La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo Tribunal Constitucional del país, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dentro de su ámbito de competencia se encuentran los siguientes casos: El juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares, contradicciones de tesis, sustentadas entre dos o más órganos jurisdiccionales, etcétera.
Sin duda alguna tiene una gran responsabilidad a su cargo, y se supone que es un poder autónomo que debe obrar imparcialmente y con apego a la Carta Magna. Es tan grande su poder que ante cualquier asunto que se turne a ella, su fallo será inapelable. Es, pues, la última opción para reclamar justicia en nuestro país.
Desafortunadamente ya tenemos una muestra de la tendencia o influencia que ejerce AMLO y la 4T sobre su tan importante función, al resolver sobre la preponderancia de la UMA sobre el salario mínimo para el cálculo o monto de las pensiones de los trabajadores. Una resolución a todas luces política o influenciada por el actual gobierno, que perjudicó a los trabajadores de nuestra gran nación. Y hablando en términos beisboleros, de los que gusta nuestro Presidente, “aléguenle al ampáyer”… No hay más a quién acudir, excepto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
No conformes con ese gran golpe a la clase trabajadora, ahora le toca resolver sobre la reducción del monto de las pensiones de los trabajadores por “utilidad pública”. El caso específico del estado de Jalisco. Muchos en Baja California dirán que eso nada tiene que ver con nosotros, pero resulta que sí la tiene: Si la SCJN falla en favor del gobierno de Jalisco y se reducen los montos de las pensiones de los trabajadores, se sienta el precedente para que todos los demás gobernadores utilicen la misma estrategia para hacerse de recursos económicos para campañas políticas o programas sociales… con su consabido lema de darle más a los que menos tienen con el “Corazón por delante”. Claro que esta medida solo afectaría a los pensionados y/o jubilados.
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Los compañeros del Magisterio en activo dirán: “eso no nos perjudica a nosotros que resuelvan de la manera que puedan”, sin tomar en cuenta que en un futuro ellos también pasarán al estatus de jubilados. Solo que ahora a los 65 años de edad y no a los 30 años de servicio docente.
Con la centralización de la nómina magisterial puede pasar la misma situación y se afectará a un promedio de 55 mil docentes, entre maestros estatales y federales, pues se perderían 6 de los 8 bonos más importantes. Los compañeros federales perderían ese 22 por ciento que les paga el estado; habrá algunos que digan que no, pero no tienen garantía alguna de que esto no suceda.
Y con la Universalidad de la Salud y la Homologación de prestaciones entre el IMSS, Issste e Issstecali viene otro severo golpe a los trabajadores: aparte del tope de 10 UMAS para el cálculo o monto de las pensiones, viene el IMSS-Bienestar, que absorberá al Issstecali. ¿Y quién pagará las pensiones de los Trabajadores de la Educación y la Burocracia? ¿Y los trabajadores del Instituto (médicos, enfermeras, personal administrativo) en qué situación quedarán?
Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza que esto no suceda. Pero ya tuvimos la amarga experiencia de la Ley de Issstecali del 2015, con la cual se perdió la Jubilación Dinámica; dicho de otra manera: Lo que el viento de la corrupción sindical se llevó y condenaron -indebidamente- a las nuevas generaciones a jubilarse hasta los 65 años de edad. Así que, compañeros, esto no es cuestión solo de los jubilados, es cuestión también de los activos. Las Secciones 2 y 37 del SNTE guardan sepulcral silencio sobre estos temas, pero compañeros activos y jubilados, ustedes tienen la palabra. Y si nuestros líderes sindicales no defienden tus intereses y prestaciones actuales… ¡Qué esperas para actuar!
Si la Suprema Corte de Justicia se convierte en la Suprema Corte de Injusticia, por apoyar la política del actual gobierno, la movilización social será la única vía que impedirá se violen los derechos y prestaciones adquiridos por los trabajadores. Ahora sí que no se miden; por “Utilidad Pública” reducirán pensiones a su antojo. Se pasan además por el “Arco del Triunfo” la no retroactividad de una Ley… o bien cambian las Leyes en perjuicio de los Trabajadores. Compañeros “el que calla, otorga”.
Atentamente,
Profr. Francisco Heredia Guzmán.
Tijuana, B.C.
