Una mala costumbre de los gobernantes mexicanos es responsabilizar a las administraciones pasadas de los pobres resultados de los gobiernos presentes. Si bien esta situación no es nueva, se agudizó en los últimos años. Con lo anterior no pretendo decir que si un funcionario cometió actos de corrupción u omisiones, éstas se queden impunes; soy de los que piensan que se debe castigar a todo aquel que desde un cargo público se aprovechó en beneficio personal. Ejemplos hay muchos.
El primero de ellos es el mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien a cuatro años de su administración culpa a los gobiernos del pasado de todos los males; si bien en algunos temas le asiste la razón, lo cierto es que también parece justificar la falta de resultados al resaltar los errores del pasado. La inseguridad es lo que más sobresale; culpar al expresidente Felipe Calderón (quien dejó el mandato hace 10 años) es evadir la responsabilidad directa. Sí, Calderón y compañía cometieron actos ilegales que se castigue, pero lo que el pueblo necesita son resultados y no solo gobernar con el espejo retrovisor en la mano.
En el tema de salud estoy con el Presidente de la República: me parece increíble que administraciones anteriores no hayan invertido en infraestructura hospitalaria, mejores sueldos al personal, equipamiento, etc. Es criminal que se dejaran hospitales inconclusos. Hoy en día, acudir a un hospital público en búsqueda de atención médica es toda una aventura, qué decir de intentar programar alguna cirugía o querer recibir algún medicamento para aquellas personas con enfermedades delicadas. Desde que tengo uso de razón los hospitales públicos en general son un desastre y no hay gobierno que ponga la salud como una verdadera prioridad; la pandemia del COVID exhibió a todos.
Pero también en los estados pasan cosas parecidas. En su momento, el exgobernador panista Javier Corral de Chihuahua decidió que su única “carta” que jugaría sería la de responsabilizar de todo a su antecesor César Duarte. Ante la inexistencia de resultados, o más bien dicho, su incapacidad para gobernar, se “colgó” de la aprehensión del exgobernador, y una vez que lo detuvieron ya no supo que más hacer. No es lo mismo ser oposición a convertirse en gobierno; o como coloquialmente se dice, “de escopeta pasó a pato”. La verborrea que utilizó Javier Corral durante años como legislador, donde criticaba a cualquier gobierno, quedó en eso; y los únicos que lo padecieron durante 6 años fueron los ciudadanos.
Otro ejemplo es la gobernadora de Campeche Layda Sansores, quien exhibe cada martes audios del exgobernador e impresentable Alejandro Moreno, hoy dirigente nacional del PRI, donde se escuchan tranzas y maniobras contables para evadir a la autoridad en la utilización de recursos públicos. Si bien Alejandro Moreno es un político corrupto y de lo peor de la política actual, exponer audios de esta manera es quebrantar la Ley; lleva más de un mes en el tema de los audios y los campechanos quieren mejores servicios públicos, no solo pleitos de carácter político.
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El caso de Baja California, donde se le persigue por corrupto al exgobernador Jaime Bonilla, fue completamente al revés; habría que recordar que fue él quien atacó primeramente a la actual mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, sin medir las consecuencias (es decir el “tiro le salió por la culata”) y ahora tendrá que aguantar lo que intentó realizar sin éxito.
En conclusión, todo aquel exfuncionario público que haya quebrantado la Ley debe ser castigado ejemplarmente y aplaudirse la acción, pero no debe ser motivo para que los actuales gobernantes dejen de lado los otros problemas que afectan a diario a la población.
Alejandro Caso Niebla es asesor en temas de comunicación y políticas públicas.
