El ex mandatario estatal, fue buscado por la notificadora del Poder Judicial para hacerle de conocimiento formal que es requerido por diversas acusaciones que se le imputan por el caso de Next Energy, por lo que se le hizo entrega de un constancia de citatorio para que esté presente este 5 de julio.
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La tarde del lunes 4 de julio, el Poder Judicial intentó notificar al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, sobre las acusaciones que se le imputan por el presunto quebranto al erario que intentó llevar a cabo mediante el contrato irregular que celebró con la empresa Next Energy, para la construcción de una planta fotovoltaica.
Sin embargo, en el domicilio que tenía registrado el ex mandatario no pudo ser localizado, por lo que se giró una constancia de citatorio que se pegó en la puerta de la entrada principal del inmueble.
El documento fue firmado por la notificadora del Poder Judicial, Sarahí Berenice Rodríguez López, narra de forma general el infructuoso intento por entregar el documento formal para dar por enterado al primero gobernador morenista del Estado, sobre las acusaciones en su contra, y lo invita a permanecer en su domicilio el día 5 de julio, a las 14:30 horas, para culminar la diligencia.
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“Procedo a tocar la puerta principal por varios minutos sin que persona alguna atienda mi llamado”, reza el documento que con esta explicación justifica la entrega del citatorio “en la puerta principal de acceso”, del domicilio marcado con el número 10013 de la avenida Juan Cordero, en la Zona Río, de Tijuana.
El documento también señala que el intento de notificación se llevó a cabo este día, al filo de las 14:12 horas, y que el documento está previsto desde el primero de julio.
Sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre sí el domicilio visitado por el funcionario del Poder Judicial corresponde realmente al ex senador vinotinto, pues -aparentemente- el verdadero residente es su hermano.
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El empresario y propietario de PSN, tiene una cita con el Juez de Control para celebrar la primera audiencia el próximo 15 de agosto, donde -se supone- iniciará el juicio en contra del morenista, acusado -junto con varios de sus colaboradores, entre ellos el recién nombrado coordinador de Relaciones Interinstitucionales Amador Rodríguez Lozano- de comprometer las arcas estatales por 12 mil millones de pesos, por la construcción de una planta fotovoltaica que no se llevó a cabo.
