Luego de que ZETA diera a conocer un video donde se observa la brutalidad con la que fue agredida una menor al interior del albergue del DIF en Tijuana, a manos de otras adolescentes que eran observadas por los cuidadores del lugar, el diputado Juan Manuel Molina, aseveró que podría encuadrarse una responsabilidad por omisión de cuidado que tendría que investigar la Contraloría del DIF y la misma Fiscalía General del Estado.
Este Semanario dio a conocer en su edición del 5 de agosto, un reportaje donde destaca además un video en el que se observan las múltiples agresiones recibidas por la menor, además de actos violentos que se cometen dentro de las instalaciones del albergue de Tijuana.
Al respecto, el edil emanado de Morena, aseveró que existen muchos malos vicios y problemas heredados de administraciones pasadas, puesto que aunque el gobierno cambió, el Sistema DIF sigue siendo el mismo.
“Hace tiempo se reformó la Ley para establecer desde la Ley de niños y adolescentes, todas las afectaciones son de oficio, con la simple publicación se puede investigar al mismo DIF, sí hiciere. El video se presenta y sí hay una situación de tolerancia, podrían incurrir omisión de cuidado, tanto a padres como a menores, yo ahí sí diría, el tema de la Contraloría interna debe investigar”, refirió el legislador morenista, quien agregó que es necesario realizar revisiones más profundas a los albergues y casas hogar.
“El Congreso puede hacer ajustes, en el Congreso del Estado y se tiene que buscar un camino que ya se pidió un camino del Poder Judicial que podría ser parte de las soluciones, podemos y debemos, generaré un acercamiento con la dirección del DIF para poder ver qué está sucediendo, somos un ente de gobierno, sí es un caso o varios, hace poco hicimos exhortos en referencia a casas hogar en Valle de la Trinidad inclusive”.
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Comentó además que según el último informe al que tuvieron acceso, el DIF indicó que cuenta con mil niños institucionalizados en Baja California, pero sólo se otorgaron 60 adopciones, lo que representa un número disparejo, por lo que consideró que en este punto podría darse una solución.
“Hay que revisar porque eso sí lo podría decir las razones por las que muchos niños no fueron por situaciones de violencia, muchos por cuestiones económicas, hasta de delito, hay casos documentados de la administración pasada donde se usó a un agente DIF para privar a un papá de su hijo y el hijo fue trasladado a EU sin una orden judicial y ese asunto sigue un asunto del Juez de Distrito”, concluyó.
