Un grupo de periodistas denunció el uso del ejercicio del poder para hostigar a través de instituciones y represalias
En Baja California Sur, el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe. Como hecho histórico, hay 15 medios de comunicación y periodistas demandados por diversos delitos que denunciaron servidores públicos.
Según los comunicadores, están siendo presionados por ejercer la libertad de expresión, que bajo el Artículo 6 de la Constitución dicta: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
Caso contrario, los afectados sostienen que se están utilizando tanto a las autoridades electorales como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.
“Tenemos el caso ahorita de quince compañeros que fueron demandados; en esta lista se encuentra un servidor, y de alguna manera están tratando, pues están en una situación de persecución por diferentes delitos. Lo que estamos haciendo es entregar este documento que firmó una comisión de reporteros, editores y directores de algunos medios para hacer el exhorto al Congreso”, explicó Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco, director de Metrópoli Mx.
Algunos de los periodistas y empresarios que figuran en las denuncias, son Lucio Chavira, Juan Carlos Méndez, Bertoldo Velazco, José Luis Puga, Fernando Valencia, Diego Soto, Gerardo Zúñiga, Alejandra Fernández, Erick Murillo, Perla Cota, Ángel Piedra e Issis García.
Recurrieron al Congreso de Baja California Sur, cuya mayoría es de Morena, para que, a través de los representantes populares, puedan atenderse cada uno de los 15 casos en particular y solicitar revisión.
El lunes 20 de junio entregaron a Oficialía de Partes del Poder Legislativo local un documento solicitando su intervención, sobre todo un pronunciamiento al respecto, ya que, a tres meses de las denuncias presentadas a los legisladores, ni uno solo ha tocado el tema.
Las solicitudes son:
– Expedir un extrañamiento por parte del Congreso del Estado de Baja California Sur al Instituto Nacional Electoral (INE), FGR y PGJE por el hostigamiento y persecución a compañeros del gremio periodístico.
– Crear una Comisión Especial Plural, con un legislador de cada partido político, la cual trabaje junto con una comisión de periodistas en la elaboración de un informe de todos los comunicadores hostigados y perseguidos, revisando caso por caso, y elaborar un plan de trabajo con un cronograma de actividades.
– Solicitar la separación del cargo de todos y cada uno de los servidores públicos que presentaron quejas y denuncias contra periodistas, para evitar que utilicen influencias y recursos públicos contra los comunicadores.
“Le vamos a dar lectura en solicitudes de particulares, estoy enterada del asunto y con mucho gusto la vamos a enviar a la comisión dictaminadora para que podamos proceder en ese sentido. Yo no tenía conocimiento de eso hasta hoy que registraron eso, supe que había denuncias en redes sociales y que había interpuesto algo una ciudadana, pero no sé del tema a fondo. No es estar de lado de alguien en especial, sea quien sea, es del lado de la justicia, de la Ley, agradecerles a ustedes el buen trabajo todos los días”, reconoció Gabriela Montoya, diputada por el Partido del Trabajo (PT).
El grupo de periodistas sudcalifornianos dijo a ZETA que algunos fueron denunciados por insultos, otros por violencia política en razón de género, incluso se les abrieron créditos fiscales para presionarlos, con requerimientos que consideran fuera de lugar.
Explican que está muy clara la mano de servidores públicos, principalmente el Estado y la Federación, y se denota con el avance tan apresurado de sus carpetas de investigación, dejando atrás casos que tienen mucho tiempo en pausa.
“Definitivamente se está utilizando el poder público para hostigar a los medios, para hostigar a compañeros que de alguna manera ejercen su derecho. Sí hay varios (servidores públicos) que han presentado denuncias, nada más que eso lo estamos trabajando ahorita, para precisamente presentar bien los casos, números de expediente y todo eso. Estamos organizándonos para ver denuncias, casos, nombres, para hacer el análisis con la comisión de los diputados e ir viendo caso por caso”, evidenció Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco, director de Metrópoli Mx.
Así, BCS podría ser el Estado piloto a nivel nacional en la creación de una reforma de Ley que permita modificar el Código Penal, donde se añadan penalidades de cárcel a aquellos servidores públicos que utilicen influencias, recursos públicos y demás para hostigar y amedrentar a periodistas.
“Están tratando de coartar a través de denuncias, nosotros ya hicimos una reunión varios compañeros y estamos convocando obviamente a más compañeros para analizar el tema, estamos elaborando, con asesoría del Comité Internacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, y nos están ayudando en estos temas para que presentemos una iniciativa de Ley para reformar el Código Penal, y que se considere como delito el que se presenta una denuncia contra un periodista por persecución o por hostigamiento”, detalló Zúñiga.
“SER PERIODISTA ES UN AGRAVANTE”: CASO ARLENE MORENO
“Sigo sorprendido que la autoridad declaró: ‘Ser periodista es un agravante’”, externó Diego Soto, director del medio digital Tres Seis Cinco, toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo declaró, junto con siete más entre medios, periodistas y personal administrativo, que nada tuvo que ver con las publicaciones como responsables de ejercer violencia política en razón de género.
El 2 de marzo del 2022, a casi un año de que se registraron los hechos constitutivos de delito, según la Sala Superior del TEPJF, Arlene Moreno Maciel demandó a ocho, entre medios de comunicación, periodistas, socios y personal administrativo por actos de violencia política en razón de género.
Supuestamente el Tribunal Electoral, los ocho señalados participaron, aunque al menos tres de los inculpados ni siquiera sabían de dichas publicaciones, ya que eran socios o aportaban en materia administrativa en los medios.
Arlene indicó que en abril de 2021 renunció a la candidatura plurinominal a diputada federal de la coalición Morena-PT, debido a que diversos medios habían “difundido publicaciones, imágenes y videos en un medio noticioso digital y en la red social Facebook”, los cuales a su concepto la sexualizan, denigran y violentan al descalificarla como candidata “por el hecho de ser mujer”, refiere parte de la denuncia interpuesta en el Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad de México.
Moreno Maciel expresó a través de sus redes sociales que dimitió a la candidatura debido a comentarios que la vulneraron.
Cuando las notas se hicieron públicas en 2021, en abril, días antes de que presentara su renuncia formal a la candidatura plurinominal, su madre y entonces candidata y diputada local, Mercedes Maciel Ortiz, declaró que su hija sólo ocupaba la candidatura de manera temporal, mientras alguien más ocupaba el puesto.
“Quiero aclararlo muy, muy, muy claro: le pedimos a mi hija que de manera temporal asumiera ese papel, mientras decidía la dirección nacional del partido, quién de las compañeras de la circunscripción lo asume. Es que es una cuestión de suma confianza, ya en un momento dado, después de que te registran, solamente con tu renuncia al partido te pueden quitar”, dijo Maciel Ortiz.
El 22 de abril, Arlene presentó su renuncia ante la autoridad electoral en Baja California Sur, allí se dirigió contra los medios que hicieron las publicaciones, los llamó pseudo medios de comunicación y que reciben cheques estratosféricos por publicar esas notas.
“Aquí la violencia política vino de alguien que no esperábamos, de los medios de comunicación, o de los pseudo medios de comunicación, ya que llamarlos medios de comunicación sería faltarle al respeto a todas las personas aquí presentes, que han estudiado y se han partido de sol a sol para sacar sus notas. Llamarle medios de comunicación a personas que se dedican a recibir cheques estratosféricos por partidos, por gobiernos, esos son los que nos tiraron, casualmente los medios de comunicación serios no lo hicieron, eso me hace pensar que sus notas fueron pagadas”, expresó la ex candidata plurinominal.
La autoridad emitió un fallo por los actos de violencia política en razón de género, se presentaron impugnaciones, pero la Sala Regional Especializada la determinó como existentes las infracciones a través de la resolución identificada con número SER-PSC-94-2022.
Los periodistas implicados solicitaron apoyo a organismos internacionales de medios, como Committee To Protect Journalists (CPJ) y miembros de Reporter Sans Frontières (RSF, Reporteros sin Fronteras) en Ciudad de México, allí denunciaron “la participación de altas esferas de gobierno detrás del caso”.
“Soy brava y el que me busca, me encuentra. Ya me cansé de que digan que otros hicieron MI TRABAJO! Me partí literalmente la madre 6 meses investigando, mandando oficios, gastando mi dinero en médicos, vuelos y muchas cosas más para que quieran venir a decir que una abogada del IEE hizo esa chamba. NEL COMPAS! Yo tengo mi propio dinero que me he ganado trabajando desde los 21 años como para que le den el mérito a otros. Si se sigue haciendo grilla voy a sacar todas las cucarachas que me encontré en la investigación, facturas, cheques y demás de casi todos. Y volveré a denunciar si vuelvo a ver en un medio que lucra mis fotos de H, ya que entiendan TIENEN DERECHOS DE AUTOR que para publicidad de la revista H son de ellos, para todo lo demás LOS DERECHOS SON MIOS! Los fans pueden subirlas, los AC o SA de CV NO”, externó Arlene Moreno Maciel en sus redes sociales.
Diego Soto, periodista y director del medio Tres Seis Cinco, dijo a ZETA que lamentablemente su ejercicio periodístico pesó ante diferentes actores políticos incluso del propio gobernador, que en reiteradas ocasiones urgió a que apresuraran los casos por violencia política de género.
Es por ello que para el periodista sudcaliforniano hubo presión, no social, sino institucional para actuar sobre algunos casos, y no los rezagados.
“Me queda claro que, en mi caso, al viciarse, se exhibió la intervención de actores políticos que están incómodos por mi ejercicio. Prueba de ello es que en mi Estado existen más quejas por violencia política en razón de género, pero no han sido atendidas. ¿Por qué? Peor aún, existen homicidios y mujeres desaparecidas que no se van a resolver por una simple y sencilla razón: no tienen un grupo político de respaldo”, lamentó Soto.
Los comunicadores deberán subir una disculpa pública y tomar cursos sobre razón de género. Sin embargo, su mayor preocupación es que se ha ejercido presión para que ahora la Fiscalía General de la República apresure el caso y sean enviados a la cárcel, sin siquiera darles la oportunidad de defenderse. En el caso electoral fueron desechadas las pruebas, se actuó a doctrina.
“En mi caso no se aportaron las pruebas, fue un tema legal en el cual no me permitieron defenderme. A partir de este caso se deja un precedente, se otorga un poder que les brinda un fuero constitucional para no cuestionar por ningún motivo su ejercicio. Esto es un arma administrativa, penal y mecanismo de censura muy poderoso. Al denunciarse -violencia política en razón de género-, se resolverá con doctrinas y no con leyes, por qué así ocurrió. Esta arma se ubica por encima de toda Ley escrita en el país. ¿Dónde está la igualdad de género? La justicia debe aplicarse por igual, sin inclinarse a un género”, explicó Diego Soto.
REPRESALIAS POR PUBLICAR
Todo parece indicar que en BCS se ejerce el acoso judicial a periodistas, sobre todo contra toda voz crítica del gobierno de la Cuarta Transformación. Los comunicadores afectados sostienen que políticos en el poder están utilizando el aparato gubernamental para hostigarlos, a través de la autoridad electoral y penal.
Uno de los casos polémicos en los que Soto participó activamente en la investigación, fue en los millonarios contratos que el Instituto Estatal Electoral (IEE) entregó a uno de los colaboradores de la campaña a gobernador de Víctor Castro Cosío.
La empresa del colaborador de Morena estaría encargada de recabar e inyectar los resultados preliminares de la votación del 6 de junio de 2021, aun así, el IEE defendió que no había conflicto de intereses.
“Algunos de los temas que publiqué fueron polémicos, por exhibir situaciones que no estaban bien. Un claro ejemplo fueron los contratos asignados a la empresa Baja Interactiva para el servicio y software del Programa de Resultados Preliminares, uno de los socios de dicha empresa era uno de los colaboradores del entonces candidato Víctor Manuel Castro Cosío, claro que había conflicto de intereses, su empresa iba a manejar todos los datos de la elección en la máxima institución electoral de Baja California Sur. No sólo quedó en duda la legitimidad de la elección, se canceló el último de tres contratos con el IEE”, manifestó el director de Tres Seis Cinco.
Sin duda la investigación generó pérdidas millonarias al colaborador de Castro que ahora ocupa la Subsecretaría de Economía, pero hay más aludidos en los reportajes e investigaciones: el actual secretario general de Gobierno, Hugo Davis Castro, operó la aplicación Komuna, a través de la cual invitaban a seguir a los candidatos de Morena, reaccionar a sus publicaciones y enviar evidencia a cambio de incentivos.
“En los eventos, al final invitaba a los seguidores de Morena a dar seguimiento y participar activamente en las redes sociales, a cambio les daban vales de gasolina, de despensa, bonos para Netflix y otros premios digitales. Sin duda todo eso generó ruido y nos puso en la mira de los encargados de las instituciones públicas, pues en su momento fue considerado delito electoral y sacaron rápidamente de funcionamiento la app”, reveló el comunicador.
Las represalias llegaron antes de las denuncias por violencia política de género (donde sus publicaciones fueron analizadas por especialistas y no vulneran derechos), mágicamente, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) le abrieron créditos fiscales en contra de sus familiares.
Al solicitar una revisión, dieron cuenta que el procedimiento estaba mal hecho, “como si alguien quisiera dañar”, fue la respuesta que recibió, pero acompañada de una advertencia que harían de nuevo.
“De hace un tiempo para acá, y tú lo has vivido, comencé a ver que los nuevos servidores públicos del gobierno emanado de Morena, han sido agresivos, violentos y utilizan su poder como medida de represalia, no sólo contra periodistas, contra la gente que se les acerca a exigir justicia. He aplicado autocensura, por ejemplo, en enero de 2020 un funcionario de gobierno solicitó una auditoría al negocio de mi familia, le abrieron un crédito fiscal a mi mamá. Esto está documentado, sin embargo, no puedo precisar del tema porque me han advertido que lo harán de nuevo”, finalizó Soto, quien dirige el medio Tres Seis Cinco.
