Existen casos de despidos injustificados en la impunidad por más de 14 años; ante las malas experiencias en la institución procuradora de justicia laboral, ciudadanos recomiendan acercarse con asesores
Son miles las personas que han buscado acceso a la justicia laboral a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Baja California Sur, y que se han encontrado con camino pedregoso, lento e ineficiente, de acuerdo a testimonios recopilados por ZETA. Aunque un nuevo sistema que promete mejorar esta problemática está por arrancar en la entidad, para la ciudadanía, eso no justifica los años de atraso en la materia.
Alicia, una joven sudcaliforniana, comparte su historia reciente con esta institución que debería encargarse de garantizar justicia a quienes han sido víctimas de violencia laboral en cualquiera de sus modalidades. Ella comentó que en días pasados se vio en la necesidad de pedir asesorías y apoyo a elementos de esta instancia, ya que fue víctima de abusos y presiones para que firmara su renuncia en su sitio de trabajo.
“Me acerqué a solicitar orientación a Conciliación. Desde que entramos estaban la abogada y secretaria echando el chisme, me pregunta cuál es mi situación y le comento que en este caso tuve una discusión con mi jefe y yo no quería renunciar, pero terminé haciéndolo, y me da un formato”, dijo sobre el recibimiento en la instancia.
No obstante, lejos de encontrar alternativas legales que le beneficien, la ciudadana ni siquiera tuvo la oportunidad de explicar cuál fue la problemática que vivió en su centro laboral.
“La secretaria me dice que debo poner que yo renuncié. Al pasar con la abogada, no me deja explicar; de inmediato se pone a sacar cuentas sobre mi finiquito y me dice: ‘eso te corresponde, tú renunciaste; no hay nada que hacer, solo una queja’”, narró.
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Al recurrir al Departamento de Quejas de la institución, Alicia encontró una mejor asesoría; sin embargo, nuevamente todo se estancó por la abogada que la atendió al inicio, a quien identifica simplemente como “Jennifer”.
“Me atiende un abogado muy amable, al parecer de los que sí saben hacer su trabajo, y él me asesora. Me comenta que yo puedo demandar y meter una recesión laboral. Yo jamás había escuchado sobre eso, nos explica y nos manda de nuevo con la abogada. Cuando yo regreso y le comento, se comporta muy grosera y me dice que él sólo mal informa, que ya no puede hacer nada porque yo llené un formato mal y puse que había renunciado”, dijo.
Al final su caso no procedió. No recibió una atención adecuada ni información que le ayudara a tomar una decisión correcta para encontrar justicia laboral ante los abusos que sufrió en la empresa en la que laboró.
En estas circunstancias, los ciudadanos en muchas ocasiones se ven obligados a pagar asesorías particulares por la ineficiencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Alicia califica esta situación como un abuso total.
Existen otros casos de despidos injustificados que llevan más de 14 años sin una respuesta; en este escenario la promesa que trae consigo el nuevo sistema de justicia laboral sabe a poco para una ciudadanía que no es asesorada en el reconocimiento de sus derechos en sus centros laborales.
Hay 18 mil expedientes en rezago
Autoridades de la Secretaría del Trabajo del Estado de Baja California Sur, dieron a conocer que la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene un rezago de más de 18 mil expedientes de casos que no han resuelto en los cinco municipios de la entidad.
En su más reciente visita al estado, la titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que antes de octubre ya estarán operando los nuevos tribunales y centros de conciliación en Baja California Sur, tal y como lo indica la reforma laboral.
El 3 de octubre es la fecha límite para que el nuevo sistema de justicia laboral entre en operación, siendo Baja California Sur uno de las 11 entidades federativas que todavía no se integran a este nuevo esquema judicial.
Alcalde Luján enfatizó que, al igual que en el resto de la República Mexicana, el nuevo sistema de justicia laboral iniciará con carga cero en la media península. Solo los casos que se denuncien después de la apertura de los tribunales y centros se atenderán bajo el nuevo modelo que ordena la reforma.
En el caso de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado, estas cerrarán hasta que se resuelvan todos los expedientes que se hayan denunciado antes del arranque del nuevo sistema.
Hizo hincapié en que el nuevo sistema es fundamental y un compromiso internacional asumido por el Gobierno de México con Canadá y Estados Unidos en el T-MEC. La reforma obligará a avanzar en la distribución de la riqueza y los derechos laborales.
En este contexto, expuso que entre siete y ocho conflictos se resuelven en conciliación antes de llegar a tribunales. Únicamente aquellos que no encuentren una resolución pasarán ante los jueces de la materia.
“Se ha puesto las pilas durante los últimos meses para tener las salas de oralidad puestas. Ahora nada escrito, todo será por juicios orales donde los jueces escucharán a las partes. Esto llevará al cumplimiento de los derechos laborales, vivimos en un país donde se violan los derechos laborales todos los días. Necesitamos canales para resolver”, señaló.
Tras su inspección de los avances de las instalaciones del nuevo sistema, insistió en que la reforma laboral ayudará a resolver y agilizar los conflictos entre patrones y empleados. Aseguró que los juicios que antes tardaban hasta seis años, ahora tomarán seis meses.
Baja California Sur entrará en la tercera etapa de la reforma laboral en la República Mexicana. En este sentido, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez, aseguró que es posible que antes del 3 de octubre abran las instalaciones que se requieren para operar este esquema.
Anteriormente informó que en 2021 el Poder Judicial recibió 25 millones de pesos para iniciar con la implementación del nuevo sistema de justicia laboral; asimismo, detalló que requieren de otros 40 millones de pesos para cumplir con la operación de los seis tribunales.
