Abogados penalistas se manifestaron a las afueras de la peni para exigir se dejen de violentar los derechos humanos de los reclusos y de los abogados; hasta ahora han sido afectados 600 defensores privados
Abogados penalistas se manifestaron a las afueras del CERESO de Tijuana el miércoles 20 de julio para exigir al director del Centro de Detención Provisional de la ciudad fronteriza, Jesús Manuel Ruíz Dávalos, que se dejen de violentar los derechos humanos de los reclusos y de los abogados, pues denunciaron que se les ha reducido el tiempo para ingresar a las instalaciones de la penitenciaría y tener contacto con sus defendidos.
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“Los horarios que estaban establecidos eran de ocho de la mañana a seis de la tarde; actualmente nuestros horarios son de ocho de la mañana a mediodía, y de 1:30 a cuatro de la tarde. Y los sábados también se restringe el ingreso”, explicó Gabriel González Celestino, presidente del Gremio de Abogados Penalistas de México, delegación Baja California.
Otras de las medidas que les han impuesto han sido que el nombramiento oficial que firman los imputados a sus representantes para que estos los defiendan, debe estar autorizado por el tribunal; mientras tanto, defensor y cliente no pueden tener contacto, requisito que viola el debido proceso en favor de los representados.
“Hasta que no haya una autorización, el director [Jesús Manuel] no te deja ver al detenido y eso está mal porque uno necesita ver a su cliente, tener platicas con él, saber cuánto le vas a cobrar, cuál es la estrategia a seguir, y uno no puede mandar el nombramiento sin haber visto al cliente. Eso antes no se hacía, fue cuando él llegó a este penal”, señaló uno de los penalistas.
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Los abogados penalistas también acusan discriminación hacia el sector de defensoría privado, pues han visto que mientras a ellos solo los dejan ver a tres de sus clientes por día, a los abogados de oficio no se les imponen esta misma cantidad.
“A los abogados particulares nos permiten solo tres papeletas para pedir internos, cuando pasan los defensores públicos, ellos pueden pedir hasta 10, 15 o 20 internos”, acusó uno de los abogados manifestantes.
Según el abogado penalista Gabriel González, aunque estos requisitos fueron impuestos apenas el jueves 14 de julio, ya han sido afectados aproximadamente 600 defensores privados, y con ellos entre 15 y 20 representados a quienes defienden.
Y sentenciaron: “vamos a dar un plazo de 72 horas al director del penal; si no vemos cambios, vamos a exigir su renuncia inmediata y a proceder legalmente por abuso de autoridad”.
En respuesta a las problemáticas que manifestaron los abogados penalistas, la comisionada estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, comentó en entrevista a ZETA que ya revisó el tema con Jesús Manuel Ruíz y le instruyó que el horario actual se modifique para que inicie de ocho de la mañana a cinco de la tarde, de manera corrida, y que los abogados litigantes tengan acceso a sus clientes, con excepción de 12:00 a 1:30, que es cuando los privados de la libertad se alimentan.
En cuanto al requisito que impuso el director del penal sobre que también el juzgado les autorice la defensa de los representados, Andrade Ramírez dijo que el escrito pueden llevarlo directamente a donde los están designando, sin la necesidad de dicha aprobación.
Referente a la discriminación que los abogados privados señalaron en la cantidad de representados que les permiten ver al día en comparación con la permitida a los defensores de oficio, la comisionada explicó: “ese tema lo voy a revisar con los directivos de los centros; obviamente es mucho más la cantidad de PPL (personas privadas de la libertad) que son representadas por un defensor público”.
Por último, la comisionada se dijo abierta a tener una reunión con los penalistas en Tijuana para efecto de escuchar sus inquietudes y sugerencias.
