La detención de un vendedor de elotes en el Centro de La Paz fue la gota que derramó el vaso de la tolerancia de comerciantes ambulantes, quienes se organizaron para protestar en la explanada del Palacio Municipal para denunciar diversos abusos, omisiones, irregularidades, hostigamiento y discriminación por parte de autoridades del Ayuntamiento.
Bajo el lema “No somos delincuentes”, llegaron uno a uno e instalaron una mesa, sus carritos en los que venden sus productos los colocaron alrededor y levantaron sus cartulinas. “Sólo queremos trabajar, no estamos robando a nadie”, gritó Ángela, una de las vendedoras ambulantes que dice haber sido víctima de acoso policial.
Y es que el origen de esta manifestación viene de la aplicación del reglamento del malecón de La Paz, que prohíbe el ambulantaje desde 1995. Sin embargo, los inconformes señalan que sólo a ellos se les impone la ley y no se les dan alternativas.
Agustín Cruz Cervantes, quien se dedica a la venta ambulante de elotes, fue detenido el domingo 26 de abril en el Centro de La Paz. Su caso se viralizó por redes sociales, cuando circuló el vídeo en el que se mostraba el momento en el que fue esposado por trabajar sin un permiso para esa zona.
“Yo me encontraba en la calle 16 de Septiembre a la altura de El Parnazo; me movieron y me dieron la indicación de que me debía poner a la altura del SEARS, me moví. Posteriormente ahí llegó la patrulla; no llegaron con previo aviso de que no podía estar ahí, de que me retirara”, relató.
“Ellos llegaron como si se tratara de un vil delincuente, me dijeron que me iban a llevar detenido porque estaba infringiendo las normas de vialidad y que porque no podía vender en la vía pública”, agregó.
No es la primera vez que enfrenta una situación así, sin embargo, en esta ocasión su caso se hizo del conocimiento público. “Me pusieron dobles esposas, como si fuera un vil delincuente; ahorita tengo lastimado parte de la muñeca, se ve inflamado, no se ve el morete por mis tatuajes. Se me hace muy incongruente el actuar de los oficiales”, compartió Agustín.
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Los vendedores ambulantes recalcaron que han intentado y buscado mecanismos para poderse regular, pero, dicen, la respuesta ha sido la misma: no hay autorizaciones para trabajar en el malecón de La Paz.
“Aquí la cuestión es que siento que nos están excluyendo mucho de nuestros derechos, siento que están limitándonos demasiado en el poder trabajar. Como lo dicen los inspectores: ‘No hay permisos’, pero nosotros hemos luchado”, expresó.
En este escenario, cuestionan las decisiones de las autoridades del Ayuntamiento de La Paz, ya que hay otras violaciones o arbitrariedades que sí se permiten, como el hecho de que hay negocios que han invadido la banqueta como una extensión de sus comercios.
“Hemos venido con el director o directora en turno a solicitar las licencias; yo personalmente he ido a audiencias con la alcaldesa y me han sido negados. Su respuesta es que no hay permisos en todo lo largo del malecón, siendo que todo el malecón está lleno de comercios”, reiteró Agustín Cruz.
“Ahí entra la discriminación, porque a unos sí y a otros no nos quieren dar permiso. Todos tenemos derecho a trabajar… ¿por qué a unos sí y a otros no?”, mencionó.
Con su detención, el elotero fue multado por la cantidad de cuatro mil 107 pesos, además de que perdió las ventas de dos días y su producto se echó a perder mientras recuperaba su vehículo; son más de 10 mil pesos que nadie le pagará ni se los devolverá.

“Se me hace demasiado injusto, porque no somos criminales, no somos delincuentes; salimos a las calles a ganarnos la vida honradamente”, subrayó.
“Lo único que hacemos nosotros es dedicarnos a trabajar, es nuestro único delito; y si nos aferramos al trabajo es porque tenemos familia que mantener y tenemos que llevar el sustento a casa. No nos estamos dedicando a robar ni estar ofendiendo”, añadió.
Ibérica Nava, también parte de los inconformes, aseveró que buscan la manera de regularizar sus negocios, pero, denuncia, la burocracia en la Dirección de Comercio también es un factor que impide que muchos lo hagan.
Asimismo, hizo hincapié en la cantidad de directores que ha habido en esta área, más la rotación constante de personal, situación en la que sólo sale perjudicada la población.
“Todos queremos regularizarnos, no queremos evadir los pagos que se hacen. Están violando de manera directa el Artículo 5 Constitucional”, apuntó.
“Claro que hay discriminación para el área de comerciantes porque los ven como que no merecieran respeto, y es un trabajo digno y honrado. No es justo que para unos sí hay permisos, porque claro que los hay. Todo mundo sabe que hay favoritismos y eso no se puede permitir”, mencionó.
Carlos Eliseo Cota Martínez, comerciante de La Paz, dio testimonio de otro caso. Durante décadas, su familia mantuvo un local en el Centro en el callejón 21 de Agosto, hasta que en marzo pasado la administración de la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, procedió a removerlo.
Durante los últimos 13 años se dedicó a mantener a flote el negocio de su familia, incluyendo la venta de comida, refrescos, papas, revistas, recargas, botanas, toallas sanitarias y otros artículos. Incluso procedió con modificaciones y remodelaciones para seguir trabajando en el Centro y hasta instaló un poste de luz, esto por petición de distintas administraciones municipales.
A inicios de marzo, se llevó a cabo la inauguración del callejón, con la entrega de puestos para artesanos, con la presencia de la alcaldesa. Aunque, dice, solicitó información ante el temor de que intentaran removerlo, no obtuvo la orientación necesaria.
“Su grupo de apoyo estuvieron siempre negándome la información completa porque siempre me dijeron que yo tenía que estar tranquilo, que no me tenía que preocupar, que yo siempre iba a tener mi lugar”, narró.
Sin embargo, el 25 de marzo, un inspector de Comercio se presentó en su local para clausurarlo.
“De ahí empieza la lucha con este tema: uno quiere trabajar, es el ingreso de mi familia, el apoyo. El 25 de marzo retiran mi puesto de la vía pública, sin ninguna razón. Ahí estamos a mes y medio buscando seguir llevando ingreso a la casa”, mencionó.
“Antes de eso nomás me dijeron que me iban a recorrer dos metros y sí lo hicimos. Se levantó el puesto entre nueve o diez personas, se reubicó. Claramente hubo molestia de algunos comerciantes, de algunos locatarios, pero pues se suponía que todo iba a estar normal”, dijo.

Carlos Eliseo recuperó su mercancía y su local, pero dañados, afectando el patrimonio de su familia y la economía de su hogar.
Comenta que al igual que otros compañeros ha buscado la forma de regularizarse, de obtener un refrendo, pero nadie le daba una respuesta en el Ayuntamiento de La Paz.
Los vendedores recalcan que identifican una forma de operar, en la que los funcionarios del Gobierno Municipal no orientan, no acceden y no dan soluciones, para simplemente culparlos en el momento en que llegan y los retiran o los detienen por trabajar sin permisos.
“Somos muchos comerciantes, a todos nos llegan a quitar con uso de la fuerza y no es el primero al que le pasa. Hay otros de los que no han tenido evidencia y no se ha hecho viral nada, pero a muchos se les ha hecho lo mismo”, intervino Agustín Cruz tras el testimonio de Carlos Eliseo.
Sobre esta situación, el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jehú Vázquez, explicó que desde 1995 no hay permisos para el ambulantaje en el malecón de La Paz.
“Hay permisos, claro que hay permisos. Hay permisos de venta en toda la ciudad, sólo en una zona que así lo marca el reglamento, y nosotros tenemos que cumplir el reglamento”, sostuvo.
El funcionario comentó que la norma marca que en el primer cuadro de la ciudad no se puede permitir la venta de ambulantes; esto abarca la zona del malecón. Sin embargo, han buscado la manera de integrar a los vendedores instalándolos en el Callejón Cabezud, ubicado frente al Muelle Fiscal.
En este escenario, declaró que han sopesado maneras de beneficiar a los comerciantes, incluso disminuyendo el cobro diario de permisos, que antes era de 38 pesos y ahora es de 8 pesos, según su declaración.
“Son 30 pesos menos y en la Dirección de Comercio se pueden conseguir, sólo que hay temas muy específicos. Por ejemplo, no se pueden dar permisos para que los ambulantes vendan en semáforos”, reiteró.
Jehú Vázquez mencionó que siempre está la opción de adecuar la normatividad, subrayando que el derecho es cambiante, pero sin comprometer ninguna modificación ya que, recordó, es un tema que compete al Cabildo.
“Ambulantes en el malecón, según el reglamento, no se puede. Tenemos que modificarlo en su caso, pero este será un tema de ver qué quiere la ciudadanía: un malecón con ambulantes o un malecón sin ambulantes”, aseveró.
Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, enfatizó en que buscan impulsar el orden del comercio en el paseo costero.
Recalca que todo responde a una estrategia de diálogo, reubicación y regularización para fortalecer la actividad económica y proteger el espacio público, defendiendo que su administración ha promovido alternativas formales para comerciantes y prestadores de servicios, “brindando certeza y mejores condiciones para el desarrollo económico”.
Precisó que el decreto vigente y aprobado por el Cabildo obliga al Gobierno Municipal a regular la instalaci

ón de vendedores ambulantes en puntos fijos, como el callejón Cabezud.
Pese a los testimonios de comerciantes, argumenta que han privilegiado la construcción de acuerdos y alternativas antes que la confrontación, y que en los últimos tres años han atendido a más de 60 vendedores para avanzar con sus procesos de reubicación y regularización.
Además, justificó que en 2025 se formalizó el Punto Único de Venta (PUV) para servicios turísticos náuticos, instalando una gaceta municipal para que sea el punto de venta físico autorizado del malecón.
“En febrero de 2026, este modelo se fortaleció con una inversión municipal de 595 mil 790 pesos, integrando a 70 prestadores de servicios, 81 embarcaciones autorizadas y 19 mujeres dentro de un esquema formal que brinda certeza tanto a trabajadores como a turistas”, informó el Ayuntamiento de La Paz
Por último, la alcaldesa reiteró que su postura de ordenar el comercio se traduce en mejores oportunidades, pero a través de reglas claras y que beneficien a la ciudad.






