Académicos e investigadores calificaron de “delicadas” las declaraciones de Víctor Castro, pues no ha aplicado alternativas para combatir falta de agua. Recalcan que el costo ambiental y económico de desalinizadoras es alto
El gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, manifestó su aprobación ante la alternativa de desalar agua de mar para combatir la crisis hídrica y abastecer a las y los habitantes del municipio de La Paz.
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Según declaraciones del mandatario, la situación ha llegado a un punto en el que no existe otra alternativa más que recurrir a las plantas desaladoras, tal y como lo han implementado los gobiernos de Los Cabos en las últimas administraciones.
A pesar que investigadores y académicos han evidenciado las consecuencias ambientales y que existen otras opciones para superar la crisis, Castro Cosío insiste en que se debe buscar la forma en que la escoria de las desaladoras no afecte a las costas.
“No hay agua, pero se va a tener que invertir en desalar el agua más adelantito ya. Si no hay otras alternativas de recarga, ya la crisis hídrica nos está llevando a límites muy complicados en Baja California Sur, en todas partes”, dijo.
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De acuerdo con especialistas e investigadores, los mantos acuíferos de La Paz presentan un déficit de 7.8 millones de metros cúbicos (m³) al año.
Durante el verano de este año la escasez se agravó en los hogares de la ciudad Capital, con denuncias en las que acusan que hay viviendas en las que tienen más de dos meses sin agua.
“Es la última opción, lo he comentado con ambientalistas. Vale más buscar la manera en que la salmuera no haga daño u otro tipo de vertederos al mar que no nos haga daño desalar el agua. No va a quedar otra opción porque no vamos a perder la vida teniendo el mar con la posibilidad de desalarla”, agregó.
Respecto a obras como represas, mencionó que hay empresas que han alzado la mano, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para apoyar con el desarrollo de este tipo de infraestructura; sin embargo, para el mandatario no es la solución que la entidad necesita.
“Una presa, como ustedes saben, se convierte aquí en evaporometros (sic), realmente lo que hace la presa. No hay lluvias, no hay un río que tengamos con una presa que tenga permanentemente agua. Son inversiones muy cuantiosas para la captación de agua realmente”, mencionó.
Existe el proyecto de la Presa La Palma, no obstante, el planteamiento de Conagua eleva el precio de una manera extraordinaria, lo que imposibilita al Gobierno del Estado invertir en este tipo de infraestructura.
“Si se van a invertir 2 mil millones de pesos, preferimos estudiar más rápido la idea de desalar el agua que lleva también como dos años la construcción de una desaladora”, reiteró.
En ese contexto, se cuestionó a Castro si es viable seguir aprobando la construcción de más hoteles en Baja California Sur ante la problemática. Respondió que es un tema que se tendrá que reconsiderar tanto con la Federación, como con el Estado y municipios.
“Si continúa así, creo que hay que replantearnos en los tres órdenes de gobierno este asunto. Si no pasa lo que aquí en Punta Norte, que hasta están demandando al Ayuntamiento, pero ¿por qué?, si no cumplieron”, cuestionó, para agregar:
“Creo que sí se va a tener que parar, mientras no haya compromisos de aportar agua al desarrollo que quieran hacer, vamos a tener que acatar las instrucciones del Ayuntamiento”.
De igual forma, recalcó que el déficit del manto acuífero de Comondú es una realidad y ha sido señalado por su gobierno una y otra vez. Enfatizó que se requiere de un trabajo extraordinario de parte de los productores agrícolas y de conciencia, ya que no se debe seguir sobreexplotando esta fuente.
En ese sentido, llamó a la sociedad sudcaliforniana a cuidar el agua de una forma extraordinaria, ya que se advierte que en este verano y el del año siguiente, Los Cabos y La Paz estarán en una situación delicada.
“La gente exige como un derecho humano el agua, pero no alcanza, no hay suficiente. Aquí sí tenemos que elevar al grado extremo nuestra conciencia para que todos cuidemos o gastar agua demás”, señaló.
Cabe recordar que este año, la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó la ampliación de la desaladora de Los Cabos, lo cual tendrá un costo de mil 641 millones de pesos para el Ayuntamiento. Para ello, precisó el alcalde Óscar Leggs Castro, comprometieron el Impuesto Predial y las participaciones federales.
Asimismo, el 30 de septiembre de 2020, la XV Legislatura del Congreso aprobó el proyecto de una nueva desaladora para el principal destino turístico de Baja California Sur. Autorizaron al gobierno municipal, entonces encabezado por la alcaldesa Armida Castro Guzmán, solicitar dos líneas de crédito por más de 5 mil 200 millones de pesos a pagar en 25 años.
ACADÉMICOS SE OPONEN A DESALACIÓN
Ante las declaraciones del gobernador y las acciones emprendidas por el alcalde de Los Cabos, el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos fijó postura en contra de invertir recurso del erario en plantas desaladoras.
La doctora Janette Magalli Murillo Jiménez, explicó que en el proceso de desalación es muy conocido que los residuos se reintegren al ambiente marino, por lo que en principio, el costo es enorme.
La salmuera no sólo lleva la sal de mar, sino los químicos del proceso de desalación, además del residuo del mantenimiento de los equipos. Todo esto termina como desecho en el océano.
Aclaró que no se trata de una salmuera con alta salinidad que se va a diseminar y estará bajo control: “Lo primero se tiene que atender lo que a la inmediatez se requiere, que todos estemos más conscientes de lo que gastamos y usamos el agua y no desperdiciarla. Se necesita que el municipio tenga más campañas, que haya presupuesto para que se cierren las fugas, que eso ahorraría el 40% del agua, entre otras actividades que se han propuesto reiteradamente a OOMSAPAS”.
Las y los académicos precisaron que en última instancia se da el proceso de desalación, una vez que se cubran todos los pasos y actividades previas para combatir la crisis hídrica.
“Hay una incongruencia de las personas que quieren tener una empresa desaladora, eso suena a negocio porque millones cuesta una desaladora, el mantenimiento. Además, no dura eternamente”, indicó.
“¿Por qué no estamos de acuerdo? De principio hay métodos que se pueden hacer, como reciclar el agua que tenemos. El agua que se desecha se va a la laguna de La Paz y está contaminando, porque a veces la mandan negra”, argumentó la experta.
En La Paz han iniciado con algunas medidas como instalación de medidores, sin embargo, faltan campañas de publicidad para concientizar sobre el uso del agua.
No obstante, además de la macro y micro medición, es necesario reparar el acueducto para evitar fugas, así como la evaluación real de la situación a través medidas concretas y no con fórmulas.
Colectivo de Académicos Sudcalifornianos hizo hincapié en que cuesta mucho menos tratar el agua para usarla que desalar, sin embargo, las políticas públicas están enfocándose “desesperadamente” en introducir este tipo de empresas antes de aplicar las alternativas de combate a la crisis hídrica.
El doctor Gilberto Piñeda Bañuelos afirmó que permitir la entrada de plantas desaladoras da cabida a otro tipo de desarrollos, como los mineros, para hacer uso del agua de mar para subsanar la falta de recurso hídrico y llevar a cabo sus proyectos en Baja California Sur.
“Hay una razón principal, siempre, cuando hablamos de no usar la desaladora, por lo que significa técnicamente y científicamente la contaminación. Resulta que de ahí se agarran las grandes compañías capitalistas para decir ‘entonces no hay problema que pongas 800 hoteles, campos de golf, porque vamos a usar una desaladora’”, ejemplificó.
El consumo doméstico de agua ronda entre 150 y 200 litros por persona por día, mientras que en los desarrollos turísticos e inmobiliarios está entre 450 y 600 litros. Por ello, considera que seguir el modelo de Los Cabos significa aumentar cinco veces el consumo de agua en La Paz, de ahí que el Colectivo se opone a los macroproyectos mineros, turísticos e inmobiliarios.
“Son muy riesgosas las declaraciones tanto de Leggs como de Víctor Castro, de priorizar las desaladoras como una salida para que no haya escasez”, prosiguió el doctor.
Insistieron en que el gobierno en turno, del partido que sea, tiene como obligación explorar primero todas las alternativas antes que la desalación, situación que se está dando.
“Vamos a ser muy claros: una desaladora es una forma de privatización del agua, sin mayores rodeos. El agua es un derecho humano, un servicio público que deberíamos tener. Al meter una desaladora como empresa público privada, estás privatizando el derecho al agua, así de simple”, mencionaron los académicos.
