Buena parte de los edificios que se construyen en las ciudades fronterizas son hospitales de especialidades privados, ninguno público. Esa es la señal de la rica veta de negocios lucrativos que significa el tema de la salud y la vivienda a lo largo de las fronteras entre México y EUA.
En un hospital o clínica particular condicionan recibir a un paciente de emergencia por ejemplo de COVID-19 con un pago o depósito temporal mínimo de 10 mil dólares, o 200 mil pesos; es la puntilla que salpican abusos y desregulación o “libertades” de operación de la medicina privada en el “mercado libre” de la salud. A lo que debería ser un derecho humano elemental, las políticas de salud neoliberales muy cercanas a la usura la han convertido en un privilegio de pocos o de un mercado de pacientes extranjeros con alto poder adquisitivo.
No se ha legislado y han cuidado este nicho de mercado para hacer grandes negocios que se expresan diariamente en la construcción millonaria de rascacielos de la salud que se imponen en las zonas urbanas. Las autoridades sanitarias o de economía casualmente no intervienen en la supervisión de la calidad del servicio ni en los topes máximos de precios de servicios más que abusivos de los servicios médicos. El acceso a una medicina más o menos eficiente, exclusivo para las clases medias y altas y una promoción para la entrada al paciente norteamericano, que encuentra en los servicios médicos de la frontera una cierta oportunidad de costos, relativizada o comparada con la tabla de costos elevadísimos de la medicina norteamericana.
Esta situación expone a la mayoría de la sociedad -los trabajadores- a acudir a hospitales públicos que carecen de condiciones para garantizar un trato con suficientes recursos humanos y condiciones de equipo, tecnología y capacidad eficiente. La salud integral es un verdadero lujo exclusivo de las elites.
Durante el pasado lunes, el Presidente López Obrador anunció una nueva reforma completa al Issste, afirmando cómo fue dejado en un estado deplorable en pasados sexenios. Casi 4 años tardó el Gobierno Federal en advertir esta realidad nacional.
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El mandatario trabaja una reforma al Issste como consecuencia de su privatización, además de que “estaba en una situación privatizante y sigue estando deplorable”. Por ello pretende dejarlo en un óptimo estado de atención tanto para los trabajadores del Estado activos como para los jubilados.
“Lo habían privatizado, nada más quedaba el nombre y el cascarón administrativo, porque hasta los edificios estaban privatizados, incluyendo laboratorios, todos los sistemas integrales subvencionados y queremos mejorar los servicios médicos y tener medicamentos y en eso estamos trabajando. La verdad es que estaba podrido todo”.
Originalmente dirigidos a trabajadores del campo y la ciudad, burócratas, maestros, militares, marinos y la población económicamente activa de la República y sus familias, hoy las austeridades del gobierno de AMLO integran a los legisladores del Congreso, pues se cancelaron seguros de gastos médicos privados.
En 1959 con motivo del aniversario de la expedición de dicho estatuto, el Presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) anunció la iniciativa de Ley que dio origen a la seguridad de los trabajadores del Estado. En ese entonces, bajo el cobijo del Issste, había casi 488 mil derechohabientes beneficiados con las 14 prestaciones que marcaba la nueva ley.
El 2 de enero de 1960 Adolfo López Mateos anunció los beneficios para la población: “El cuidado de la salud, del salario mercados populares (hoy destruidos o quemados), de la alimentación; una solución al problema de la vivienda; protección integral al individuo y a su familia, por jubilación, separación del servicio, invalidez, vejez y muerte. Desde esta fecha todas las clases trabajadoras están amparadas por un sistema de seguridad social”.
El Issste adquirió hospitales privados para satisfacer la demanda de servicio. En agosto de 1960 el Issste arrancó con la construcción de las tres primeras clínicas en la capital y compró el Centro Hospitalario 20 de Noviembre. El desmantelamiento del sector salud, financiero, comunicaciones, etcétera, fue desde el salinato privatizador (1982); el precio que pagan los mexicanos es pérdidas de salud, productividad, ingresos y vidas humanas.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
