Elba Cornejo propone acabar con niños que piden dinero en la calle, negándoles “la dádiva” y una campaña para determinar si acompañantes son padres o red de explotación
Operativos para determinar si las personas que piden dinero en la calle son realmente los padres de los menores y una campaña de “no dádivas”, son parte de las acciones que el Sistema DIF, tanto Estatal como Municipal, emprendieron para combatir -según ellos- la explotación laboral infantil en Mexicali.
Mediante dos declaraciones realizadas el martes 31 de mayo, las representantes de los sistemas DIF, Mavis Olmeda García y Elba Cornejo -Estatal y Municipal, respectivamente-, indicaron que mantienen una intensa campaña para acabar con lo que consideran un mal de la sociedad.
Si bien, se debe reconocer que existen redes de explotación en las que infantes son obligados a pedir dinero, la realidad es que la campaña de Cornejo y Olmeda es generalizada y básicamente reducen a la interpretación de los propios trabajadores de DIF, quienes prácticamente han criminalizado la pobreza.
En otras palabras, realizarán patrullajes -como si DIF tuviera facultades para hacerlo- en las calles, y de encontrar a un menor pidiendo dinero, lo detendrán y turnarán al DIF -como ya lo hicieron-, y si sus padres no pueden demostrar su tutoría, serán retirados del seno familiar.
Tanto Cornejo como Olmeda, olvidan por completo que existe una sociedad decadente y pobre en un municipio como Mexicali, donde muchas familias migrantes llegan para refugiarse, debido a que son desplazados por la violencia e incluso existen comunidades indígenas que tratan de salir adelante.
Ambas funcionarias presumen que recuperaron a varios menores cuyos padres no tenían manera de demostrar su tutoría en ese momento, y tras confirmar que eran propios, se les impuso una multa a cambio de entregarlos. Es decir, muchas personas en condición de pobreza que muchas veces no cuentan ni con sus documentos oficiales, se verán amenazadas por el acoso de DIF Estatal, quienes en lugar de dar parte a la Fiscalía General del Estado -si es que realmente se trata de un tema de explotación infantil, lo cual es un delito- prefieren ser juez y parte, y multar abiertamente a quien no pueda demostrar su paternidad o maternidad.
Lo peor es que Olmeda reconoció que no había indicios de maltrato en ellos, es decir, estaban bajo cuidados.
Evidentemente, esto no ocurrirá -de ninguna manera- para personas con apariencia o condición económica favorable, como si las personas favorecidas no pudieran llevar a cabo procesos de explotación infantil. En este caso, DIF determina quiénes son los responsables y los sanciona sin tener un cierto grado de prevención o política pública para realmente combatir el problema.
Sin duda la explotación infantil debe sancionarse, además de trabajar para que los niños realmente tengan mejores oportunidades y cumplan con su obligación -y derecho- a estudiar, claro, pero no mediante prácticas racistas y discriminatorias, donde parten desde la concepción en que las personas que piden dinero son delincuentes, cuando muchos de ellos realmente tienen una necesidad para salir adelante ese día.
La explotación infantil y la precarización deben aplastarse mediante una política pública seria, que brinde oportunidades a las personas para salir adelante, donde varias instituciones faciliten la integración a la sociedad, no a través de una lógica que parece extraída de la película “Un Mundo Maravilloso” de Luis Estrada, donde establecen que es más fácil acabar con los pobres que con la pobreza.
Increíblemente, Morena se ha identificado como un partido de “izquierda”, pero indudablemente, las prácticas emprendidas por Elba Cornejo y Mavis Olmeda surgen desde la derecha más agresiva, conservadora y privilegiada, donde no se observan las desigualdades de las personas.
