El Consejero Jurídico del Gobierno de BC, Juan José Pon, detalló que no se hizo una declaratoria de inocencia a favor del ex gobernador por la investigación ante un posible acto de corrupción para la construcción y servicio de una planta fotovoltaica.
Como parte de la estrategia jurídica del gobierno de Baja California sobre el proceso judicializado relacionado por posibles actos de corrupción por parte de funcionarios de la administración anterior en cabezada por Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) en la contratación para la construcción y servicio de una planta fotovoltaica, está contemplado solicitar el desafuero del senador morenista.
El Consejero Jurídico del Gobierno Estatal, Juan José Pon declaró durante la conferencia matutina de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, este miércoles 17 de agosto de 2022, en el Centro Estatal de las Artes en Tijuana, que no se hizo una declaratoria de inocencia, “el proceso penal continua, y va a continuar por el tema de la planta fotovoltaica”.
“Respecto a Jaime Bonilla, cómo es de conocimiento público, fue re incorporado cómo senador de la república y, por lo tanto, goza de fuero, en consecuencia al señor Bonilla no se le puede hacer ninguna imputación, el poder judicial del estado el 11 de agosto emitió un acuerdo señalando que se dejaba sin efectos la situación que se le había hecho a esta persona”, señaló.
El abogado del gobierno agregó que ante ese escenario conforme a los tiempos del proceso jurídico que continúa se buscará la vía del desafuero para el senador; sin embargo, explicó que dicha acción solo puede ser impulsada por la Cámara de Diputados y votada por la mayoría más uno de los que asistan a dicha sesión.
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“Quiero hacer una aclaración porque el señor Jaime Bonilla ha hecho manifestaciones publicas en el sentido de que lo que se contrató no fue una planta fotovoltaica, sino un contrato de suministro y esa declaración me parece increíble y grabe, ahora resulta que se afectaron participaciones federales del estado de Baja California para suscribir un contrato de suministro”, destacó.
De ser así, cómo lo declaró el ex titular de la Administración de Otay Water District, se habrían afectado 12 mil millones de pesos solo para firmar un contrato de suministro, además se debería pagar el consumo de la energía eléctrica que se genere, “a mí me parece que la declaración que hizo el señor, es una declaración poco creíble”, apuntó el abogado.
Ese supuesto contrato de suministro de energía eléctrica nunca fue autorizado por el congreso del estado, incluso la actual presidenta de la comisión de fiscalización, la diputada Alejandra Ang, pidió la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que verificara ese supuesto contrato, la ASE, verificó toda la documentación relacionada con este tema y concluyó, de manera contundente, que nunca se autorizó esa contratación”, aclaró.
LA AUDIENCIA
Bonilla Valdez y seis ex funcionarios de su administración, se presentaron ante el Juez de Control, el 15 de agosto, por las acusaciones derivadas de un posible acto de corrupción en la contratación de la empresa Next Energy, para la construcción y servicio de una planta fotovoltaica, que generaría energía para abastecer la demanda de energética del acueducto Tijuana-Río Colorado en Baja California.
La audiencia se llevó a cabo en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo, en Mexicali, misma que fue diferida, a petición de la defensa de los funcionarios, la cual argumentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) supuestamente entregó los expedientes momentos antes del inicio de la audiencia, luego de cinco meses de preparar el caso.
Entre el público asistente, además del Republicano Jaime Bonilla Valdez, quien no estaba invitado, asistieron:
-Amador Rodríguez Lozano, ex secretario General de Gobierno y funcionario del Gobierno de la CDMX.
-Rodolfo Castro, ex secretario de Hacienda y actual funcionario del gobernador Alfonso Durazo.
-Karen Postlethwaite, ex titular de SIDURT
-Adalberto González Higuera, es exsecretario de Hacienda y ex Oficial Mayor.
-Israel Clemente, ex funcionario de Oficialía Mayor
-Tulio Pani Bano, ex funcionario de Oficialía Mayor.
NO ATENDIÓ CITATORIOS
El ex gobernador morenista, cuando se encontraba sin su cargo como Senador de la República, las autoridades del poder judicial del estado intentaron notificarlo de la audiencia del pasado 15 de agosto, donde era solicitado en carácter de imputado, porque se encontraba sin fuero; pero no lograron notificarlo.
La tarde del lunes 4 de julio, intentaron notificar a Bonilla Valdez, sobre las acusaciones que se le imputan por el presunto quebranto al erario que intentó llevar a cabo mediante el contrato irregular que celebró con la empresa Next Energy, para la construcción de una planta fotovoltaica.
Sin embargo, en el domicilio que tenía registrado el ex mandatario no pudo ser localizado, por lo que se giró una constancia de citatorio que se pegó en la puerta de la entrada principal del inmueble.
El documento fue firmado por la notificadora del Poder Judicial, Sarahí Berenice Rodríguez López, donde narra de forma general el infructuoso intento por entregar el documento formal para dar por enterado al primero gobernador morenista del Estado, sobre las acusaciones en su contra, y lo invita a permanecer en su domicilio el día 5 de julio, a las 14:30 horas, para culminar la diligencia.
