Con antecedentes de mineras que buscan establecerse donde mantos acuíferos podrían estar en riesgo alto de contaminación, especialistas exigen poner candados a esta actividad, como se hace en comunidades indígenas
En conferencia de prensa, investigadores, activistas y académicos presentaron una solicitud dirigida al Cabildo del XVII Ayuntamiento para solicitar que se declare a La Paz como un municipio libre de minería metálica, y así salvaguardar las fuentes de agua que quedan.
Representantes del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos y la Brigada “Ricardo Flores Magón”, hicieron hincapié en que la minería metálica es una actividad legal, pero en cuya ejecución se producen efectos devastadores sancionados por diversas leyes, por lo que, consideran, resulta paradójico que una actividad legal produzca violaciones a la normativa por su sola ejecución.
Los estudios presentados en la rueda de prensa por académicos e investigadores señalan que el estado de Baja California Sur, principalmente el municipio de La Paz, está acechado por compañías mineras nacionales y extranjeras.
Expusieron que contabilizan 10 Núcleos Agrarios Mineros, que cubren una superficie de más de 396 mil hectáreas en toda la geografía sudcaliforniana. A esto suman el área y comunidades agrarias que cuentan con concesiones mineras sobre sus tierras dando un total, hasta 2022, de 217 concesiones equivalentes a 753 mil hectáreas.
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, La Paz cuenta con los siguientes acuíferos: Santa Rita, Las Pocitas-San Hilario, El Conejo-Los Viejos, El Carrizal, Melitón Albanes, La Matanza, Cañada Honda, Todos Santos, El Pescadero y Plutarco Elías Calles.
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Los acuíferos se ubican en las zonas sureste y suroeste de La Paz y son las únicas fuentes de abastecimiento de agua potable de las ciudades y pueblos que conforman el municipio. Además, en el Plan Municipal de Desarrollo se remarca que ya se encuentran en condiciones de sobreexplotación.
“Los datos del agua en los acuíferos de La Paz que ofrece el Plan Municipal de Desarrollo son alarmantes, ya que la Disponibilidad Media Anual de Agua en el municipio de La Paz es deficitaria en 19 millones de metros cúbicos”, recalcaron.
“El oro es la única mercancía en el mundo capitalista que no es necesaria para la vida humana, pero que posee valor intrínseco desde que se empezó a utilizar como reserva de valor hasta nuestros días. Por su parte, el agua para el consumo humano es el único valor de uso que es imprescindible para la vida humana y que el mercado ha convertido en una mercancía, utilizada en grandes cantidades por las megaindustrias mineras, inmobiliarias, residenciales y turísticas”, externaron.
En este contexto, enfatizaron que la ciudadanía de La Paz se ha caracterizado por participar y ser eje rector en la defensa del agua y el territorio contra proyectos de minería metálica a cielo abierto.
En años pasados se han registrado movimientos de resistencia contra empresas que han buscado explotar zonas vitales como la Sierra de la Laguna. Remarcaron que este tipo de minería, además de ser altamente contaminante, pone en peligro la integridad de los acuíferos de La Paz.
“En el caso del municipio de La Paz, Baja California Sur, las compañías extranjeras intentan extraer los recursos minerales metálicos, principalmente el oro, empleando compañías fachadas mexicanas. Para el proceso de lixiviación proponen utilizar millones de metros cúbicos ya sea de agua subterránea o de agua desalada, contaminando los mantos acuíferos del municipio de La Paz, ya de por sí deficitarios, así como los ecosistemas costeros con las salmueras y los contaminantes usados en el proceso de la minería y en el proceso de desalación”, expresaron.
En este sentido, sustentaron que la Ley Minera no es clara sobre la minería a cielo abierto. Tampoco establece el límite máximo que pueden abarcar las concesiones, lo que permite que los grupos con gran poder puedan hacerse con tierras de gran extensión a pesar de las garantías que salvaguarda el artículo 27 de la Constitución Política de México.
Con respecto a los riesgos de extracción, argumentaron que los yacimientos minerales de oro en Baja California Sur contienen altas concentraciones de metales y metaloides potencialmente tóxicos como el arsénico, antimonio, cadmio, plomo y zinc.
La extracción de minerales en estas condiciones y de tajo abierto o galerías, así como los procesos de recuperación del oro y plata por medio del proceso de cianuración, liberan elementos tóxicos y los ponen biodisponibles para las comunidades.
Los estudios del Colectivo y la Brigada evidencian que actualmente existen pocos depósitos de agua subterránea que presentan concentraciones de arsénico por arriba del límite máximo permisible para consumo. También han detectado altas concentraciones de arsénico en 270 habitantes de las zonas de influencia de los antiguos desechos mineros.
Las investigaciones arrojaron que la orina de estos pobladores mostró concentraciones entre 6 y 390 microgramos por litro de arsénico, valores muy por arriba de la norma establecida por la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATDSR por sus siglas en inglés).
Tras el exhorto, el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos y la Brigada “Ricardo Flores Magón” se encuentran en espera de una respuesta por parte del Cabildo del Ayuntamiento de La Paz.
Poco antes del cierre de esta edición, ZETA preguntó al secretario general del XVII Ayuntamiento de La Paz, Pavel Castro, sobre la respuesta. El funcionario aseguró que dentro de poco contestarán a los académicos.
