En las últimas semanas, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) se ha visto envuelto en un manejo político y de control gubernamental, derivado de la urgencia por sostener los hilos del órgano colegiado que funge como árbitro y ente que garantiza el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Después del pinochetazo que intentó perpetrar la comisionada Lucía Ariana Miranda, con la complicidad de su flamante compañero Rodolfo Muñoz contra Alberto Sandoval Franco, actual presidente del ITAIP, éste último decretó un receso y suspendió la sesión hasta nuevo aviso, lo que mantuvo congelado al Instituto por varios días. Por si no fuera suficiente el conflicto interno, el viernes 19 de agosto se presentó una demanda de amparo por parte de un abogado particular de la Barra de Juristas de Mexicali, que se dicen afectados por la compleja situación al interior del ITAIP, puesto que sus conflictos ponen en riesgo -según refieren- el acceso a la información de la ciudadanía. En la demanda, el abogado sostiene que el ascenso del comisionado suplente Rodolfo Muñoz es ilegal, con el argumento de que la Ley de Acceso a la Información de Baja California sólo permite que ocupen el cargo titular cuando se presenten licencias temporales o definitivas, lo cual no ocurrió en este caso, toda vez que la hoy ex comisionada, Denise Gómez Castañeda, dejó su encargo tras cumplir los tres años en el puesto y no por una separación intencional. Considerando esto, los abogados solicitan que le sea retirado el nombramiento de titular y regrese a la suplencia, pues al darle el nombramiento de titular, aparte de violar la Ley, el Congreso intentó cubrir su omisión al no haber publicado la convocatoria para suplir esa vacante 120 días antes que la consejera propietaria concluyera su periodo. Así, entre conflictos y “golpe de Estado” en el ITAIP, los ciudadanos son los más afectados, toda vez que se encuentra en riesgo el derecho humano, que es la información.
Publicidad
