La Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) no ha localizado a la empresa Fisamex (de Manuel García Soto, dueño de Romafam S.A. de C.V.), pese a que tendría que hacerse responsable ante los 11 amparos ganados por los que el actual gobierno de Baja California ha tenido que devolver lo cobrado indebidamente por la administración pasada.
“No tengo el monto total, porque el último era de 5 millones de pesos, pero tengo entendido que hubo cobros de 30 millones, 15 millones. Hubo cobros muy sustanciosos, entonces no sé, va a ser un verdadero daño patrimonial si los ganan todos. Ya estaríamos nosotros actuando en consecuencia como daño patrimonial, de manera penal, a través de la Fiscalía”, dijo Rosina del Villar Casas, titular de la SHFP.
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Aunque son alrededor de 11 amparos ganados contra los cobros de Fisamex, la funcionaria estatal aseguró que aún no hay fecha para que la investigación termine de integrarse, y pueda hacerse una denuncia de daño patrimonial. “No sabemos qué tanto se van a tardar los requerimientos que nosotros hagamos a los probables responsables, o a los testigos, es impredecible”, ya que en algunos casos ha habido funcionarios que dan hasta 70 domicilios o en los domicilios señalados no se encuentra al involucrado.
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Del Villar Casas aseveró que hasta que haya más amparos y se cierre la investigación podría hacerse la denuncia por daño patrimonial. “Imagínate si abrimos uno por cada dinero que se regrese a las personas afectadas en este sentido vamos a tener muchos expedientes del mismo tema. Ya que deslindemos la responsabilidad en el expediente que traemos y lo que va a responder el proveedor del servicio, el que hizo los dictámenes, que él ahí se hace responsable de las consecuencias del trabajo que realizó en el estado, con los dictámenes de las mediciones de agua. Creo que va a ser contra él”
En entrevista con ZETA, la funcionaria estatal recordó que, desde principios de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el 1 de noviembre de 2021, la dependencia a su cargo inició una investigación por los cobros hechos a empresas con base en los dictámenes de Fisamex.
La SHFP detectó que emanado del contrato firmado con el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, Fisamex tiene que hacerse responsable de todas las cuestiones jurídicas que emanaran, pero “no se ha hecho responsable de nada, porque los amparos son bastantes y los han estado ganando los empresarios aludiendo a la mala elaboración de los dictámenes y es por ahí que traemos la línea de investigación, que los dictámenes que se hicieron para hacer los cobros, realmente recayeron en el pago de lo indebido”.
Al ganar los empresarios los juicios se les va a restituir el recurso que se les cobró, ahí daría otro giro la investigación, porque ya sería daño patrimonial. “Imagínate cuánto dinero que se tendría que regresar de los cobros no debidos por parte del gobierno de esa administración”, reiteró.
En cuanto a la investigación hecha en la SHFP por la concesión entregada a Next Energy para desarrollar una planta fotovoltaica -también en el gobierno de Bonilla Valdez-, Del Villar Casas aseveró que cinco expedientes ya fueron turnados al Tribunal Administrativo, por abuso de funciones y colusión.
“Ahí el tribunal va a determinar, nosotros calificamos la falta como grave” y en caso de que la autoridad judicial lo encuadre en un delito los funcionarios involucrados podrían ser acreedores a inhabilitación y a resarcir el daño patrimonial, mientras que la empresa también podría ser sancionada.
En otro tema, la SHFP ya entregó información a la Fiscalía Especial Anticorrupción para que se judicialice un expediente de desvío de recursos, colisión de servidores públicos, abuso de funciones y daño patrimonial por irregularidades encontradas en un contrato por la adquisición de uniformes escolares, por 31 millones de pesos, signado por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) en 2021.
En la Fiscalía “se verá la participación del proveedor, si está coludido con los funcionarios”, añadió Del Villar Casas.
CADUCAN VACUNAS Y MEDICAMENTOS POR 150 MDP EN 2022
En entrevista conjunta con Del Villar Casas, el secretario de Salud Adrián Medina Amarillas informó que del 1 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022, han caducado medicamentos por 150 millones de pesos.
“Esa cantidad estaban contenidos no más de 40 claves de medicamentos. Una sola clave eran 70 millones de pesos, (…) era un medicamento de caducidad corta, alto volumen y poca movilidad dentro del sistema de salud”, correspondiente a un fármaco usado para acelerar la madurez del pulmón en niños nacidos prematuramente.
Al negar que haya habido una gran cantidad de medicamentos oncológicos que caducaron, Medina Amarillas refirió que en el lote de medicamentos que caducaron en la actual administración se identificaron vacunas (triple viral, fórmula heptavalente, hepatitis), “producto que se detuvo todos los procesos de vacunación durante la pandemia, es una cantidad de vacunas del programa universal de vacunación”
Además de fármacos como Bosetan, que es un vasodilatador pulmonar; los trobolíticos, que destruyen los coágulos sanguíneos; así como anticoagulantes y antivirales.
En la transición, el gobierno de Ávila Olmeda le “preocupó” detectar una cantidad “no despreciable de lote de medicamentos sobre todo de alto costo, de gran volumen y de poca movilidad, que iban a estar próximos a caducarse, algunos con menos de 6 meses, y eso implicaba un riesgo muy alto de que caducaran en nuestra administración, tal como sucedió.
Para tratar de reducir el número de medicamento en estas condiciones, la Secretaría de Salud intentó dispensar los medicamentos a otras instituciones dentro del estado, como al IMSS e ISSSTECALI, “e incluso hicimos gestiones con otras entidades federativas y con institutos nacionales de salud para poder colocar esos medicamentos antes de que se nos caducaran”, refirió Medina Amarillas.
La titular de la SHFP, Rosina del Villar Casas, abundó que en la dependencia a su cargo existe una investigación de medicamento caducado en 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021, por 83 millones 312 mil 385.49 pesos.
De los 83 millones, 40 millones de pesos corresponden a medicamentos caducados en la administración de Francisco Vega de Lamadrid. (Julieta Aragón)
