a proceso, misma que se prolongó a las 2 de la mañana de este martes.
Tras exponer todas las pruebas, la FGE y el numeroso grupo de abogados defensores de Amador Rodríguez Lozano, ex secretario General de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, titular de SEPROA; Karen Postlethwaite, titular de SIDURT; Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante legal de la empresa -inocentes en tanto no se determine su responsabilidad según el artículo 13 del CNPP-, iniciaron el proceso de estimar y desestimar sus hipótesis del caso.
Tras escuchar a las dos partes, el juez Bernardino Ahumada leyó las determinaciones en las que destacó que el ex secretario Amador Rodríguez Lozano, brazo derecho de Jaime Bonilla Valdez, durante su mandato, resultó absuelto de todos los cargos, al considerar que no había suficientes elementos para involucrarlo en el caso.
Y es que las firmas de Rodríguez Lozano sólo podían observarse en los decretos emitidos por el Congreso del Estado, pero no en el proceso de licitación y reglamentación para constituir el fideicomiso y signar el contrato con la empresa regiomontana.
Abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades; y peculado, fueron desestimadas en favor de Rodríguez Lozano, quien apenas tuvo conocimiento de su situación legal y se retiró del lugar.
Respecto a los demás implicados, se vinculó a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a Rodolfo Castro Valdez, Adalberto González Higuera, Karen Postlethwaite, Salomón Faz Apodaca, Marco Octavio Hilton y Tulio Pani Vano.
Mientras que por el delito de peculado se incluyó a Israel Clemente González y se absolvió a Tulio Pani Vano.
Tras darse a conocer la determinación del Juez, el Ministerio Público a cargo de Javier García Álvarez, Yessica Meza y la fiscal regional de Tecate, Rosaura Reyes, solicitaron prisión preventiva en contra de la mayoría de los implicados salvo por Karen Postlethwaite y Marco Octavio Hilton, bajo el argumento de que el resto vive fuera de la ciudad.
El reclamo de la defensa fue generalizado bajo el argumento de que todos los implicados habían acudido por su propio pie a las audiencias, además de que cuentan con domicilios fijos y trabajos que son el sustento de su familia, por lo que no había elementos para considerarlos posibles prófugos.
El Juez desestimó la petición de la FGE y fijó un plazo de dos meses para culminar con la investigación.
