Diferentes organizaciones de la sociedad civil, que iniciaron un frente de defensa legal desde 2021, lograron obligar al Ayuntamiento de La Paz a que aplique un programa en beneficio de la calidad del aire en la cuenca ambiental de la ciudad Capital.
Subrayando que se trata de un avance que es resultado de la exigencia ciudadana, Mario Sánchez Castro, director regional noroeste del Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA), expuso que esto se logró a través de una sentencia dictada por un juez federal en febrero de 2023.
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La resolución federa obliga al Ayuntamiento de La Paz a emitir una política pública en para contrarrestar la contaminación del aire en la ciudad, esto por medio de coordinación institucional y colaboración de asociaciones civiles.
En respuesta, el Cabildo de La Paz aprobó el programa municipal que denominarán “Mejor Aire”, con el buscarán establecer y operar sistemas de verificación de emisiones y de monitoreo de calidad, así como integrar inventarios de fuentes contaminantes.
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El Cabildo también aprobó que el Ayuntamiento suscriba un convenio específico con el Gobierno del Estado para garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de la caseta normativa de monitoreo, unidad con la que ya cuenta La Paz.
Según expuso Mario Sánchez, los datos de esta caseta deberán reportarse en un procedimiento oficial al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).
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Cabe recordar que este logro llega en medio de señalamientos y multas en contra de las centrales de energía de La Paz, debido a que rebasan los niveles de contaminación permitidos por la ley. De acuerdo con las organizaciones, este caso es una muestra evidente de lo que se ha venido denunciando desde hace años.
Aunque no dejan de celebrar la aprobación, la directora de Cómo Vamos La Paz, Lucía Frausto, hizo hincapié en que este programa no puede quedar en un papel nada más, recalcando que las autoridades deben proceder con la instalación del Grupo de Trabajo de Calidad del Aire.
Explicó que este grupo debe quedar conformado en un plazo máximo de dos meses, por lo que, advierte, estarán atentos a las convocatorias que deben lanzarse.
Asimismo, reiteró que también deben garantizar la asignación de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, ya que esto será fundamental para asegurar la coordinación entre instituciones de gobierno y la sociedad civil.
