Cientos de habitantes de la ciudad de La Paz se congregaron en el paseo costero Álvaro Obregón para marchar contra una serie de proyectos que, según denuncian asociaciones civiles y ciudadanía en general, se perfilan para ingresar a la emblemática playa El Saltito.
Uno a uno fueron llegando para manifestarse, con pancartas para exponer sus mensajes en contra de los denominados “megaproyectos”, argumentando que estas inversiones han traído consecuencias negativas para las personas que habitan en las comunidades de Baja California Sur.
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En esta ocasión está una iniciativa, llamada “Playa El Saltito Segunda Etapa”, con la que solicitan la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Este desarrollo pretende lograr una autorización para ejecutar el desmonte de más de 109 hectáreas en esta zona de La Paz, sin embargo, es sólo la punta del iceberg.
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“Playa El Saltito Segunda Etapa” está relacionado con otros proyectos que buscan todos los permisos para operar y construir en esta área. Juntos abarcarían una superficie mayor a las mil 500 hectáreas y cubrirían más de 20 kilómetros de costa.
Es por ello que la ciudadanía salió al malecón de La Paz, se organizó y alzó la voz, recordando que El Saltito ya tiene antecedentes de privatización de caminos para la playa, que han costado años de defensa legal y ambiental para desbloquearlos.
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“El territorio no se vende; se ama y se defiende”, “El Saltito todavía es nuestro, que siga siéndolo depende de la comunidad”, se leía en las lonas y pancartas que llevaron los asistentes.
La marcha arrancó desde la escultura Jacques Cousteau hasta el quiosco del malecón, con un mensaje claro: exigen acciones contundentes de los tres niveles de gobierno para evitar la devastación de este espacio de uso tradicional para los paceños, así como para turistas nacionales e internacionales.
Además, subrayaron que el mismo estudio de “Playa El Saltito Segunda Etapa” reconoce que el desmonte de las 109 hectáreas conllevaría la eliminación de 17 mil 400 cardones y 880 biznagas, especies de flora que son vitales para el desarrollo y sustentabilidad del ecosistema.
Directamente, a Semarnat pidieron que no evalúe estos proyectos por separado y que analice el impacto acumulado que tendrán.
A las autoridades del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de La Paz recordaron que la crisis hídrica de La Paz es insostenible y que, a pesar de que el agua no llega a miles de hogares de forma constante, siguen aprobando inversiones a las que no se les puede abastecer del vital líquido.
Recalcaron que no es el único punto de Baja California Sur donde se han levantado movilizaciones, ya que en las costas del Océano Pacífico hay protestas en contra del complejo turístico denominado Punta Nayu, esto en San Cristóbal, municipio de Los Cabos.
En La Paz hay otros frentes por el proyecto “Saguaro Marina Resort”, que busca desarrollar una marina y un complejo turístico en Punta Arena.
LOS PROYECTOS DE “EL SALTITO”
Gabriela Ramírez, coordinadora del Programa Territorio de Cómo Vamos La Paz, expuso cuál es la situación real de la emblemática playa de La Paz.
Explicó que se trata de tres proyectos que están fragmentados y que buscan su ejecución simultánea, entre los cuales ocuparían un espacio superior a las mil 500 hectáreas y que cubrirían más de 20 kilómetros de costa.
La especialista mencionó que es una práctica común que los inversionistas fragmenten las solicitudes en distintas Manifestaciones de Impacto Ambiental cuando los proyectos son más grandes.
“Las van recortando y haciendo como si fueran proyectos independientes, aislados, con menores impactos”, subrayó.
El primero de ellos se denomina “Desarrolló Turístico Residencial El Saltito”, que busca construir más de 550 lotes, un hotel, con un campo de golf de 18 hoyos, en un predio mayor a las 708 hectáreas, además de ejecutar un desmonte de 187 hectáreas.
Particularmente este proyecto, promovido por Legato Investments Saltito 1 S. R.L. de C.V., logró la aprobación de su MIA en 2008, con una vigencia de más de 50 años.
Gabriela Ramírez recalcó que aunque en los últimos 15 años no se había registrado ninguna acción por parte de los promoventes, actualmente el proyecto está vivo y busca una autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales ante Semarnat.
“Una de las condicionantes que venía con la autorización de 2008 es que debían obtener el cambio de uso de suelo y hoy 2026 aparece este nuevo trámite”, dijo.
“Eso habla de que hay una firme intención de seguir avanzando en el proyecto; es bastante peligroso que se autoricen Manifestaciones de Impacto Ambiental de 50 años. Las administraciones federales y estatales son a seis años y las locales a tres años, pero las autorizaciones pueden ser por décadas como lo pone este proyecto”, detalló.
Dentro de este mismo trámite entra el proyecto “Playa El Saltito Segunda Etapa”, que fue la “gota que derramó el vaso” y provocó la marcha en la ciudad de La Paz, con el que pretenden desmontar las 109 hectáreas en la zona.
En un predio de 700 hectáreas, a un lado de “Desarrolló Turístico Residencial El Saltito”, detectaron otro proyecto, denominado “Residencial Turístico Azul Cortés”, que contempla la creación de cientos de lotes habitacionales privados, la construcción de hoteles turísticos y clubes de playa, logró también la autorización de su MIA desde hace 15 años.
Y por último, el tercer proyecto identificado se denomina “Residencial Turístico Boca de El Saltito”, que, aunque es el más pequeño de los tres, juntos acumulan mil 500 hectáreas que exponen las asociaciones civiles.
“Nos resulta preocupante que se esté avanzando en los trámites para que se estén materializando este tipo de proyectos; es un proyecto prácticamente igual o muy parecido a ‘Península de los Sueños’. Este frente, de más de 15 kilómetros de la costa, con un campo de golf y con un montón de predios y de cuartos de hotel”, declaró Gabriela Ramírez.
“Es este modelo muy viejo y que hemos visto cómo funciona, cómo se ha construido en Los Cabos, al sur del estado, y que cada vez está avanzando más. Este modelo ya llegó y ya estamos viendo las consecuencias; las personas de La Ribera están viviendo los impactos y va avanzando cada vez más este tipo de proyectos”, compartió.
PIDEN REVISIÓN A SEMARNAT
Gabriela Ramírez dijo que entre las acciones que ya han implementado está una solicitud para que Semarnat analice observaciones que han hecho con respecto a estos proyectos, particularmente sobre la solicitud de cambio de uso de suelo forestal, con la que pretenden llevar a cabo el desmonte de las 109 hectáreas.
Como tal, han solicitado que se revisen las contradicciones en la clasificación del tipo de vegetación que se está manifestando en el estudio técnico-justificativo, que presentaron los promoventes para la autorización de cambio de uso de suelo.
Desde la revisión que hicieron las asociaciones civiles, se detectó que existe una subestimación del impacto del desmonte que se pretende ejecutar, ya que no hay una compensación proporcionada para mantener la biodiversidad del ecosistema.
También recalcaron que hay especies como el águila pescadora, pelícano pardo, tortuga golfina, tortuga carey, halcón peregrino, palo fierro y matorral sarcocaule, que cuentan con protección de la NOM-059-Semarnat.
A la lista de observaciones agregaron que se revise la congruencia entre la normatividad vigente y las características de los proyectos, ya que estos lograron sus autorizaciones hace más de una década, y en este tiempo se han dado diversas reformas y actualizaciones en materia ambiental y de desarrollo urbano a nivel federal, estatal y municipal.
Al Ayuntamiento de La Paz y al Gobierno del Estado pidieron que emitan una opinión técnica y posicionamiento oficial “desde la parte normativa actual vigente y con el modelo de gestión integral del territorio del municipio de La Paz, que sabemos que no es congruente con este tipo de proyecto”, reiteró.
Para finalizar, incluyen los riesgos para el acceso al agua potable, ya que, señala la activista, existe un riesgo de impacto directo en la capacidad de captación del vital líquido, enfatizando en que la remoción de más del 95 por ciento de la cobertura vegetal en la zona reduciría la filtración y el almacenamiento natural.
“Justamente parte de lo que se ha trabajado en esta administración ha sido la apertura del acceso a las playas, y tener este tipo de proyecto nos rebasa y contrapone esta visión tanto de la administración actual; pero sobre todo representa un despojo de la identidad y de un espacio público natural para las personas de La Paz”, finalizó.
Con respecto a los proyectos que están en revisión y con procedimientos en proceso de resolución, la delegada de Semarnat en BCS, Cristina González Rubio Sanvicente ha recordado que estos casos se revisan en la sede federal y no en las oficinas locales.
Sin embargo, ha manifestado su apertura para escuchar las diversas manifestaciones, no sólo en torno a este proyecto sino a otros que están en evaluación y que, en la mayoría de los casos, se han enfrentado con rechazo de la ciudadanía.
CASTRO SE PRONUNCIA
Con respecto a las manifestaciones, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, insistió en que su postura está en no respaldar ningún proyecto si atenta directamente contra los ecosistemas y las comunidades.
No obstante, en esta ocasión omitió el dar una opinión directa sobre los proyectos de El Saltito, reconociendo que hasta el momento desconoce el plan maestro, por lo que prefiere no emitir una declaración sobre ellos todavía.
“Primero hay que conocer el proyecto, el Plan Maestro. Para esto la Semarnat lleva a cabo una serie de consultas públicas, como obligados cuando están este tipo de planteamientos. Yo voy a esperar primero a ver en qué consiste el Plan Maestro”, reiteró.
Asimismo, declaró que la decisión sobre las autorizaciones a nivel federal recae directo sobre la Semarnat, por lo que dice confiar en la labor que ha desempeñado la titular de la dependencia, Alicia Bárcena.
“Por supuesto, no pretendemos detener el desarrollo, pero sí el (daño) que cause y si se comprueba que causa daños al medio ambiente, yo no estoy de acuerdo. Se tiene que revisar bien el impacto que tendrá en el medio ambiente, qué es lo que va a tumbar o si van a reponer”, concluyó.
