Gobierno del Estado restringe o dilata informar sobre gastos, incluso de administración de Jaime Bonilla. Ahora, opacidad en recurso para la Comisión Local de Búsqueda, otorgado en 2021 por Segob
Es la tercera vez que la administración morenista dirigida por Marina del Pilar Ávila Olmeda restringe o utiliza tácticas dilatorias para no proporcionar información sobre un tema de dineros.
Dos de ellas fueron publicadas en diversas emisiones de la columna Para Empezar de esta casa editorial, donde se demostró que tanto el contrato con la empresa Seguritech Privada por más de mil 100 millones de pesos, como la rescisión de contrato que el Poder Ejecutivo firmó con Next Energy para suspender el proceso con la planta fotovoltaica, fueron declarados reservados y se hará hasta lo imposible por restringir el acceso a ambos documentos.
Tales tácticas dilatorias para no brindar información al ciudadano, se han extendido a otros rubros que podrían considerarse menos turbios, como el otorgamiento de un recurso federal destinado a la adquisición de equipamiento de la Comisión Local de Búsqueda.
En días pasados, ZETA llevó a cabo una serie de peticiones de acceso a la información con las que se preguntó a la Secretaría General de Gobierno, a Oficialía Mayor y a la Secretaría de Hacienda, sobre comprobantes y facturas de los 18 millones de pesos recibidos durante julio de 2021.
Hacienda confirmó que el recurso proveniente de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue entregado al Estado, pero cuando se pidió información que compruebe el destino del subsidio otorgado por el Gobierno de México, las tres dependencias se desentendieron, señalándose mutuamente como la encargada de dirigir el recurso y operarlo.
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De manera simultánea, pero por diferentes frentes, las dependencias indicaron no contar con dicha información e incluso refirieron que no era de su competencia resguardar dichos datos, lo que quiere decir que alguna de las tres está mintiendo.
Y es que el recurso llegó a la Secretaría de Hacienda, pero quien terminó por operarlo fue la Secretaría General de Gobierno, encargada de la Comisión Local de Búsqueda, por lo que evidentemente, el resguardo de facturas y comprobantes debe correr por cuenta de uno de los dos.
Lo interesante de esto es que la Secretaría de Honestidad y Función Pública ya le puso el ojo a este caso y abrió una investigación relativa al uso y destino de ese recurso federal que algunas fuentes aseguran terminó siendo una medida -casi- de extorsión por parte de funcionarios de la pasada administración bonillista, que incluso pidieron algunas plazas -supuestamente- a cambio de liberar el recurso para organizaciones de la sociedad civil que buscan a personas desaparecidas.
Tal parece que, al segundo gobierno de Morena en Baja California, como al primero, le da escozor cualquier ápice de transparencia dentro de la actual administración vinotinto.
Refilón
Por cierto, mañana sábado 29 de julio Morena determinará quiénes serán sus próximos consejeros de partido, y de último momento, se modificaron los puntos de votación, que en su mayoría eran escuelas públicas.
Pero todo indica que el organismo político no pidió permiso a tiempo para operar e instalar urnas y casillas al interior de planteles educativos, lo que seguramente causará confusiones en una elección interna en la que prácticamente sólo van a votar los militantes del partido.
Ah, aprovechando: ¿Quién va a contar los votos? ¿En qué condiciones? No hay órgano garante independiente, sólo los mismos militantes del partido que ya está práctica y completamente adueñado por los afines a la gobernadora Marina Ávila Olmeda.
