Violentando el derecho de parlamento abierto, el Gobierno y Congreso al servicio de Marina del Pilar Ávila Olmeda aniquilaron al Sistema Estatal de Transparencia de Baja California. Sin vergüenza o dignidad, los diputados votaron la propuesta de la mandataria para que sean los funcionarios quienes acaparen la mayoría de los lugares dentro del consejo, convirtiéndolo en otro ente gubernamental, costoso e inservible.
Fueron 20 votos a favor y dos en contra: uno del “bonillista” y opositor permanente de la gobernadora Marco Antonio Blázquez, y el segundo de Daylín García, diputada por Movimiento Ciudadano, a quienes sus compañeros han tratado de desacreditar, sin pruebas y acusaciones formales, como acostumbran; los morenistas la acusan de representar los intereses empresariales.
Ahora, “el Comité de Participación Ciudadana (CPC) deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”; el problema es que en el texto original eran 11 los representantes ciudadanos.
Además, solo uno de estos ciudadanos podrá formar parte del grupo que toma las decisiones. Mientras que en la ley anterior, el Comité Coordinador del Sistema tenía 11 representantes ciudadanos, ahora únicamente participará uno, el cual deberá “coordinarse” o enfrentarse -sin la mínima posibilidad de éxito- a un puñado de funcionarios: el auditor, el fiscal especializado, el secretario de Honestidad, el presidente de Tribunal de Justicia Administrativa, los síndicos, un representante del Consejo de la Judicatura, el consejero presidente del Instituto de Transparencia…
En la lógica simplista y abusiva, expuesta por el diputado Manuel Molina (quien, a su conveniencia, ha transitado por todos los partidos políticos para permanecer en el poder), los funcionarios del Comité Coordinador que sirven al partido en el poder, a los que deberá enfrentar un civil en solitario, también son representantes ciudadanos, porque fueron designados por los políticos que obtuvieron el voto del pueblo.
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Los morenistas se la pasan hablando de lo honestos que son, pero esos discursos siguen sin traducirse en hechos. Por dedazo o asignación directa eligen empresas y reparten contratos millonarios a su conveniencia, mismos que después reservan la información para ocultar las irregularidades, como lo hacen actualmente con el contrato de las cámaras con SeguriTech. Incluso, algunos de esos funcionarios electos, cínicamente llegan a las cajas registradoras de los entes públicos y les ordenan a los cajeros simplemente no registrar determinados ingresos, convirtiéndolos en cómplices por miedo.
En la historia de Baja California hay muchos antecedentes de abusos de poder y robos al erario de representantes y gobiernos de todos los partidos: los panistas que en 1999 transaron con el crédito japonés y para ocultarlo simplemente corrieron al contralor [Mario Martínez] que se atrevió a enfrentarlos y le quitaron la presidencia del Congreso al diputado priista [Antonio Cano] que intentó detenerlos; el “facturagate”, en el que regidores del XVII Ayuntamiento de Tijuana, de todos los partidos, usaron facturas falsas para llevarse 28 millones de pesos en noviembre de 2004 (ninguno fue castigado y siguen ocupando cargos públicos). Por décadas, nada los ha detenido.
Resulta triste y patético que los más cercano a la “justicia” han sido los 6.8 millones de pesos que regresó la ex primera dama Brenda Ruacho en el año 2021, sin ser juzgada ni castigada por haber robado, por haber sustraído ilegalmente ese dinero de las donaciones al CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón).
En el abuso de la gobernadora y la XXIV Legislatura de Baja California, los organismos ciudadanos decidieron iniciar un proceso legal, pero deberán esperar a que los ayuntamientos, como es esperado, aprueben -con o sin voto- la iniciativa de la gobernadora aprobada el pasado 25 de agosto.
Argumentarán inconstitucionalidad por la negativa a analizar el tema en parlamento abierto a la sociedad, el cual fue solicitado por los ciudadanos y la diputada García en tiempo y forma; existen documentos con acuse de recibo, los cuales los diputados ignoraron intencionalmente.
Violando varios derechos en relación a la solicitud de parlamento abierto: el de progresividad, porque ya los admitieron para otros asuntos como la “movilidad”, y no pueden ir para atrás y sin responder, evadir un tema tan importante como la corrupción; además alegarán discriminación -porque no pueden ser discrecionales- de organizar los parlamentos para otros problemas, y a ellos solo recibirles documentos sin responder; con lo que se llega a la tercera violación, que es al derecho de petición.
Ahora es cuestión de esperar, para saber en qué sentido votan los ayuntamientos, cuántos organismos ciudadanos se unen en este combate al poder, y conocer hasta dónde están dispuestos los morenistas a llegar en este abuso.
